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Una nueva alternativa para México

José Antonio Del Risco, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho El 08 de noviembre pasado fue presentada una iniciativa en el Congreso mexicano que pretende regular el uso y la comercialización del cannabis. Con esta propuesta, nos encontramos ante la posibilidad de que la marihuana pueda legalizarse en los próximos meses, debido a que el Grupo Parlamentario Morena y sus aliados son mayoría en las dos cámaras que conforman el Congreso. Sin embargo, todavía se prevé abrir debates para escuchar la opinión de expertos en el tema. Más allá de que el denominado “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y control del

Modificaciones en los plazos para la ejecución de proyectos de generación con energías renovables

Mayra Aguirre, abogada por la PUCP y asociada de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”) efectuó dos pre-publicaciones de proyectos de norma a efectos de proponer la modificación de dos (2) aspectos de relevancia para el desarrollo del mercado de energías renovables en el Perú. Una de las pre-publicaciones contiene el proyecto de norma que busca modificar el Reglamento de Generación con Energías Renovables a efectos de permitir la ampliación de los plazos para la fecha de puesta en operación comercial de los proyectos de generación con recursos energéticos renovables (“RER”) que tienen Contratos de Concesión de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables (“Contratos de Suministro”). El proyecto de norma

Las diligencias preliminares en el proceso penal contra organizaciones criminales

Flavio Puchuri Torres, alumno de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú [1] Introducción El crimen organizado adquiere cada vez más presencia en Latinoamérica y el Perú no es ajeno a su expansión. Las estructuras criminales no solo operan al margen de la sociedad, como puede ser en las economías ilícitas, sino que buscan legitimarse financiando campañas electorales o accediendo a puestos públicos como alcaldes o gobernadores regionales y demás puestos de elección popular y/o del sector público. Buscan cooptar estos espacios para garantizarse impunidad y protección frente a eventuales investigaciones. Ante esto, la sociedad reacciona, desde una óptica del derecho penal del enemigo como señalan algunos autores[2], y establece un régimen especial contra el

El trámite de la ley Fujimori y el control constitucional

Raúl Gutiérrez Canales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú [1] La reciente aprobación del proyecto de ley 3533/2018-CR, que establece la ejecución humanitaria de la pena, aprobada por el Congreso sin dictamen y con autógrafa remitida al Poder Ejecutivo tres días después de ser presentada, no solo refleja la posibilidad de tramitación de iniciativas con celeridad excepcional sino, sobre todo, advierte una peligrosa actuación contraria a la finalidad de la limitación del poder que es indispensable en todo régimen constitucional. La excepción de la ley especial En efecto, la propuesta que, entre otros aspectos, permite que los adultos mayores varones de 78 años de edad o más, que hayan cumplido un tercio de su pena, puedan cumplir la respectiva

“Desde las sombras”: a propósito del caso de Keiko Fujimori y la autoría mediata por dominio de organización

Yhasira Fabián, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho. Este pasado 31 de octubre, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Uno de los puntos más centrales que sustenta la decisión del juez es la construcción de la autoría mediata por dominio de organización, teoría desarrollada por Claus Roxin, que permite sancionar crímenes cometidos desde aparatos organizados de poder. Curiosamente, el 7 de abril del 2009, en una sentencia histórica sin precedentes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó a Alberto Fujimori