#Administrativo En la presente infografía, EnfoqueDerecho.com señala las principales diferencias entre un acto administrativo y un reglamento, manifestaciones de distintas potestades de la Administración. ¡No te lo pierdas!
Por Rita Sabroso. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Observatorio Inmobiliario Mercantil. Profesora de Derecho Civil en la PUCP. Árbitro en el RNA-OSCE, CCL, CARC-PUCP y Registro Nacional de Negociaciones Colectivas del MTPE (sector privado). Hace unos días se pre publicó el proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público,[1] una norma que comparada con la Ley de Contrataciones del Estado[2] da la impresión de ser más concisa. Como se desprende de la Exposición de Motivos, con este Proyecto se buscaría un “marco normativo orientado a regular la cadena de abastecimiento público considerándolo como un todo” de forma más ágil y útil. De esta manera, tendríamos un sistema articulado con el Decreto Legislativo N°
Antonio Edilberto Luyo Soria. Alumno de décimo ciclo de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A pocos meses de que el Perú cumpla 200 años de independencia aún se generan políticas que perpetúan mafias, brechas sociales e informalidad. Se ha aprobado en el Congreso de la República el dictamen que propone una ley, la cual posee como principal regulación el extender el plazo para la formalización de las posesiones informales hasta el 31 de diciembre del 2015. Todo esto es producto de varios proyectos de ley presentados por congresistas de diferentes bancadas. No hay que ignorar que el derecho y la política no están alejados de la realidad, por ello, se tiene que analizar el
Por Vicente Villalobos Villalobos, bachiller de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC) de la misma casa de estudios. Practicante pre profesional de la Zona Registral N° IX-Sede Lima. Presentación del caso Una de las ramas del derecho relativamente novedosas –en comparación con las de origen en el derecho romano– son el derecho de la libre competencia y del consumidor, que progresivamente se están posicionando en el derecho peruano desde la creación del Indecopi en 1992 mediante el Decreto Ley 25868, como organismo público autónomo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, competente para aplicar la legislación destinada a proteger la eficiencia del mercado, la
Por Arturo Ruiz Sánchez, asociado del Área Administrativa de Rubio Leguía Normand “La noción de «clima de inversión» de una economía implica la generación de un ambiente que incentive el desarrollo de todo tipo de negocios, condición necesaria para generar mayor actividad, mayor empleo y, finalmente, un incremento en los ingresos y en la calidad de vida de los habitantes de un país. El clima de inversión es vital para decisiones de apertura de negocios, de ubicación de centros de producción, para evaluar la expansión de la actividad productiva, de generación de puestos de trabajo y, en general, cuanto proyecto empresarial evalúe el sector privado.”[1] La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el “Caso de la ley que suspende
Por Renzo López Franco, asociado del área Inmobiliaria y Saneamiento de Tierras de Rubio, Leguía, Normand & Asociados Ya en un artículo anterior[1] hemos analizado la relevancia de las Opiniones Vinculantes (en adelante, las “OV”) emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS), referidas específicamente al tema habilitaciones urbanas y edificaciones. Al respecto, concluimos que son una herramienta muy útil para los agentes involucrados en los procedimientos vinculados al sector, ya que podrán participar activamente a través de la presentación de consultas que deberán ser absueltas por la autoridad competente. En el mismo artículo se mencionó que las OV podrían vulnerar la autonomía y competencia municipal en materia urbanística, sobre lo cual anticipamos que a nuestro
Por Sheyla Llacza Romero, asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand & Asociados, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, con estudios en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la referida universidad, actual candidata a la Maestría en Derecho de los Sectores Regulados en la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN, y actual integrante del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Civil Derecho & Sociedad. En el mensaje a la nación de 28 de julio del presente año, el presidente Martín Vizcarra anunció dos temas que son relevantes para continuar trabajando en la movilidad urbana sostenible
Por Cyndel Caballero, asociada en Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y especializada en temas de medio ambiente Como se ha explicado en anteriores artículos, el Decreto Legislativo Nº 1500 (el “DL 1500”) aprobó distintas medidas dirigidas a, entre otros, reactivar los proyectos de inversión pública, privada y público privada, en el marco del Estado de Emergencia declarado por el COVID-19. Precisamente, y considerando las exigencias del DL 1500, en estas últimas semanas el OEFA emitió resoluciones dirigidas a regular el aplazamiento en el pago de las multas, así como el reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos a razón de la declaración del Estado de Emergencia; en específico, los plazos de los procedimientos administrativos sancionadores (los “PAS”). En este artículo
Por Milagros Mendoza Alegre, asociada principal del Área Administrativa y Regulatoria de Rubio, Leguía & Normand [1] El COVID-19, así como las medidas de prevención y control que vienen siendo adoptadas por el Gobierno con la finalidad de mitigar su contagio, han tenido, tienen y tendrán efectos significativos sobre las personas y empresas. Esto sin duda implica que los años venideros serán retadores para todos, tanto a nivel interno como mundial. Así, las empresas – independientemente de su tamaño, giro, experiencia y espaldas financieras – se han visto obligadas a reevaluar sus gastos, costos, ingresos, puestos de trabajo, proyectos y la continuidad o cambio de sus actividades económicas. En este contexto, uno de los temas a considerar por parte de
Entrevista realizada a Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios En esta oportunidad, Kathia Martínez, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversó con Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, acerca de las multas como forma de sanción tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador. HR: Agradezco muy especialmente la invitación que me hace Enfoque Derecho para contestar a sus interrogantes sobre un tema que me apasiona. Debo advertir que el desarrollo de cada pregunta puede resultar muy complejo y, por ello, me voy a limitar a responder
