Administrativo

Por: Sebastián Soltau Salazar Estudiante de Derecho de la PUCP. Ex-Director de la Comisión de Desarrollo Social de THEMIS.   El problema Hace poco menos de dos meses, Alan García anunciaba que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010 contemplaría un aumento de los salarios del personal militar y policial. Dicho anuncio motivaría diversas reacciones. Por un lado, elogios de aquellos que entienden que muchas de las falencias de las instituciones militar y policial se relacionan a los bajos ingresos de sus miembros (por ejemplo, la corrupción) y, por otro, cuestionamientos de aquellos que, como la ministra Aráoz, se hicieron la siguiente pregunta: ¿de dónde sacamos los recursos para hacer efectivos estos aumentos? En las últimas semanas, la polémica se

Hace unos días estaba revisando el diario El Comercio y me crucé con una noticia que no pudo dejar de interesarme: entre enero y junio de este año la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (DIROVE) ha sido capaz, mediante la interceptación y desarticulación de bandas organizadas de asaltantes, de recuperar el 72% del total de vehículos que habían sido robados en ese lapso de tiempo[1]. Creo que todos hemos escuchado alguna vez que alguien cercano ha sido víctima de estas bandas de asaltantes o, peor aun, nosotros mismos hemos sido las víctimas, en el mejor de los casos, del robo de un simple espejo y, en el peor, de todo el carro. En el

Ha sido un acierto que el Pleno del Congreso aprobara el 22 de junio pasado, por unanimidad, el Proyecto de Ley N° 1983-2007-PE, y que poco después (17 de julio) el Presidente promulgara la Ley Nº 29561 que establece la continuidad en la cobertura de preexistencias de la  capa compleja en el Plan de Salud  de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), resolviéndose el problema de exclusión en la atención de los trabajadores que sufren de enfermedades y, al cambiar de empleo, sus EPS’s no cubren los tratamientos. Sin embargo, no hay explicación a por qué el texto sólo comprende a las EPS’s y no incluye a las compañías de seguros y las pólizas de seguro médico. Actualmente, las aseguradoras

Flora Tristán me cae pésimo. No estoy peregrinando, y espero no ser un paria. Es solo que el título que propongo –disculpará usted estimado lector- me pareció óptimo como para una nota de domingo. Muchas veces el Estado utiliza a la ley como un instrumento para buscar regular las conductas de los ciudadanos que lo integran. A más problemas, más leyes. Si la ley no resuelve el problema para el cuál fue concebida; otra ley. Una ley que subsane a la anterior. En algún momento alguien celebró un matrimonio conceptual entre la idea de existencia de un problema en la sociedad, y la necesidad de una medida de restricción de la libertad (llámese también ley) para resolverlo: error. El problema

Autores: Gino Costa Santolalla Presidente de Ciudad Nuestra y ex Ministro del Interior Carlos Romero Rivera Investigador en seguridad ciudadana de Ciudad Nuestra La Constitución de 1993 estableció que la seguridad ciudadana es un servicio municipal, que se brinda con la cooperación de la Policía. Su artículo 195 inicial estableció que «La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana». Esta es la primera y única mención a la seguridad ciudadana en la historia constitucional. Nueve años después, este artículo fue modificado por Ley 27680, que hace más explícitas las atribuciones de los municipios en seguridad. El nuevo artículo 197, que reemplazó al 195 inicial, dice que las municipalidades «[…] brindan servicio