Ambiental

Las barreras de entrada al mercado como desincentivo para la generación eléctrica con energías renovables

Por Flavia Scaramutti Rodriguez, egresada de la Facultad de Derecho de la PUCP, y Sebastián Velarde Ferreyros, ex miembro del Consejo Directivo de Themis y egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP I. INTRODUCCIÓN El objetivo del presente ensayo es complementar dos áreas de derecho en el ámbito nacional, el derecho ambiental y el derecho de la energía. Para ello, se analizará el marco regulatorio de las energías renovables. Específicamente, qué son las energías renovables, cuáles son sus beneficios y qué medidas ha adoptado el Estado para su fomento para determinar si se han logrado combatir las barreras de acceso a dicho mercado y si es que se está cumpliendo el objetivo de obtener una matriz energética más

La importancia de la prueba en el delito de actos de crueldad contra animales de compañía, a propósito de la primera sentencia de Lima

Por Beatriz Franciskovic Ingunza, profesora de la Universidad Científica del Sur. Desde el 9 de enero del año 2016 entró en vigencia la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal. Esta ley modificó el artículo 36 del Código Penal estableciendo como una nueva causal de inhabilitación la incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales, así como incorporó el apartado A al artículo 206 del Código Penal estableciendo como delito el abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Al margen de comentar el contenido de la presente sentencia [1] y de la importancia de la prueba en estos delitos, de manera general, se precisará algunas observaciones del presente tipo penal: i) el delito se encuentra tipificado

Derechos ambientales en debate. Los alcances del Acuerdo de Escazú a la luz de la regulación nacional

Por Milagros Mutsios y Camila Masini, asociadas del Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, especialistas en derecho minero y del medio ambiente, y ex miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho En setiembre de 2018, Perú formó parte del grupo de países que firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Para que éste entre en vigor, se requiere que sean 11 países los que ratifiquen el Acuerdo. A la fecha, 9 Estados lo han ratificado. Perú sería el décimo, en caso el Congreso de la República lo decida así. Mucho se viene comentando

La importancia de la incorporación de las obligaciones ambientales al compliance para cooperar con el cumplimiento de las NDC en el Perú

Andrea Morón Vera Portocarrero, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur El 2020 es un año importante y estratégico que persigue alcanzar los objetivos propuesto en el Acuerdo de París. En este escenario, los países tienen el compromiso de enfrentar el cambio climático, fijándose metas para la adaptación y mitigación de este problema global, las cuales deben estar establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC[1], por sus siglas en inglés). Las NDC son una razón más para desarrollar nuevos instrumentos con el fin de que se cumpla cabalmente las obligaciones ambientales de las personas jurídicas. Entre tales instrumentos destacan aquellos de naturaleza preventiva, es decir, los destinados a evitar un daño o

La defensa de la justicia (ambiental) frente a las falacias

Por Diego San Martín Villaverde, profesor de Derecho de la Universidad Científica del Sur La carrera de Derecho es una elección motivada por un sinnúmero de decisiones, sobre todo, pero no exclusivamente, en la época de la adolescencia. Siempre estará el clásico “no me gustan las matemáticas, entonces voy a letras” o me gustan las series televisivas sobre casos sin resolver y de tribunales, etc. Pero luego, de corte sumamente romántico, está la decisión de buscar y encontrar justicia. Para esto último ciertamente requerimos herramientas, conocimientos, experiencia y formación. Bueno, también hay que ser creativos y críticos. La justicia es un término profundo, pero el sentimiento de conseguirla a través de la argumentación es un producto del aprendizaje y de

Cuestionamientos en torno a la regulación del plástico en Perú, el daño ambiental y la responsabilidad

Diego San Martín Villaverde, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Científica del Sur. Durante el 2018 y 2019, el Gobierno difundió ampliamente la regulación (¿restricción?) del plástico de un solo uso en nuestro país. Fue materia de orgullo sustancial por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM), incluso la entonces ministra Lucía Ruiz, en el marco de las actividades de la Cumbre sobre Acción Climática 2019- que se realizó en Nueva York (Estados Unidos)- manifestó el compromiso del Perú entorno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lo que citó la regulación sobre el plástico en Perú, vale decir, la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, Ley N°

El sur también existe

Por Richard Inurritegui, consultor del área de pesquero de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados “El sur también existe” dice una canción de Joan Manuel Serrat, cuya letra proviene de un poema de Mario Benedetti. Si bien la letra aludía a enfatizar las desigualdades económicas, políticas y sociales que existen entre dos “mundos” (el norte y el sur), el título nos sirve como metáfora para visibilizar una realidad desfavorable en el sector pesquero en la zona sur del país. Nos referimos a la política regulatoria y las consecuencias de ella en la pesca industrial de anchoveta para consumo humano indirecto (industria de harina y aceite de pescado o como más apropiadamente se llama ahora, “industria de ingredientes marinos”). Para entender el

Normas ambientales en medio de la pandemia segunda parte: La participación ciudadana y la nueva normalidad

Por Jenny Caldas, socia del Área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Al inicio del Estado de Emergencia Nacional (EEN) muchas empresas se encontraban elaborando sus instrumentos de gestión ambiental (entiéndase EIA, Modificación de EIA o MEIA, ITS, etc) o ya los habían presentado para ser evaluados por la autoridad competente. Tanto en la etapa de elaboración de estos instrumentos, como en la etapa de aprobación, requieren de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que hayan sido propuestos por el titular del proyecto en el Plan de Participación Ciudadana (PPC), el mismo que ha recibido la aprobación de la autoridad competente. Gran parte de las modalidades de participación ciudadana se realizan mediante

Pueblos indígenas le ganan batalla a gobierno en defensa de sus territorios indígenas

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. Tras 5 años de permanecer el expediente en el Tribunal Constitucional, este finalmente se pronunció y emitió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones indígenas nacionales– con el apoyo del movimiento de derechos humanos agrupados en torno a la CNDDHH IDL- en las que se cuestionaba diversos artículos de la Ley 30230, más conocida como el paquetazo normativo contra el medio ambiente y los pueblos indígenas (STC N° 00012-2015-PI). Esta demanda fue presentada contra esta ley, por debilitar la institucionalidad estatal en materia ambiental, y por afectar el derecho

Normas ambientales en medio de la pandemia. Más confusión que claridad, el Decreto Legislativo N°1500

Por Jenny Caldas, socia del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Con fecha 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1500 (DL N°1500), que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-19. El DL N°1500 tiene por objeto establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales. El artículo 2º establece el ámbito de aplicación de la norma: “Artículo 2. Ámbito de aplicación El presente Decreto Legislativo