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Aproximaciones al seguro de desempleo como medida social y reactivadora ante los efectos de la pandemia

Por Trinidad Castro, estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y actual Directora de la Comisión de Investigación Académica y Talleres del GEOSE. El mercado laboral peruano fue uno de los más afectados por las restricciones para contener los contagios de la COVID-19 en Latinoamérica. De manera que, durante el segundo trimestre de 2020, la población ocupada se redujo hasta en un 32.7% en comparación al mismo periodo en el año anterior[1]. Respecto al 2021, si bien la producción aumentó, la población con empleo adecuado disminuyó en un 11.1% y, con ello, un millón de trabajadores se sumó a la gran cantidad de personas que no cuentan con ingresos superiores al mínimo referencial y laboran más tiempo del límite legal[2].

“Emprende SACS”: Una propuesta para formalizar a los emprendedores peruanos

Por Mariano Peró. Abogado por la PUCP, Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado del Miranda & Amado Abogados. El 26 de agosto, en su presentación ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció la creación de “Emprende SACS”, un servicio de asistencia para la constitución de empresas. Al respecto, señaló lo siguiente: “Impulsaremos que los micro y medianos emprendedores gocen de los beneficios de la formalidad. El apoyo de nuestra gestión a la formalización de nuestras peruanas y peruanos emprendedores nos exige un compromiso inédito en contra de las barreras económicas, burocráticas que desincentivan su crecimiento y dificultan la inserción al mercado

¿Se puede levantar la confidencialidad del arbitraje en los procedimientos trilaterales? [Parte 2]

Por José Antonio del Risco, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y practicante pre profesional en Santiváñez Abogados 1. Recapitulando… Tanto en el OSIPTEL como en el OSINERGMIN se presentan casos en los que, si bien existe un procedimiento trilateral pendiente entre dos empresas, derivado de un contrato bilateral, paralelamente, también se está llevando a cabo un arbitraje en el cual se discute la interpretación o ejecución del mismo contrato. Ejemplifiquemos este caso con el siguiente gráfico: Frente a este tipo de situaciones, surge la necesidad de delimitar cuáles son las competencias del tribunal arbitral y del órgano resolutivo del Organismo Regulador. Ello implica realizar un análisis de las materias en controversia, de tal forma que aquellas

La confusión jurídica (y general) de la llamada “Rentabilidad Social”

Por Diego San Martín Villaverde, Doctor en Derecho por la Universidad de Jaén (España). Director del Departamento Académico de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Introducción Considero que es prudente siempre esperar y ser paciente para comentar objetiva y, en este caso, jurídicamente, nociones y precisiones sobre un tema nuevo abordado por un Gobierno de turno. La creatividad sobre las mismas o intenciones son costumbre en estos escenarios, pero llama la atención el uso de figuras con un aparente contenido jurídico frente a actividades realizadas en nuestro país. Sin duda, como bien sostuve, la paciencia es oportuna para denotar si las expresiones utilizadas serán desarrolladas y explicadas en el marco del ordenamiento jurídico. Me refiero, concretamente,

Autoridades sin perspectiva de género: las reacciones a la denuncia de la congresista Chirinos

Por Norma Ortega Valdivia, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con Diploma en Gestión Pública en la PUCP y especialización en Perspectiva de Género en la Universidad de Castilla -La Mancha, España. Cofundadora de la asociación civil Kumpay – Acción por los derechos humanos. La discriminación estructural hacia las mujeres es un problema público reconocido en la Política Nacional de Igualdad de Género [1] que se traduce en distintos tipos de violencia. Este problema, pese a los compromisos asumidos por el Estado peruano y las leyes aprobadas, no es ajeno a nuestra clase política.  Esta realidad se ha evidenciado recientemente con las reacciones alrededor de la denuncia realizada por la congresista Patricia Chirinos en contra del

Participación en el Incremento de Valor en la Ley 31313

Karen Mercedes Sotomayor Vargas, abogada por la PUCP, especialista en Derecho Tributario y José Carlos Fernández Salas, abogado por la misma casa de estudios, especialista en Derecho Civil y Derecho Urbanístico. Introducción El domingo 25 de julio de este año 2021 se publicó la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta norma establece una serie de novedades para mejorar la gestión de las ciudades como la introducción del derecho a la ciudad, la reformulación de la definición de vivienda de interés social, la introducción del fideicomiso comunitario de tierras, la eliminación de los cambios específicos de zonificación, etc. Son alrededor de 30 innovaciones importantes que trae esta ley, además de una sección más conceptual y de principios. Sin embargo,

Notas sobre el acuerdo del Tribunal Constitucional de agosto de 2021 sobre el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional

Por  Jonatan Marcés Everness, abogado por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional. El año 2014, el Tribunal Constitucional creó vía precedente las sentencias interlocutorias denegatorias.[1] Más allá de que estas resoluciones son cuestionables por su nombre (no son ni sentencias ni son resoluciones interlocutorias), la forma en las que se crearon (el uso del precedente es incorrecto), su contenido (son una figura de dudosa legitimidad constitucional y convencional) y su utilidad (no es claro que hayan contribuido sustancialmente a optimizar la labor del Tribunal Constitucional), lo cierto es que desde su creación la mayor producción del Tribunal Constitucional se concentra en estas resoluciones.[2] Esto gatilló un cambio en el recientemente aprobado Nuevo Código Procesal Constitucional sobre el que el

Proyectos de APP resilientes y sustentables

Por Carlos Tapia Benavente, abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, maestrando en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacifico, líder del equipo de APPs y Obras por Impuestos y abogado principal de Navarro Sologuren Paredes Gray Abogados – NPG. Somos resilientes, seámoslo siempre. Se dice que los peruanos hemos soportado muchas crisis en los últimos años y que a pesar de ello seguimos empujando el país para el crecimiento de nuestras familias. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para superar circunstancias negativas u obstáculos en nuestras vidas. Todos sin excepción hemos o vamos a vivir una experiencia difícil por superar. La resiliencia es una característica que muy pocas personas