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“La inscripción de las Asambleas Virtuales”

Por Mg. Gilberto Mendoza del Maestro, profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la PUCP y coordinador del Observatorio Inmobiliario Mercantil – OIM, y Vincenzo Pareja Grippa, investigador miembro del Observatorio Inmobiliario Mercantil – OIM. Introducción. 1. Alcances del decreto de urgencia 100-2020 2. ¿Cuáles han sido los pronunciamientos del Tribunal Registral? 3. Asambleas presenciales y virtuales Introducción Hace un poco más de un año (11.3.2020) se publicó el Decreto Supremo 008-2020-SA el cual en su artículo 1, dispuso declarar en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario. A esto se sumó lo regulado en el D.S N° 044-2020-PCM el cual estableció una inamovilidad que fue ampliada mediante sucesivos Decretos Supremos. Las personas

Enfoque Penal | Principios del Derecho Penal

– Derecho Penal – ¿Qué principios que limitan y legitiman el Derecho Penal? En el presente video, Enfoque Penal presenta los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. ¿Conocías el contenido de estos principios?

Cuando una interpretación genera más dudas que respuestas: a propósito de la resolución del tribunal fiscal sobre rentas obtenidas por asociados en contratos de asociación en participación

Por Eduardo Pedroza, asociado de Miranda & Amado El pasado viernes 2 de abril se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02398-11-2021 (la “RTF”) que ha establecido un criterio de observancia obligatoria bastante polémico sobre el tratamiento tributario de las rentas obtenidas por un asociado en un Contrato de Asociación en Participación (“Contrato AP”). Si bien esto zanja, al menos en sede administrativa[1], una larga discusión sobre el tratamiento tributario que debía corresponder a las rentas en cuestión, es importante notar que la polémica generada se encuentra debidamente justificada no solo por una cuestionable motivación, sino también por dejar ciertos vacíos y cuestionamientos que no han sido resueltos por el Tribunal Fiscal. Estos

Mirando más allá de lo evidente: Que no nos sorprenda el convenio arbitral [Episodio I]

Por Emily Horna Rodriguez, Jefa del Área de Litigios & Arbitrajes de Santiváñez Abogados Una de las reglas básicas antes de iniciar un arbitraje es revisar lo que dice el convenio arbitral. No obstante, en la práctica, al revisar tantos convenios arbitrales uno podría empezar a asumir que ya conoce lo que éste dice o podría decir y se limita tan solo a identificar rápidamente aspectos centrales, sin efectuar una revisión más exhaustiva del texto. Revisar tan solo si el arbitraje es administrado; administrado por quién; y si es tribunal o árbitro único, además si la cláusula dice que el arbitraje es o no de derecho. Nuestro recordatorio en este primer post es nunca olvidar revisar el convenio arbitral completo.

Prescripción del procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado

Por Guillermo Zavalaga Mariño, Egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica Santa María y Socio de NPG Abogados Introducción A través de un caso con fechas hipotéticas, analizaré el criterio aplicado por el Tribunal de Contrataciones (en adelante el Tribunal) respecto al plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones dispuestas en la Ley de Contrataciones del Estado y la suspensión del mismo y explicaré por qué considero que dicho criterio es errado y perjudica al administrado.   Para ello, previamente explicaremos la naturaleza jurídica de la potestad administrativa sancionadora que detenta toda entidad de la administración pública en sentido amplio.  Analizaremos también la actuación del Tribunal como órgano que ostenta la potestad administrativa

¿El Poder Judicial es accesible para todos y todas?: la actual barrera lingüística a raíz de la suspensión de la audiencia de las esterilizaciones forzadas

Cristina Phicihua, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del programa de Desarrollo Social de THĒMIS – Khuska Al mantenerse viva una lengua se mantiene viva una cultura, un pensamiento distinto, una versión propia del mundo y una nueva forma de contribuir al conocimiento humano Elena Burga[1]. Perú: país con diversidad lingüística Perú es uno de los países con mayor diversidad lingüística: existen aproximadamente 47 lenguas indígenas diferentes u originarias[2]. Según el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, la población de lengua materna originaria representa aproximadamente el 16.1% de habitantes en nuestro país; es decir, todas estas personas no cuentan con el castellano como lengua materna [3]. Entonces, de ser el caso, ¿cómo es que el Poder Judicial lleva

¿Qué implica la “reparación integral” de las comunidades campesinas de Espinar afectadas por metales pesados?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Maritza Quispe Mamani, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigo Constitucional del IDL Muchos son los problemas que actualmente aquejan a la población de Espinar. Mientras se discute un plan de reparaciones como consecuencia de la emisión de la Resolución Ministerial No 174-2020-PCM, que conforma el grupo de trabajo para evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala, Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Collana de la provincia de Espinar. Todo ello en momentos en que los afectados y afectadas por

¿EUTANASIA: reconocimiento de su despenalización o inaplicación por causa de justificación?

Por Aaron Aleman, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  abogado penalista en el Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra, especialista en control, prevención y sanción de la corrupción por la PUCP, y Gino Delzo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Presidente del Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Introducción En un estado constitucional[1]que buscar organizar al Estado, social y democrático de derecho, es impensable que no se reconozca a la vida como valor supremo digna de protección por parte del Estado. Según el artículo 2.1 de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la vida, y entendemos que este derecho implica que ninguna persona debe ser privado arbitrariamente de ella[2].

¿Cesión o Reserva de Vías? A propósito del caso de arbitraje entre el Jockey Club del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima

Por Rubén Quevedo, asociado del área Inmobiliaria de Rubio Leguía Normand. El 01 de enero del 2021 tuvo como una de las principales noticias la expedición de un laudo arbitral que obliga a la Municipalidad Metropolitana de Lima (“MML”) al pago de la suma de USD 13’ 936,628.90 (Trece Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintiocho con 90/100 Dólares Americanos) a favor del Jockey Club del Perú (“JCP”), a modo de indemnización, por la demolición del muro perimétrico de propiedad de JCP, ubicado colindante a la Av. El Derby y la Av. Panamericana Sur (“Predio”), realizado por la gestión del exalcalde Castañeda Lossio en el año 2017 en el marco de un proceso de expropiación para la ejecución del proyecto

¿Cómo recuperar las tierras de las comunidades campesinas vendidas irregularmente a las empresas mineras?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Álvaro Másquez Salvador,  Abogado del IDL en el área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional Cada vez son más las denuncias en Espinar y en otras zonas andinas, contra empresas mineras, y otras empresas extractivas, por haber comprado de manera irregular las tierras de las comunidades campesinas, para favorecer proyectos mineros y otro tipo de proyectos extractivos. Varias son las preguntas que se hacen las comunidades campesinas, en relación con la legalidad y la validez de estos contratos de compraventa de tierras de las comunidades, pero, sobre todo, cómo recuperar las tierras que han sido vendidas a las empresas mineras