


Implicancias constitucionales del Acuerdo de Escazú
Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas La ratificación del Acuerdo de Escazú supone la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de un nuevo tratado internacional de derechos humanos. A continuación, algunas implicancias constitucionales de lo que significa la incorporación de un tratado de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de su ratificación? El Acuerdo de Escazú tiene fuerza normativa. En otras palabras, el Acuerdo de Escazú se incorpora en nuestro ordenamiento como 1) una norma jurídica y no solo como una declaración retórica de buenas intenciones, 2) se incorpora como una norma de

Fútbol profesional, vigilancia de la salud y derecho a la intimidad en España: elementos extrapolables al caso peruano
Por Manuel Privat, abogado por la PUCP y máster en Derechos Sociolaborales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actual asesor de la Dirección General de Trabajo del MTPE. La vigilancia de la salud en el fútbol profesional y su relación con los deberes y derechos que de ésta se emanan en materia de intimidad y protección de datos personales es un tema que nos convoca, primero, por el escaso tratamiento jurídico que existe sobre el tema[1] y, segundo, porque si bien atañe a un colectivo laboral acotado y breve, no lo es a nivel comercial y económico, amén del impacto mediático que los futbolistas (y su coyuntura) tienen a día de hoy sobre diversos agentes en el mercado. No obstante,

La participación del Verificador Responsable en los procedimientos de regularización de edificaciones, a dos años de la ampliación del plazo de la Ley Nº 27157
Por Enrique Quincho, asociado del Área Inmobiliaria y Saneamiento de Tierras del Estudio Rubio, Leguía Normand. Introducción. Con fecha 20 de julio de 1999, se publicó la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, en adelante la Ley, en cuyo artículo 1º se estableció que: “(…) establece los procedimientos para el saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y construcciones de inmuebles de propiedad

Orbán y la autoasfixia de la democracia
J.H.H. Weiler. Profesor de la Cátedra Jean Monet sobre Derecho de la Unión Europea en la New York University. Doctor en Derecho Europeo por la European University Institute. Abogado y máster por la University of Cambridge. Traducción e interpretación por: Juan Alonso Tello Mendoza No fue una gran sorpresa que Orbán haya usado el COVID-19 para desmantelar, aún más, los controles y equilibrios que son parte integral de cualquier democracia en funcionamiento. El 30 de marzo de 2020, con la autorización del parlamento húngaro (en el que el gobierno tiene una gran mayoría), se aprobó una ley que efectivamente otorgó al gobierno amplios poderes para gobernar por decreto. No es raro que, en tiempos de emergencia, el poder ejecutivo recurra

La otra garantía en las asociaciones público privadas
Por José Francisco Meier, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con maestría por la Universidad de Nueva York y socio del Estudio Garrigues (Perú). Las asociaciones público privadas se han venido utilizado en el Perú para desarrollar todo tipo de proyectos de infraestructura de gran envergadura, tales como puertos, aeropuertos, túneles y carreteras. Estos proyectos poseen características particulares dependiendo del sector al que pertenecen y de sus necesidades tecnológicas y de ingeniería. No obstante, también cuentan con rasgos comunes, como altos montos de inversión requeridos, amplios períodos de construcción, la necesidad de intervención de múltiples partes y retornos esperados a largo plazo. Estas características comunes generan la necesidad de implementar una red contractual que establezca las distintas obligaciones

Los problemas estructurales de la carrera administrativa en el contexto del Estado de Emergencia Nacional: ¿La ley del ascenso automático para servidores de salud afecta los principios de la carrera administrativa?
Por Lizeth Aroni Dolores, Evelyn Asarpay Arenaza y Elena Vergaray Quiroz, alumnas de la Facultad de Derecho de la PUCP. Introducción El pasado 16 de marzo fue publicado el D.S. Nº 008-2020, por el cual se declara al Perú en Estado de Emergencia, dicha disposición se dio en el contexto del incremento del riesgo de contagio de la Covid-19, virus que afectaba directamente los pulmones y cuyo impacto internacional propició un cierre de fronteras inmediato y la supresión de derechos constitucionalmente reconocidos. A pesar de ello, existirían diversos servicios esenciales que vieron un incremento en su actividad, entre este grupo de servidores públicos y profesionales, se encontraban los servidores de la salud. En base a ello, el pasado 05 de

La SUNAT y las plusvalías urbanas
Por Karen Mercedes Sotomayor Vargas, abogada por la PUCP, especialista en Derecho Tributario y José Carlos Fernández Salas, abogado por la misma casa de estudios, especialista en Derecho Civil y Derecho Urbanístico. Introducción En las últimas semanas distintos profesionales del mundo inmobiliario han hecho notar que un reciente informe de la SUNAT parece haber abierto por primera vez la puerta a la recuperación de plusvalías urbanas. Esto representaría el primer paso para empezar a recuperar los incrementos de valor en los predios de la ciudad con el propósito de financiar intervenciones de interés general para la población. En términos sencillos, si el valor de un terreno se multiplica por diez con la construcción de una nueva estación de metro adyacente,

Aspectos relevantes para la prestación presencial de servicios en tiempos de COVID-19
Por Cecilia Calderón y Milagros Villavicencio, abogadas por la PUCP con especializaciones de postgrado en temas de Derecho Laboral a nivel nacional e internacional. La noche del miércoles 12 de agosto, se publicó mediante Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo No. 139-2020-PCM, que dispuso el retorno a medidas más drásticas de aislamiento social obligatorio en distintos lugares del país, ello como consecuencia de un incremento de casos de contagiados con COVID-19 tras el intento de flexibilización que se dio en el último mes. Debido a que los anuncios dados por el Gobierno pueden generar dudas sobre qué se puede y qué no se puede hacer en un futuro próximo (se puede o no circular libremente, se

¿Es responsable el empleador por la divulgación de datos personales efectuada por sus empleados?
Por Iván Blume, Master of Industrial and Labor Relations (MPS) Cornell University. Abogado por la Universidad Católica del Perú. Asociado senior del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. INTRODUCCIÓN ¿Hasta dónde debe una empresa responder por los actos de sus empleados? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Según el artículo 1981 del Código Civil de 1984[1], cuando un empleado causa un daño, el empleador responderá de manera solidaria si este ocurrió en “el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo”. Es lo que se conoce en derecho como “responsabilidad vicaria”. No siempre, sin embargo, es claro si una acción determinada puede considerarse parte de ese ejercicio o cumplimiento. Pensemos, por ejemplo, en un empleado que por las funciones

Sin Prejuicio: Desde la función pública | Ep. 2: Entrevista a Marcela Huaita

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