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Alcances del artículo 21-A de la Ley General de Sociedades

Por Joe Navarrete, abogado por la UNMSM y profesor de Mercado de Valores de la misma casa de estudios. Introducción La Ley General de Sociedades contiene un artículo sobre el que se ha tomado mayor atención dada la imposibilidad de realizar juntas de socios “presenciales” a raíz de las medidas de aislamiento social a la que hemos estado sujetos durante los últimos meses. Al respecto, el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades nos dice lo siguiente: “Artículo 21-A.- Voto por medio electrónico o postal Los accionistas o socios podrán para efectos de la determinación del quórum, así como para la respectiva votación y adopción de acuerdos, ejercer el derecho de voto por medio electrónico siempre que éste cuente

«Bajo en legalidad: Evítese su consumo», a propósito de la decisión de Indecopi sobre las advertencias publicitarias en la normativa de alimentación saludable

Por Crosbby Buleje, abogado por la PUCP y asociado senior del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. Hace poco, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (la «CEB«), emitió una decisión[1] (la «Resolución«) mediante la cual declaró que determinadas disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley No. 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (el «Reglamento«), y el Manual de Advertencias Publicitarias (el «MAP«), constituían barreras burocráticas ilegales y/o carentes de responsabilidad. Ni bien se hizo pública la decisión, recibió las más feroces críticas. Era esperable. Así como lo era que la crítica venga de personas que no han revisado la decisión y/o no están familiarizadas con la importante labor que realiza la CEB.

Menstruación y derechos humanos: los desafíos para garantizar la salud menstrual de las mujeres y niñas

Norma Alejandra Ortega Valdivia, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y abogada en la Defensoría del Pueblo en Lima. La retórica de lo privado ha aislado al mundo femenino del orden legal y transmite un mensaje a toda la sociedad (Schneider, 2010). Si bien este cuestionamiento a la esfera de la privacidad surge como herramienta para eliminar la impunidad de la violencia hacia las mujeres en el hogar, también existen otros aspectos de nuestras vidas que aún se encuentran bajo el “velo de lo privado” y de los que todavía no se ha hablado lo suficiente. La menstruación es aún el gran secreto a voces en la vida de las mujeres. En el año 2019, el

Derechos ambientales en debate. Los alcances del Acuerdo de Escazú a la luz de la regulación nacional

Por Milagros Mutsios y Camila Masini, asociadas del Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, especialistas en derecho minero y del medio ambiente, y ex miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho En setiembre de 2018, Perú formó parte del grupo de países que firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Para que éste entre en vigor, se requiere que sean 11 países los que ratifiquen el Acuerdo. A la fecha, 9 Estados lo han ratificado. Perú sería el décimo, en caso el Congreso de la República lo decida así. Mucho se viene comentando

La importancia de la incorporación de las obligaciones ambientales al compliance para cooperar con el cumplimiento de las NDC en el Perú

Andrea Morón Vera Portocarrero, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur El 2020 es un año importante y estratégico que persigue alcanzar los objetivos propuesto en el Acuerdo de París. En este escenario, los países tienen el compromiso de enfrentar el cambio climático, fijándose metas para la adaptación y mitigación de este problema global, las cuales deben estar establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC[1], por sus siglas en inglés). Las NDC son una razón más para desarrollar nuevos instrumentos con el fin de que se cumpla cabalmente las obligaciones ambientales de las personas jurídicas. Entre tales instrumentos destacan aquellos de naturaleza preventiva, es decir, los destinados a evitar un daño o

COVID en la oficina: ¿Quién es responsable si enfermamos?

Por Ximena Schmiel Balarezo, asociada de García Sayán Abogados. La verdadera cultura de prevención de delitos no solo se ocupa de aquellos delitos que podrían generar responsabilidad penal para la compañía, sino de todas aquellas conductas delictivas y malas prácticas que, de una u otra forma, afectan la esfera de la compañía. Ahora bien, la consulta que cae por sí sola, sobre todo ahora en el contexto que nos encontramos con una enfermedad de fácil contagio rondando en el aire, es la siguiente: ¿Como empleador hasta dónde soy responsable de la salud de mis trabajadores? ¿Podría tener ello alguna implicancia penal? Para responder esta pregunta, debemos entender que el empleador (en Perú) tiene el deber de Garante, que consiste en

El Impuesto a la Renta de las personas no domiciliadas en el Perú: buscando justicia tributaria para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad

Por Daniella Guerrero, Gabriela Ochoa y Eduardo Rumaldo, estudiantes de la Clínica Jurídica de Personas Migrantes y Refugiadas de la PUCP, bajo la edición y supervisión de Jazmine Morales y María José Barajas, adjunta y docente de la Clínica Jurídica, respectivamente. Para agosto del año 2019, el 92.5% de migrantes venezolanos trabajaba sin percibir sus derechos laborales (1), es decir, en condiciones de informalidad. Esta, a su vez, se ve acrecentada por diversos factores, uno de ellos -desconocido por muchas personas- es el tratamiento tributario que enfrentan las personas no domiciliadas en nuestro país. Veamos la situación con mayor detenimiento: ¿Cuál es la situación actual de las personas migrantes en el Perú? Debido a la crisis económica y política que

La defensa de la justicia (ambiental) frente a las falacias

Por Diego San Martín Villaverde, profesor de Derecho de la Universidad Científica del Sur La carrera de Derecho es una elección motivada por un sinnúmero de decisiones, sobre todo, pero no exclusivamente, en la época de la adolescencia. Siempre estará el clásico “no me gustan las matemáticas, entonces voy a letras” o me gustan las series televisivas sobre casos sin resolver y de tribunales, etc. Pero luego, de corte sumamente romántico, está la decisión de buscar y encontrar justicia. Para esto último ciertamente requerimos herramientas, conocimientos, experiencia y formación. Bueno, también hay que ser creativos y críticos. La justicia es un término profundo, pero el sentimiento de conseguirla a través de la argumentación es un producto del aprendizaje y de

Retos de la reactivación económica: evitar la feminización de la pobreza

Por Marcela Paliza, egresada por la PUCP y miembro de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo Diversos organismos internacionales como la ONU[1] y la CIDH[2] se han pronunciado respecto al impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres, especialmente en relación al ámbito económico y al riesgo de experimentar mayores índices de violencia. Las recomendaciones que han emitido respecto al primero están ligadas a la adopción de políticas orientadas a mitigar la feminización de la pobreza. ¿Qué entendemos por ‘feminización de la pobreza’? De acuerdo con Sylvia Chant, este concepto hace referencia a “la proporción cada vez mayor de la pobreza que soportan las mujeres”[3]. Su aplicación como una herramienta para

Sobre los bienes del Estado y la posibilidad de transferir por Ley un bien de Propiedad Municipal: Comentarios de sentencia del Tribunal Constitucional

Por Franco Soria Palacios, socio del área Inmobiliaria y Saneamiento de Tierras de Rubio, Leguía, Normand & Asociados ANTECEDENTES 1.1.- Respecto de la Ley N° 29674 La Ley 29674 fue publicada en el diario Oficial El Peruano el 9 de abril del 2011 y dispone: La transferencia gratuita a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN del terreno de propiedad de la Municipalidad de Villa El Salvador, ubicado en el Lote 1, Mz. K-3, Parcela II, urbanización Parque Industrial del Cono Sur, Villa El Salvador e inscrito en la Partida N° 12332049 del Registro del Registro de Predios de Lima. Que la SBN deberá transferirlo a favor de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la