Constitucional

Una discusión que se daba por muerta: el estéril debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú

Por Gonzalo J. Monge Morales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, member firm of Baker McKenzie International. La pena de muerte ha regresado al debate. Si no son los terroristas, los sicarios, los asaltantes que hieren de muerte o lesionan gravemente a sus víctimas, quienes gatillan la discusión sobre la pena de muerte en el Perú son los violadores. Es comprensible que tengamos la peor de las impresiones sobre los delincuentes antes mencionados: los crímenes que cometen son abominables y todos exigimos que tengan una sanción ejemplar. Esa sanción, para muchas personas, no es otra que la pena de muerte. Por alguna razón, se piensa que es

Ni Rafo ni Galarreta, ningún extremo es bueno

El jueves 05 de octubre, la revista Caretas publicó la columna satírica de Rafael León Rodríguez, más conocido como Rafo León, titulada “Reporte desde el Baño de Damas”. En dicho artículo, el periodista relataba una conversación entre congresistas fujimoristas sobre la llegada del Papa al país. La columna, lejos de enfocarse en la visita de Francisco, se encargó de ridiculizar a varias parlamentarias usando frases como las siguientes: “La Luz Lomo Saltado, que se ha mandado a hacer un chachá negro pero que para poder ponérselo entre ahora y enero de 2018 va a tener que bajar treinta kilos”, o “la Chacóncha, contó que ella iba a ir de negro también pero con falda de tajo por si algún purpurado

Apología a la imprescriptibilidad: ¿un grito desesperado a la corrupción en el Perú?

Roy M. Irribarren Calderón, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y estudiante de Derecho de la PUCP.  Tras la caída del régimen autoritario de Fujimori y, específicamente, a inicios del 2001, comienzan a aparecer las iniciativas desde diversos campos para el desarrollo de parámetros que contrarresten la impunidad; sin embargo, históricamente, configuraron de manera errónea la lucha contra la impunidad en delitos de corrupción; es así como centraron su atención en la prescriptibilidad. El país quedo sumergido, desde el gobierno de Fujimori, en redes y redes de corrupción, que hasta el día de hoy no han sido desintegradas por completo. Un gobierno que nos dejó como legado el aprovechamiento del clamor popular para satisfacer los intereses personales de los

La libertad de tránsito en el caso de Jadiyetu El Mohtar

Por Natalia Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Durante 18 días, Jadiyetu El Mohtar, activista saharaui, permaneció en el aeropuerto Jorge Chávez, ya que la Superintendencia de Migraciones se negó a reconocer su ingreso como diplomática a territorio peruano. La también ciudadana española indicó que se le impidió la salida del aeropuerto y se le brindó la opción de tomar un vuelo gratuito de regreso a España el cual rechazó; mientras la Superintendencia refiere que la activista no se encontró retenida en ningún momento y que se le ofreció el ingreso como turista con condición de que no ejerza actividades políticas que no le corresponden, a lo que

¿Indulto o impunidad?

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP El debate público entorno al posible indulto al ex Presidente Alberto Fujimori tiene dos vertientes de análisis: una política y otra jurídica. Por la primera, la política, se señala que el Presidente de la República goza de la atribución de ejercer el derecho de gracia para otorgar indultos y conmutar penas (art. 139-13, Constitución Política). En virtud de ello, un sector de la opinión pública señala que esta es una competencia del Presidente, sujeta exclusivamente a su voluntad política, que serviría a la pacificación de la tensa relación entre el gobierno y la oposición política fujimorista, que con su mayoría parlamentaria viene

¿Causas perdidas? A propósito de las manifestaciones de la «supremacía blanca» y el rol de Donald Trump

El pasado 12 de agosto, las calles de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos, se convirtieron en el escenario de una manifestación convocada por la extrema derecha. Esta surgió como protesta por la retirada de una estatua que homenajeaba al general confederado Robert E. Lee, quien lideró a las fuerzas sureñas durante la Guerra Civil estadounidense. Jason Kessler, organizador del evento, manifestó a través de un comunicado que el objetivo de la marcha era defender la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad de expresión, y mostrar su respaldo a los -según él- grandes hombres blancos que están siendo difamados, calumniados y despreciados en Estados Unidos. Por su parte, los opositores también salieron a las calles manifestando su

El principio de preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento en ciudadanos indígenas, a propósito del caso Oquebamba

Por Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador, miembros del Instituto de Defensa Legal. Hace un mes, el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar (Cusco) emitió sentencia en el proceso penal[1] seguido contra seis dirigentes de la Comunidad Campesina de Oquebamba, por la presunta comisión del delito de usurpación, en su modalidad agravada. Estos fueron condenados a pena privativa de la libertad efectiva de 4 años y 6 meses en el penal San Judas Tadeo de Sicuani[2]. Increíblemente, estos dirigentes han sido sancionados por la defensa de su territorio ante el intento de terceros, ajenos a la comunidad, de irrumpir en él. Los invasores no eran comuneros calificados, es decir, aquellos únicamente facultados para reclamar el derecho de posesión sobre tierras dentro

La capacidad de goce y ejercicio en el artículo 71 de la Constitución: El caso de Aventura Plaza S.A.

Por: Natalia Martinez, miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho y estudiante de Derecho en la PUCP . El 14 de julio se publicó en El Peruano el proyecto del Decreto Supremo que autoriza a la empresa de capitales chilenos, Aventura Plaza S.A., a adquirir terrenos dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera entre Tacna y Arica [1] . La controversia con respecto a la decisión del Ejecutivo surgió debido a que, según el artículo 71 de la Constitución Política, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así

De Constituido a Constituyente: sobre la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y la importancia de su legitimidad

Enfoque Derecho Venezuela ha elegido la semana pasada a su nueva Asamblea Nacional Constituyente en medio de múltiples cuestionamientos y el rechazo por parte de la comunidad internacional. A pesar de las evidentes pruebas de irregularidades en proceso, Nicolás Maduro indicó que Venezuela es más democrática que cualquier otra nación latinoamericana, pues según él, tiene el sistema electoral más honesto. La función de la recientemente electa Asamblea Constituyente es de fundamental importancia para el rumbo democrático de un país que vive, desde ya hace algún tiempo, al borde del colapso. En torno a esto, ¿en qué consiste el Poder Constituyente? ¿Cuál es la relevancia de que sea absolutamente transparente y legítimo? ¿Fue realmente representativo y regular el último proceso electoral

La relación entre el Ejecutivo y Legislativo: Galarreta como nuevo Presidente del Congreso

Por: Astridt Chuy, miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho y estudiante de Derecho en la PUCP . El pasado miércoles 26 de julio del presente año, el Pleno del Congreso decidió elegir a Luis Galarreta Velarde, partidario de la bancada de Fuerza Popular, como el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2017-2018. Asimismo, los congresistas Mario Mantilla (Fuerza Popular), Richard Acuña (Alianza para el Progreso) y Mauricio Mulder (Partido Aprista Peruano) fueron electos para asumir la primera, segunda y tercera vicepresidencias, respectivamente. Esta lista encabezada por Galarreta se impuso con 84 votos a favor frente a la lista liderada por Hernando Cevallos, miembro del Frente Amplio, quien obtuvo solo 11 votos[1]. La designación del