«Al privilegiarse la necesidad de una referencia expresa de la medida en el medio de materialización por encima de sus efectos reales en la situación jurídica de los agentes económicos y administrado, el sistema termina dejando sin control medidas que, en la práctica, son equivalentes a los tipos expresamente reconocidos en el Decreto Legislativo Nº 1256.»
«El Proyecto de Ley sobre la MAPE al permitir la concesión de derechos mineros en zonas de alta sensibilidad ambiental, pone en riesgo la Amazonía, un ecosistema esencial para la biodiversidad global. Relajar las normas de protección de estas áreas y permitir actividades extractivas en zonas protegidas afectaría gravemente tanto al medio ambiente y las comunidades que dependen de estos recursos»
La Ley N° 32069 elimina el Registro Nacional de Árbitros con la finalidad declarada de flexibilizar la designación de árbitros y ampliar el universo de profesionales disponibles. Sin embargo, en los hechos, el sistema reemplaza un filtro estatal por filtros institucionales que reproducen los mismos riesgos que se buscaban superar. La concentración de designaciones, la recurrencia en los mismos profesionales y la intervención unilateral de la Entidad en la determinación de instituciones arbitrales permanecen prácticamente intactas.
Por Kattia Perez Cordova, practicante del equipo tributario de Santiváñez Abogados, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro ordinario del Grupo de Estudios Fiscales (GEF). 1. INTRODUCCIÓN En la actualidad la Región de la Amazonía representa un 60% del territorio peruano, por ello, el dinamismo en sus diversos sectores económicos reviste una amplia notoriedad en la economía peruana. En este sentido, el Ministerio de la Producción señala que las actividades económicas desarrolladas en la región durante año el 2023 representaron el 5,7% del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. Entre los departamentos que más han contribuido a que la Amazonía tenga presencia en el PBI Nacional son Loreto, que concentra la mayor parte (29,5%), seguido de Huánuco
INTRODUCCIÓN El 11 de julio de 2025 llegaron a la costa del Callao los primeros vagones del tren Lima-Chosica[1]. La propuesta ferroviaria fue impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuyo objetivo es descongestionar la capital y facilitar el tránsito, así como brindar una solución rápida y económica para modernizar parte de la infraestructura de transporte actual mediante la donación de unidades ferroviarias retiradas en Estados Unidos[2]. Sin embargo, las gestiones, traslados, adecuaciones, permisos, seguros, almacenamiento y diversas reparaciones requeridas generaron un desembolso inicial de 24.5 millones de dólares, por lo que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) incurrió en un gasto cuando la donación implica que no hay una contraprestación, es decir, no hay un
#ContratacionesPúblicas💼 ¿Cuál es el impacto de las Asociaciones Público-Privadas (#APP) en el desarrollo del país?¿Son suficientes las nuevas normativas para optimizar proyectos de infraestructura? La Asociación Civil THĒMIS se complace de anunciar el I Congreso de Contrataciones Públicas. En esta oportunidad, Milagros Maraví, consultora del área Administrativa y Regulatoria en el Estudio Rubio, Leguía y Normand, nos detalla la importancia de estas asociaciones en proyectos de envergadura que generan beneficios económicos y sociales. 🗓 El evento se llevará a cabo los días 6, 7 y 9 de octubre 📌Lugar: Auditorio Jorge Avendaño (Facultad de Derecho PUCP) PRECIOS💰: 📚Estudiante: 65 soles Pack Estudiantil (a partir de 3 entradas): 55 soles c/u 👥 General: 80 soles Pack general (a partir de 3
Por Daniel Reyna Vargas, asociado senior del equipo de Resolución de Conflictos de la sede Lima de PPU. Es abogado por la Universidad de Piura, candidato a maestro en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova y cuenta con un Diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral de Argentina, así como con especializaciones en Justicia Constitucional, interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castila-La Mancha y en en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia. Su ejercicio profesional se orienta al diseño de estrategias y defensa en procesos judiciales y arbitrales. Cuenta con experiencia en casos de alta complejidad en asuntos civiles y comerciales, constitucionales, contencioso-administrativos y
Por Talía Díaz Rodriguez Asociada del área tributaria del estudio Miranda & Amado La administración tributaria peruana cuenta con amplias facultades para llevar a cabo acciones de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales. En efecto, el Código Tributario establece que la determinación de la obligación tributaria efectuada por los deudores tributarios está sujeta a fiscalización o verificación. Asimismo, dicho Código establece que el ejercicio de estas facultades discrecionales incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso respecto de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que la administración tributaria puede realizar todas las acciones de control que considere necesarias y razonables, en
