Derecho Administrativo

¿Quiénes están vinculados por el convenio arbitral? La usual confusión entre terceros y partes no signatarias

«Sí se pude solicitar la inclusión de una parte no signataria en un arbitraje, pues esta cumplirá con el requisito esencial para formar parte del mismo, es decir, haber otorgado su consentimiento a someterse a dicha jurisdicción. Sin embargo, no se puede solicitar la inclusión de un tercero en un proceso arbitral, pues el mismo no solo no forma parte de la relación jurídica material, sino que este no renunció a someterse a la jurisdicción ordinaria (…)».

Derecho de Superficie

«El derecho de superficie es una excepción a esta situación. […] En efecto, también concluimos, que solo pueden ser objeto de superficie aquellas construcciones susceptibles de accesión, aquellas sólidas y permanentes como los estacionamientos, edificios o puentes. Excluyendo todas aquellas de carácter pasajero, provisional o removible, como plantaciones, baños portátiles, stands de feria entre tantos otros».

“Una imagen vale más que mil palabras”: La relevancia de informar de manera actualizada en imágenes publicitarias

“Sin embargo, una imagen publicitaria debe mostrar la realidad y la actualidad del producto a promocionar. De lo contrario, se tratará efectivamente de publicidad engañosa, aquella que induce a error al contratante, en este caso, el consumidor (Isler Soto, 2010, p.129). Dicha publicidad no solo implicaría un perjuicio para el consumidor por la información errónea recibida, sino además dentro de la propia competencia, toda vez que la utilización de dicha publicidad privilegia la captación de clientes frente a la honestidad en la promoción de bienes y servicios.”

El silencio administrativo en las ampliaciones de plazo de bienes y servicios: Límites de la aprobación automática

Francisco Ernesto López Ortiz, Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Licenciado en Letras con mención en Economía, Derecho, Política y Filosofía por la Universidad de Arizona. Introducción  En el ámbito de las contrataciones con el Estado, las solicitudes de ampliación de plazo constituyen uno de los elementos más sensibles entre el contratista y la Administración Pública, no solo por las consecuencias económicas y operativas que se derivan de su aprobación o rechazo, sino porque su evaluación exige ponderar eventos, pruebas y conductas. Su fundamento es claro, quien actúa con la diligencia debida no debe soportar las consecuencias de un incumplimiento tardío cuya causa no le es atribuible. Así lo recogen los artículos 1314 a 1317 del Código

Obras públicas paralizadas y contratación estatal: Análisis administrativo de los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima

«Por lo tanto, el rol de las obras públicas dentro del Estado de Derecho es el equivalente de lo que para el ciudadano sería una garantía del cumplimiento de sus derechos fundamentales o de los bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, puesto que a partir de ellos es que se logra promover condiciones mínimas para el desarrollo de la población».

Alcances sobre el nuevo régimen de la caducidad del permiso de pesca por falta de actividad extractiva

«La modificación introducida al numeral 33.8 del artículo 33 del RLGP resulta importante para la configuración de la caducidad del permiso de pesca como mecanismo de control sobre el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, particularmente en pesquerías de acceso restringido, al permitir que la evaluación de la actividad extractiva se realice de manera individual respecto de cada recurso autorizado. Ello implica que los administrados podrían perder parcialmente la vigencia de sus permisos de pesca y, con ello, el acceso a determinadas pesquerías, aun cuando mantengan actividad extractiva sobre otros recursos hidrobiológicos».

Blogger | Pierino Stucchi: Uniformidad del estándar probatorio en los procesos sancionatorios del Indecopi

#RadarDelMercado 📈 ¿Existe un criterio uniforme entre los órganos resolutorios del #Indecopi respecto del estándar probatorio aplicable a los procesos sancionadores? ¿Qué medidas podrían adoptarse para reforzar la imparcialidad del órgano resolutor? En la siguiente entrevista, Pierino Stucchi, socio fundador del estudio Stucchi Abogados y anterior gerente legal del Indecopi, examina la uniformidad del estándar probatorio en los procesos sancionadores del Indecopi, ello con especial énfasis en los ámbitos de #LibreCompetencia, #ProtecciónDelConsumidor y #CompetenciaDesleal. ¿Qué opinas sobre este análisis? ¡Déjanos tus comentarios! 💬 https://www.youtube.com/watch?v=5eN9mowTQpc

El síndrome del Dr. Manhattan: La Contraloría y la erosión de la seguridad jurídica contractual

«Cuando la Entidad y el contratista suscriben un acta de recepción sin observaciones, no están generando una opinión revisable a discreción, sino una situación jurídica consolidada. Esa realidad no puede ser desconocida automáticamente años después bajo el amparo de un informe de control. Si la Entidad considera que ese acto estuvo viciado, deberá asumir el estándar y la carga de cuestionarlo por las vías correspondientes; lo que no puede hacer es fingir que nunca existió».

Crisis de gobernanza ambiental y vulneración de derechos fundamentales en la Amazonía peruana: el caso del derrame en Manseriche y la resistencia del pueblo Awajún

Editorial escrita por Enfoque Derecho 1. Introducción El 19 de marzo de 2025 se produjo un derrame de hidrocarburos en la quebrada Pijuayal, a la altura del km 315+535 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (en adelante, ONP), ubicado en el distrito de Manseriche, región Loreto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (2025), el derrame afectó a las comunidades nativas de Sinchi Roca y Pijuayal. De igual manera, dicha entidad señaló que, el evento habría sido causado por una perforación realizada con herramienta mecánica atribuida a terceros, no ocasionando daños a la vida ni a la salud[1]. No obstante, el diagnóstico de la situación se agravó tras confirmarse la presencia de hidrocarburos en la quebrada principal. Debido

Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional: entre la eficacia ex nunc y la tutela de derechos en procesos en trámite

«Se puede sostener que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, ha delineado con claridad que la inconstitucionalidad extingue no solo la vigencia, sino también la validez de la norma. Por ello, es importante que los jueces deban evitar aplicar disposiciones cuya inconstitucionalidad haya sido declarada, […] con el fin de no debilitar a el principio de supremacía constitucional y la fuerza normativa de la Constitución”.