Derecho Administrativo

¿La existencia de cargas o gravámenes impide la evaluación de un plan específico?

«La existencia de un proceso judicial tampoco justifica automáticamente la paralización o suspensión del procedimiento. La inhibición administrativa únicamente resultará procedente cuando la controversia sea indispensable para adoptar la decisión municipal y exista una estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Distinto es el supuesto de un mandato judicial expreso que ordene suspender actuaciones o mantener una determinada situación, el cual deberá ser cumplido en sus propios términos».

Repasando la cuarta versión del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal de la SUNAT

Por Luis Miguel Sánchez, asociado del Área Tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado. 1. Introducción Hace pocos días la SUNAT publicó una nueva versión de su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, documento en el cual describe una serie de transacciones que por sus características y forma de ser ejecutadas, únicamente acarrearían la búsqueda de un beneficio fiscal. Por ello, es posible que estas transacciones sean observadas por la SUNAT, a fin de equilibrar la balanza en cuanto a la recaudación fiscal. En esta oportunidad, la nueva versión del Catálogo trae consigo once nuevas transacciones pasibles de ser observadas por la SUNAT, conforme a su facultad de calificación de la elusión y/o simulación de las normas tributarias. 2. La

¿Puede la desigualdad de origen justificar el recorte de oportunidades?: El recorte de Beca 18 (2026) a la luz de la justicia igualitarista

«El recorte es injustificable desde la perspectiva igualitarista porque vacía de contenido real el derecho formal a la educación de quienes carecen de las condiciones para ejercerlo, y porque el argumento de la discrecionalidad fiscal no supera el peso normativo del principio en cuestión cuando el propio Estado generó expectativas legítimas que luego incumplió».

¿Por qué la violencia persiste pese a la ley N°30364? Reflexiones sobre la brecha entre norma y realidad

Huamán Huacho, Julio César Estudiante de Derecho en la Universidad Privada del Norte, Coordinador de IUSTITIA en la Comisión de Investigación y Edición (CIE). Miembro Activo de la comisión de Derecho Administrativo de la Academia Juridica Lex & Ius. Actualmente, Miembro Asociado del Círculo de Arbitraje con el Estado y Miembro principal de la Asociación de Derecho en Línea. I. Introducción La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una de esas problemáticas más persistentes y complejas del Estado peruano, no solo por su elevada incidencia, sino por su arraigo en patrones socioculturales históricamente normalizados que dificultan su erradicación efectiva. Como bien señalan Walton & Pérez (2019), la violencia es considerada una forma de ejercicio del

Semana Temática | Melisa Guevara: Los desafíos de la propiedad intelectual en el entretenimiento

#EnfoqueyEntretenimiento 🎭 ¿Cómo debe responder el derecho a los desafíos que plantea la determinación de la titularidad de las obras musicales y la protección de los intereses de los creadores?, ¿El marco jurídico podría, en un futuro, llegar a reconocer derechos de autor a la Inteligencia Artificial? En la siguiente entrevista, #EnfoqueDerecho presenta a Melisa Guevara, jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la PUCP y miembro de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías en #Indecopi, analiza los principales desafíos que enfrenta el derecho de #PropiedadIntelectual en la industria musical frente a la explotación de contenidos en los entornos digitales. Asimismo, aborda cuestiones relacionadas con la titularidad y cesión de derechos de autor y la protección de los

¿Quiénes están vinculados por el convenio arbitral? La usual confusión entre terceros y partes no signatarias

«Sí se pude solicitar la inclusión de una parte no signataria en un arbitraje, pues esta cumplirá con el requisito esencial para formar parte del mismo, es decir, haber otorgado su consentimiento a someterse a dicha jurisdicción. Sin embargo, no se puede solicitar la inclusión de un tercero en un proceso arbitral, pues el mismo no solo no forma parte de la relación jurídica material, sino que este no renunció a someterse a la jurisdicción ordinaria (…)».

Derecho de Superficie

«El derecho de superficie es una excepción a esta situación. […] En efecto, también concluimos, que solo pueden ser objeto de superficie aquellas construcciones susceptibles de accesión, aquellas sólidas y permanentes como los estacionamientos, edificios o puentes. Excluyendo todas aquellas de carácter pasajero, provisional o removible, como plantaciones, baños portátiles, stands de feria entre tantos otros».

“Una imagen vale más que mil palabras”: La relevancia de informar de manera actualizada en imágenes publicitarias

“Sin embargo, una imagen publicitaria debe mostrar la realidad y la actualidad del producto a promocionar. De lo contrario, se tratará efectivamente de publicidad engañosa, aquella que induce a error al contratante, en este caso, el consumidor (Isler Soto, 2010, p.129). Dicha publicidad no solo implicaría un perjuicio para el consumidor por la información errónea recibida, sino además dentro de la propia competencia, toda vez que la utilización de dicha publicidad privilegia la captación de clientes frente a la honestidad en la promoción de bienes y servicios.”

El silencio administrativo en las ampliaciones de plazo de bienes y servicios: Límites de la aprobación automática

Francisco Ernesto López Ortiz, Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Licenciado en Letras con mención en Economía, Derecho, Política y Filosofía por la Universidad de Arizona. Introducción  En el ámbito de las contrataciones con el Estado, las solicitudes de ampliación de plazo constituyen uno de los elementos más sensibles entre el contratista y la Administración Pública, no solo por las consecuencias económicas y operativas que se derivan de su aprobación o rechazo, sino porque su evaluación exige ponderar eventos, pruebas y conductas. Su fundamento es claro, quien actúa con la diligencia debida no debe soportar las consecuencias de un incumplimiento tardío cuya causa no le es atribuible. Así lo recogen los artículos 1314 a 1317 del Código

Obras públicas paralizadas y contratación estatal: Análisis administrativo de los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima

«Por lo tanto, el rol de las obras públicas dentro del Estado de Derecho es el equivalente de lo que para el ciudadano sería una garantía del cumplimiento de sus derechos fundamentales o de los bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, puesto que a partir de ellos es que se logra promover condiciones mínimas para el desarrollo de la población».