Derecho Administrativo

El costo oculto entre la Usucapión y el principio de buena fe pública registral: análisis económico y jurídico

«[…] la propuesta consiste en que la transferencia de la propiedad inmobiliaria se realice a partir de la inscripción del título en los registros públicos. De esta manera, la adquisición de la propiedad se vincula a la inscripción, por lo que el Registro dejaría de ser un mero mecanismo de publicidad y pasaría a posicionarse como el medio obligatorio para constituir la propiedad»

Kuntur Wasi vs. Perú: análisis jurídico de la controversia sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero

“El caso Kuntur Wasi demuestra que la protección del interés público y el respeto de los compromisos asumidos por el Estado no son objetivos necesariamente incompatibles. El problema surge cuando se invoca el interés público para fundamentar una decisión que afecta una relación contractual sin justificar suficientemente la necesidad y razonabilidad de dicha medida”.

¿Publicidad transparente?: Desafíos que enfrenta el Indecopi en la era de las plataformas digitales

«A diferencia de un anuncio tradicional —el cual es recepcionado por el consumidor, generando una especie de barrera o filtro defensivo que incluso, en muchas ocasiones, lo lleva a ignorarlo—, el contenido ofrecido por los influencers cautiva la atención del usuario de una manera distinta. Al tratarse de un creador al que sigue día a día, existe de antemano una afinidad y un vínculo de confianza. El creador de contenido mimetiza el anuncio con su vida cotidiana. Dicho fenómeno genera aún más controversia cuando el creador de contenido inicia su discurso formulando una anécdota personal o manteniendo el mismo formato que usualmente publica, para luego, hacia el final, develar que el video era en realidad una pauta publicitaria. Por ende, la inclusión tardía, periférica o fugaz del hashtag legalmente exigido configura un cumplimiento meramente nominal: la advertencia formal no logra neutralizar la manipulación previa de la atención ni revierte el sesgo de confianza construido en los primeros segundos de la interacción.»

Incremento patrimonial no justificado: Alcances, riesgos y principales pronunciamientos

«El Incremento Patrimonial No Justificado consiste en el aumento del patrimonio de un contribuyente sin que este pueda acreditar la causa o fuente que dio origen a dicho incremento. Dicho en otras palabras, el IPNJ supone la existencia de un desbalance en la esfera patrimonial del contribuyente cuyo origen o justificación no puede ser demostrado».

Autonomía municipal y vías de hecho: El retiro de una cámara de EMAPE en la Costa Verde

«Esa distinción impide extraer una potestad general de remoción a partir de la sola propiedad. Ser propietario del terreno no equivale a ser titular de todas las funciones de tránsito, señalización, fiscalización o equipamiento que se ejercen sobre una vía metropolitana. Tampoco basta afirmar que el equipo pertenecía a EMAPE: la empresa debía poder vincular su actuación con un encargo, competencia o autorización de la MML y con las exigencias del régimen especial de la Costa Verde. La respuesta jurídica depende del expediente, no de una presunción a favor de cualquiera de las partes».

Cuando la confianza es el problema, el fideicomiso puede ser la respuesta

El mercado fiduciario peruano atraviesa una transformación. El fideicomiso ya no está circunscrito únicamente a megaproyectos o estructuras financieras complejas, sino que comienza a abrirse a empresas de menor tamaño, proyectos familiares, fondos de inversión y operaciones vinculadas al sector público.

El principio del interés asegurable

«El interés asegurable surge de la relación entre el asegurado y el bien, la vida o la responsabilidad expuestos al riesgo, de modo que aquel se beneficia de su conservación, se perjudica con su pérdida o puede incurrir en responsabilidad a causa de ella».

¿La existencia de cargas o gravámenes impide la evaluación de un plan específico?

«La existencia de un proceso judicial tampoco justifica automáticamente la paralización o suspensión del procedimiento. La inhibición administrativa únicamente resultará procedente cuando la controversia sea indispensable para adoptar la decisión municipal y exista una estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Distinto es el supuesto de un mandato judicial expreso que ordene suspender actuaciones o mantener una determinada situación, el cual deberá ser cumplido en sus propios términos».