Diego Cayllahua Mollo,
abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y asociado del Estudio Macera & Morón Abogados. Cuenta con experiencia en Derecho Penal Empresarial y Compliance, con especial énfasis en la implementación, evaluación y fortalecimiento de modelos de prevención de delitos y sistemas de cumplimiento normativo.
1. Introducción
Los canales de denuncias constituyen una herramienta fundamental de los sistemas de cumplimiento, pues permiten recibir, evaluar e investigar comunicaciones sobre posibles irregularidades o conductas delictivas, como actos de corrupción, fraude y lavado de activos, entre otras. Asimismo, facilitan la identificación de conflictos de interés, incumplimientos del Código de Conducta, infracciones a las políticas internas y otras conductas que podrían generar riesgos legales, económicos o reputacionales para una organización.
Desde la perspectiva del Compliance Penal, los canales de denuncias cumplen una función esencial en la detección temprana de posibles ilícitos y en la identificación de deficiencias en los controles internos de la organización. Para ello, es indispensable que los trabajadores y demás personas vinculadas con esta cuenten con vías adecuadas para comunicar oportunamente los hechos de los que tengan conocimiento, sin temor a sufrir represalias (Menéndez Conca, 2025).
En esa misma línea, para asegurar la confianza de los usuarios en estos mecanismos, la organización debe adoptar medidas que garanticen la confidencialidad o el anonimato de las comunicaciones, así como establecer protocolos que permitan a los potenciales informantes conocer la existencia y el funcionamiento del canal, promoviendo su utilización y atendiendo las dudas que puedan surgir respecto de su uso (Ballesteros Sánchez, 2020).
En el ordenamiento jurídico peruano existen diversos programas y sistemas de cumplimiento orientados a prevenir y gestionar riesgos específicos. Entre ellos se encuentran el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), los programas de cumplimiento en materia de libre competencia y aquellos vinculados con la protección al consumidor y la publicidad comercial. Si bien cada uno responde a un marco normativo y a riesgos particulares, comparten determinados componentes que la doctrina y la normativa reconocen como elementos esenciales de un programa de cumplimiento (Vargas, 2025).
Para efectos del presente artículo, el análisis se circunscribe a los mecanismos de cumplimiento comprendidos en el ámbito del Compliance Penal en el Perú: el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), regulado por la Ley N.º 30424 y sus normas reglamentarias, y el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), sujeto a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Ahora bien, la implementación de estos mecanismos también plantea interrogantes desde la perspectiva de la protección de datos personales, especialmente cuando una organización recibe una denuncia y, como consecuencia, recopila y trata información personal de la persona reportada. En este contexto, surge una cuestión particularmente relevante:
¿Puede una persona reportada a través de un canal de denuncias conocer la identidad del informante y acceder al contenido de la denuncia mediante el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)?
Para abordar esta cuestión, es necesario distinguir dos aspectos: por un lado, el derecho de la persona reportada a acceder a sus propios datos personales; y, por otro, la posibilidad de acceder al contenido íntegro de la denuncia, lo que podría incluir información relativa al denunciante y documentación generada durante la investigación interna. Si bien ambos aspectos se encuentran relacionados, tienen alcances jurídicos distintos, que serán analizados a continuación.
2. El canal de denuncias como mecanismo de prevención y detección
El canal de denuncias no constituye únicamente un medio para recibir comunicaciones sobre posibles irregularidades. En el marco de un sistema de cumplimiento, cumple una función preventiva y de detección, pues permite que la organización tome conocimiento oportuno de hechos que podrían constituir delitos, infracciones normativas o incumplimientos de sus políticas internas, y adopte las medidas necesarias para evaluarlos, investigarlos y gestionarlos.
Esta función adquiere especial relevancia en el ámbito del Compliance Penal, particularmente en el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), cuyos marcos normativos contemplan mecanismos orientados a identificar y gestionar oportunamente los riesgos comprendidos en sus respectivos ámbitos de aplicación.
3. El Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
La Ley N.º 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, contempla la implementación de un Modelo de Prevención destinado a prevenir o reducir significativamente el riesgo de comisión de los delitos comprendidos en su artículo 1, entre ellos, determinadas modalidades de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos tributarios, contables y aduaneros, entre otros.
Su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 002-2019-JUS y modificado, entre otras normas, por el Decreto Supremo N.º 002-2025-JUS, desarrolla los elementos y medidas de vigilancia y control que pueden integrar dicho modelo, los cuales deben adecuarse a los riesgos y características de cada persona jurídica.
En este contexto, el canal de denuncias permite identificar oportunamente hechos que podrían evidenciar la comisión de alguno de los delitos comprendidos en la Ley N.º 30424 o deficiencias en los controles de la organización, facilitando su evaluación y la adopción oportuna de medidas correctivas o preventivas.
4. El Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
A diferencia del MPD, el SPLAFT es obligatorio para determinadas personas naturales y jurídicas que, por desarrollar alguna de las actividades previstas en el artículo 3 de la Ley N.º 27693, adquieren la condición de sujetos obligados ante la UIF-Perú. Su regulación comprende diversas disposiciones emitidas por la SBS, según la actividad y el sector correspondiente. Para efectos del presente análisis, se tomará como referencia la Resolución SBS N.º 789-2018, aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú.
Esta regulación contempla mecanismos de comunicación interna que permiten a los trabajadores informar al Oficial de Cumplimiento sobre operaciones inusuales, conductas irregulares u otras situaciones que podrían estar vinculadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o incumplimientos del SPLAFT. A partir de estas comunicaciones, el Oficial de Cumplimiento evalúa la información recibida y determina si corresponde adoptar medidas internas o, de ser el caso, comunicar una operación sospechosa a la UIF-Perú mediante un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
De esta manera, aunque la normativa del SPLAFT no contempla expresamente un canal de denuncias como componente del sistema de prevención, sí prevé mecanismos de comunicación interna que cumplen una función similar, al facilitar la identificación y evaluación de situaciones que podrían representar riesgos de LA/FT o evidenciar incumplimientos del sistema, así como la adopción de las medidas correspondientes.
Sin perjuicio de las diferencias señaladas, para efectos del presente artículo, la expresión «canal de denuncias» se utilizará en un sentido amplio, comprendiendo tanto los canales de denuncia propiamente dichos, implementados en el marco de un MPD, como los mecanismos de comunicación interna previstos en el SPLAFT. Esta denominación común responde a que ambos permiten comunicar a la organización situaciones que requieren ser evaluadas y, de corresponder, dar lugar a la adopción de medidas.
5. Prevenir delitos también implica tratar datos personales
La recepción y gestión de denuncias conlleva necesariamente el tratamiento de datos personales. Cuando una organización recibe una comunicación a través de su canal de denuncias, puede recopilar información que identifica o permite identificar al denunciante, a la persona reportada, a los testigos y a otras personas involucradas en los hechos. Asimismo, durante las etapas de evaluación e investigación, puede generar, consultar y conservar documentación que contenga información personal de dichas personas.
En consecuencia, la implementación y gestión de estos mecanismos no solo generan obligaciones desde la perspectiva del Compliance Penal, sino también en materia de protección de datos personales. La organización debe considerar, entre otros aspectos, qué información puede recopilar, con qué finalidad puede utilizarla, durante cuánto tiempo puede conservarla y bajo qué condiciones puede comunicarla o permitir el acceso a ella.
Esta cuestión adquiere especial relevancia cuando la persona reportada ejerce sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puesto que la información recopilada durante la gestión de una denuncia puede contener tanto datos personales propios como información relativa a terceros. Por ello, resulta necesario examinar cómo se articulan las obligaciones derivadas de los sistemas de Compliance Penal con las disposiciones de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, así como los alcances y límites del ejercicio de los derechos ARCO en este contexto.
6. ¿El tratamiento de datos personales requiere siempre el consentimiento de su titular?
No necesariamente. Si bien la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP), establece como regla general que el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco de su titular, también contempla determinados supuestos en los que este no resulta exigible.
Entre estas excepciones, el numeral 10 del artículo 14 de la LPDP establece que no se requiere el consentimiento cuando el tratamiento de datos personales se realiza para fines vinculados al sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como para otros fines que respondan a un mandato legal.
Sobre este último supuesto, resulta relevante la Opinión Consultiva N.º 06-2022-JUS/DGTAIPD, mediante la cual la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) precisó que la excepción también comprende el tratamiento de datos personales realizado en el marco de la Ley N.º 30424, siempre que esté vinculado con la prevención de los delitos contemplados en dicha norma o con la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica.
En consecuencia, las organizaciones pueden tratar datos personales en el marco de las actividades de prevención y detección de los delitos comprendidos en la Ley N.º 30424, así como en el cumplimiento de las obligaciones del SPLAFT, sin necesidad de obtener el consentimiento de sus titulares, siempre que dicho tratamiento se encuentre comprendido en los supuestos previstos en el numeral 10 del artículo 14 de la LPDP.
Sin embargo, esta excepción no constituye una habilitación general para realizar cualquier tratamiento de datos personales bajo el escudo del Compliance Penal. Su aplicación está condicionada a que el tratamiento responda efectivamente a las finalidades de prevención de delitos o a un mandato legal. Además, la ausencia de consentimiento no exime a la organización del cumplimiento de los demás principios y obligaciones establecidos en la normativa de protección de datos personales, como los principios de finalidad, proporcionalidad, calidad y seguridad.
7. Alcances y límites del ejercicio de los derechos ARCO por la persona reportada
Que una persona haya sido reportada a través de un canal de denuncias no significa que pierda sus derechos sobre los datos personales objeto de tratamiento. La excepción a la obligación de obtener su consentimiento no elimina su condición de titular ni restringe, por sí misma, el ejercicio de los derechos ARCO reconocidos por la LPDP y su Reglamento.
En ese sentido, la persona investigada o reportada conserva los siguientes derechos (ARCO):
- Acceso: conocer sus datos personales objeto de tratamiento y la información que la normativa reconoce respecto de dicho tratamiento.
- Rectificación: solicitar la corrección, actualización o inclusión de sus datos cuando sean inexactos, erróneos, falsos, incompletos o se encuentren desactualizados.
- Cancelación: solicitar la supresión de sus datos cuando concurran los supuestos legalmente establecidos.
- Oposición: oponerse al tratamiento de sus datos cuando se cumplan los presupuestos previstos en la norma.
No obstante, cada derecho tiene un objeto y alcance específico. Su ejercicio no puede interpretarse como una facultad irrestricta para acceder a toda la información que integra una denuncia, conocer la identidad de quienes intervinieron en ella o disponer de la documentación generada durante una investigación interna.
7. 1. Derecho de acceso: conocer los datos propios no significa acceder a la denuncia
El derecho de acceso permite al titular conocer sus datos personales objeto de tratamiento y determinada información sobre las operaciones realizadas con ellos. Sin embargo, no equivale a un derecho de acceso irrestricto a los documentos que contienen dichos datos ni al expediente de una investigación interna.
Al respecto, el artículo 75 del Reglamento de la LPDP, aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, establece que, mediante el ejercicio de este derecho, el titular puede conocer:
- Sus datos personales objeto de tratamiento.
- La forma en que sus datos personales fueron recopilados.
- Las razones que motivaron la recopilación.
- La indicación de a solicitud de quién se realizó la recopilación.
- Las transferencias realizadas o previstas.
Asimismo, el numeral 75.2 establece que, al amparo del derecho de acceso, no se puede obtener información o documentación que, aunque corresponda al titular, no se encuentre estrictamente comprendida en los supuestos antes señalados. Por su parte, el artículo 78 dispone que la información proporcionada debe ser amplia y comprender los aspectos previstos en el artículo 75, pero que el informe no puede revelar datos personales pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
Esta distinción es fundamental: el derecho de acceso comprende los datos personales del reportado y la información sobre las condiciones de su tratamiento, pero no supone, por sí mismo, el derecho a obtener el documento original de la denuncia ni la totalidad de los actuados de la investigación interna.
En consecuencia, el ejercicio de este derecho no habilita automáticamente al reportado a obtener:
- La identidad del denunciante, cuando su revelación suponga comunicar datos personales de un tercero sin una justificación legal que lo permita.
- Los datos personales de testigos u otras personas involucradas.
- Las declaraciones de terceros prestadas en el marco de la investigación.
- La documentación aportada por otras personas, cuando contenga información protegida o datos de terceros.
- La totalidad del expediente de investigación interna.
Esto no significa que la organización pueda denegar de manera general cualquier solicitud de acceso invocando la confidencialidad del canal. Por el contrario, debe identificar los datos personales del solicitante y proporcionar la información que corresponda conforme a los artículos 75 y 78 del Reglamento. Cuando resulte necesario, podrá excluir o disociar los datos personales de terceros, de modo que se permita el acceso a la información del titular sin revelar información protegida.
Por ejemplo, si un colaborador es reportado por una posible conducta de corrupción y ejerce su derecho de acceso, la organización deberá informarle sobre los datos personales que trata y las condiciones de dicho tratamiento. Entre otros aspectos, deberá comunicarle la finalidad de la recopilación, que podría describirse en términos como los siguientes:
«Gestionar y ejecutar las actividades vinculadas al Sistema de Compliance de la empresa, incluyendo la prevención, detección, evaluación y atención de posibles incumplimientos legales, regulatorios, éticos y de las políticas internas».
La respuesta deberá ser clara y comprender la información exigida por el Reglamento, sin que ello implique necesariamente entregar la denuncia original o revelar la identidad de terceros.
En el ámbito de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (SPLAFT), debe observarse el deber de reserva previsto en el artículo 12 de la Ley N.° 27693. Dicha norma impone a los sujetos obligados y a sus colaboradores la prohibición expresa de poner en conocimiento del titular o de cualquier tercero (anti-tipping off) el hecho de que determinada información ha sido requerida o remitida a la UIF-Perú, garantizando el carácter estrictamente reservado del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y de sus actuaciones conexas.
En consecuencia, cuando la solicitud de acceso formulada por la persona reportada comprenda información protegida por este deber de reserva, la organización deberá denegar su entrega. No obstante, esta restricción debe limitarse a la información efectivamente comprendida en dicho deber, sin extenderse automáticamente a la totalidad de los datos personales que la entidad mantiene sobre el titular.
7.2. Rectificación: corregir datos no equivale a alterar o editar los hechos denunciados
El derecho de rectificación protege el principio de calidad de la información, garantizando que los datos personales objeto de tratamiento sean exactos, veraces, completos y actualizados. Conforme a la sistematización del Reglamento de la LPDP, este derecho se materializa formalmente a través de tres modalidades:
- Actualización (Art. 79): modificación de datos que han quedado desfasados (ej. cambio de domicilio o de puesto laboral).
- Rectificación (Art. 80): corrección de datos objetivamente inexactos, erróneos o falsos (ej. error tipográfico en el número de DNI o en la fecha de ingreso).
- Inclusión (Art. 81): incorporación de datos faltantes u omitidos que resulten relevantes para la finalidad del tratamiento.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho no faculta al investigado a exigir que la organización modifique la narrativa de una denuncia o altere los hechos reportados por el solo hecho de no coincidir con ellos o discrepar de la valoración efectuada por el informante.
Si un reporte atribuye a un colaborador una posible conducta irregular, la veracidad de las imputaciones y el contexto en que ocurrieron constituyen el objeto mismo de la investigación interna. El derecho de rectificación protege la veracidad del dato personal, pero no convierte al titular en editor de los testimonios de terceros ni le permite sustituir unilateralmente los actuados del procedimiento.
Naturalmente, si en el curso del procedimiento o al término de la investigación se verifica la falsedad o inexactitud de determinado dato atribuido al titular, la organización tiene el deber de actualizarlo o rectificarlo de oficio o a pedido de parte, evitando conservar como cierta información que haya sido invalidada o desvirtuada.
7.3. Cancelación: solicitar la supresión no significa eliminar la investigación ni sus antecedentes
El derecho de cancelación o supresión, regulado en el artículo 82 del Reglamento de la LPDP, faculta al titular a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recopilados, haya vencido el plazo establecido para su tratamiento, se haya revocado el consentimiento o concurra alguno de los demás supuestos previstos en la normativa.
En ese sentido, la persona reportada o investigada no puede exigir la supresión automática de sus datos personales por el solo hecho de encontrarse comprendida en una investigación de Compliance. La organización deberá evaluar si subsisten razones legítimas que justifiquen su conservación, como la conclusión y documentación de la investigación, el cumplimiento de obligaciones legales o la atención de eventuales responsabilidades.
Sin embargo, ello tampoco habilita a la organización a conservar indefinidamente la información recopilada. De acuerdo con los principios de finalidad y proporcionalidad, los datos deben mantenerse únicamente durante el tiempo necesario para cumplir los fines que justificaron su tratamiento o mientras exista una obligación legal que sustente su conservación.
Por ello, las organizaciones deben establecer plazos de conservación para los expedientes de denuncia y mecanismos periódicos de revisión y depuración. Cuando los datos dejen de ser necesarios y no exista una obligación legal que justifique mantenerlos, corresponderá su supresión. Si resulta pertinente conservar información para fines estadísticos o de mejora del sistema de cumplimiento, podrá recurrirse a técnicas de anonimización o disociación, según corresponda.
7.4. Oposición: oponerse al tratamiento no equivale a paralizar las actuaciones de Compliance
El derecho de oposición, regulado en el artículo 86 del Reglamento de la LPDP, faculta al titular a solicitar que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o que se cese en él. Su ejercicio está sujeto a supuestos específicos: que los datos provengan de fuentes de acceso público y hayan sido recopilados sin su consentimiento (artículo 86.1); que existan motivos fundados y legítimos vinculados con una situación personal concreta (artículo 86.2); o que el tratamiento esté destinado a fines publicitarios o de perfilamiento (artículo 86.4), conforme a los supuestos previstos en el propio artículo.
En consecuencia, la sola disconformidad de la persona reportada o investigada con el tratamiento de sus datos, o con el hecho de ser objeto de una investigación interna, no obliga a la organización a paralizar o suspender automáticamente las actuaciones de Compliance.
Cuando el tratamiento de datos personales se encuentra amparado en una excepción legal al consentimiento -como puede ocurrir con las actividades de prevención de delitos en el marco de la Ley N.° 30424 o con el cumplimiento de las obligaciones del SPLAFT-, ello no implica que el titular pierda su derecho de oposición. Sin embargo, el solo hecho de manifestar su desacuerdo con la investigación no constituye, por sí mismo, un motivo suficiente para exigir el cese del tratamiento. La organización deberá evaluar si la solicitud se encuentra comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 86 del Reglamento.
Ello no exime a la organización de atender y resolver la solicitud dentro de los plazos legales. Para ello, deberá emitir una respuesta debidamente fundamentada, considerando la habilitación legal del tratamiento y su necesidad, pertinencia y proporcionalidad respecto de las finalidades de prevención, detección e investigación de posibles ilícitos o incumplimientos.
8. ¿Debe informarse al reportado que existe una denuncia en su contra?
La recepción de una denuncia a través del canal de denuncias no genera, por sí sola, la obligación de comunicar al denunciado la existencia del reporte, entregarle una copia de la denuncia o revelar la identidad del informante. Una comunicación temprana podría afectar las indagaciones preliminares, dificultar la obtención de evidencia o exponer al denunciante y a terceros a posibles represalias. Asimismo, el tratamiento de los datos personales del denunciado puede ampararse en la excepción al consentimiento prevista en el numeral 10 del artículo 14 de la LPDP cuando se encuentre vinculado a asuntos de Compliance Penal. Ello, sin embargo, no exime a la organización del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos personales.
En ese sentido, la reserva propia de las actuaciones de investigación no excluye el deber de información regulado en el artículo 18 de la LPDP y desarrollado en el artículo 6 de su Reglamento. En particular, cuando los datos personales no hayan sido obtenidos directamente de su titular, el numeral 6.2 establece que la organización debe estar en condiciones de informar, en el primer contacto y a requerimiento de este, la fuente de la que fueron recopilados. Por ello, cuando corresponda, podrá indicarse que los datos fueron obtenidos en el marco de la gestión del sistema de Compliance Penal, sin que ello implique revelar la identidad del informante.
Ahora bien, el deber de información no supone que el denunciado tenga un derecho irrestricto de acceso al expediente de investigación. Las solicitudes que presente deberán evaluarse conforme a los alcances y límites previstos en los artículos 75 y 78 del Reglamento, proporcionando los datos personales que le conciernan y la información sobre su tratamiento que corresponda, sin afectar los derechos de terceros ni entregar la totalidad de los documentos o actuaciones que integran la investigación.
Finalmente, si la investigación involucra información sujeta al régimen del SPLAFT, deberá observarse el deber de reserva previsto en el artículo 12 de la Ley N.º 27693. En particular, no podrá revelarse que determinada información ha sido solicitada o comunicada a la UIF-Perú.
9. ¿Qué ocurre si el reporte no tiene relación con Compliance Penal?
No toda comunicación recibida a través de un canal de denuncias se encuentra necesariamente comprendida dentro del ámbito de actuación del sistema de Compliance Penal. Precisamente, una de las finalidades de la evaluación preliminar es determinar si los hechos reportados guardan relación con el Modelo de Prevención de Delitos, el SPLAFT u otras materias comprendidas en el sistema de prevención. Solo a partir de dicha evaluación podrá definirse si corresponde continuar con la gestión del reporte o disponer su cierre por carecer de conexión con tales finalidades.
Por ejemplo, podría recibirse un reporte indicando que un colaborador mantiene ideologías o pensamientos extremistas. Si bien esta información puede ser objeto de revisión inicial, ello no implica necesariamente que se encuentre dentro del ámbito del sistema de Compliance Penal. En efecto, si se concluye que el reporte se refiere únicamente a opiniones o convicciones personales sin relación con riesgos, delitos o incumplimientos relevantes para el MPD, el SPLAFT o las políticas internas de la organización, no corresponderá continuar su gestión bajo el canal de denuncias.
En estos casos, la organización deberá evaluar si existe alguna otra razón legítima u obligación legal que justifique la conservación de los datos personales recopilados. De no existir tal fundamento, corresponderá proceder a su supresión, de conformidad con el principio de finalidad y con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 28 de la LPDP y el artículo 82 de su Reglamento. Ello no impide conservar un registro mínimo de la evaluación realizada y de la decisión de cierre del reporte, siempre que dicha conservación responda a una finalidad legítima y respete los principios de necesidad y proporcionalidad.
Esta evaluación adquiere especial relevancia cuando el reporte contiene datos sensibles, como información relativa a las convicciones políticas, religiosas o filosóficas de una persona. La recepción de estos datos durante la fase de evaluación preliminar no autoriza su utilización o conservación para fines distintos de aquellos que justificaron su recopilación. Por ello, la organización debe adoptar medidas para evitar que el canal de denuncias se convierta en un mecanismo de almacenamiento de información personal sin una finalidad legítima.
10. ¿Puede conservarse la información para otros fines?
Sí. La supresión de los datos personales identificables no impide que la organización conserve información derivada de la gestión del canal de denuncias para fines estadísticos, de auditoría, monitoreo, supervisión y mejora continua de sus mecanismos de Compliance Penal, siempre que dicha información no permita identificar a las personas involucradas.
En la práctica, resulta necesario consolidar y analizar indicadores de gestión, tales como:
- El volumen de reportes recibidos en determinados períodos.
- La tipología de las conductas reportadas (corrupción, conflictos de interés, fraude corporativo, LA/FT, entre otras).
- Las áreas, sedes o procesos con mayor recurrencia de alertas.
- Los tiempos de atención, evaluación y cierre de los casos.
- Los resultados generales de las investigaciones y las tendencias identificadas en la matriz de riesgos.
Para ello, la organización deberá aplicar medidas de anonimización sobre los expedientes o registros correspondientes, de modo que se eliminen de forma irreversible los elementos directos e indirectos que permitan identificar a denunciantes, denunciados u otras personas involucradas. Una vez anonimizada, la información podrá conservarse y utilizarse para los fines descritos, en la medida en que ya no permita la identificación de personas determinadas o determinables.
Conclusiones
- Los canales de denuncias constituyen una herramienta fundamental para la prevención y detección de delitos en el ámbito del Compliance Penal, tanto en el marco del Modelo de Prevención regulado por la Ley N.º 30424 como en los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su funcionamiento implica necesariamente el tratamiento de datos personales de denunciantes, personas reportadas, testigos y otros terceros. Dicho tratamiento puede encontrarse amparado en la excepción al consentimiento prevista en el numeral 10 del artículo 14 de la Ley N.º 29733, siempre que responda a las finalidades y condiciones establecidas por dicha disposición.
- Esta habilitación no exime a las organizaciones del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales ni implica la pérdida de derechos por parte de las personas reportadas. Estas mantienen el ejercicio de sus derechos ARCO, los cuales deben ser atendidos conforme a su finalidad y a los límites previstos en el ordenamiento jurídico.
- En particular, el derecho de acceso no otorga automáticamente a la persona reportada la facultad de obtener el expediente íntegro de la denuncia, conocer la identidad del informante o acceder irrestrictamente a declaraciones y datos personales de terceros. Su alcance comprende el acceso a los propios datos personales y a la información relativa a su tratamiento, sin perjuicio de las restricciones necesarias para proteger los derechos de otras personas y la integridad de las investigaciones internas.
- La mera recepción de una denuncia tampoco justifica la conservación indefinida de la información recopilada. Las organizaciones deben evaluar permanentemente la pertinencia de los datos tratados respecto de las finalidades que motivaron su recopilación, definir períodos de conservación razonables y suprimir aquella información que haya dejado de ser necesaria, salvo que exista una obligación legal o una finalidad legítima que justifique su conservación.
- Finalmente, el canal de denuncias cumple también una función de evaluación preliminar destinada a determinar si los hechos reportados se encuentran dentro del ámbito de actuación del sistema de Compliance Penal. Cuando se concluya que una comunicación no guarda relación con el Modelo de Prevención de Delitos, el SPLAFT u otras finalidades legítimas del sistema, no corresponderá continuar su gestión bajo dicho mecanismo. En tal caso, la organización deberá evaluar si existe alguna otra finalidad legítima u obligación legal que justifique la conservación de los datos personales recopilados; de no existir tal fundamento, corresponderá proceder a su supresión.
- En definitiva, la existencia de un canal de denuncias no habilita un tratamiento irrestricto de datos personales ni confiere a las personas reportadas un derecho ilimitado de acceso a la información vinculada con una investigación. Las organizaciones deben gestionar estos mecanismos de manera que se preserve tanto su eficacia y confidencialidad como el adecuado nivel de protección de los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos personales.
Referencias
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Menéndez Conca, L. G. (2025). La importancia del canal de denuncias en el criminal compliance: Elemento necesario para lograr la exención de responsabilidad «penal» en que pueden incurrir las personas jurídicas por los delitos cometidos en su seno. En J. León Alapont (Dir.), Canales de denuncia en el sector público y privado: Whistleblowing y protección del informante (aspectos penales y procesales) (pp. 225–260). Editorial Colex.
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