Derechos Humanos

Los recursos de agravio constitucional y su uso estratégico en la defensa de los derechos humanos

Por Daniel Figallo Rivadeneyra, Socio de las áreas de Derecho Administrativo y Regulatorio y Solución de Controversias de Benites, Vargas & Ugaz Abogados. Fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Viceministro de Justicia y miembro del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Lucero Erazo Utrilla, Asociada del área de Solución de Controversias de Benites, Vargas & Ugaz Abogados.  Actualmente es adjunta de Docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Recurso de Agravio Constitucional: Un recurso para la apertura de la interpretación constitucional en favor de los derechos fundamentales La transición del Estado Legal al Estado Constitucional, lejos de reducirse a una cuestión terminológica, implica un cambio del paradigma normativo donde la Constitución deja

La fragilidad de la buena fe en la negociación de los tratados: alcances y límites

«La buena fe en la negociación es una obligación internacional capaz de generar responsabilidad. No obstante, su efectividad padece de una fragilidad estructural. Esta debilidad se manifiesta, en primer lugar, en el hecho de que no esté consagrado de forma escrita en algún tratado multilateral. Pese a la inexistencia de una jerarquía formal entre las fuentes del derecho internacional, la práctica internacional revela una marcada inclinación de los Estados hacia el cumplimiento de obligaciones contenidas en instrumentos escritos».

El control de convencionalidad y la Ley N.º 32419: Tensiones entre soberanía, compromisos internacionales y el estándar interamericano de derechos humanos

“Por su naturaleza el ejercicio del control de convencionalidad no depende únicamente de la voluntad de las partes, sino que corresponde de manera obligatoria y oficiosa a todos los jueces y autoridades públicas del Estado. En esa medida, su alcance no es exclusivamente jurisdiccional, sino también administrativo y legislativo, configurándose como un parámetro transversal de actuación estatal.”

Editorial | Flexibilización laboral en Argentina: ¿Reforma necesaria o retroceso en la protección del trabajador?

Por Enfoque Derecho 1. Introducción En Argentina, la protección del trabajador se ha estructurado históricamente sobre la base de un conjunto de principios tuitivos destinados a corregir la desigualdad propia de la relación laboral. Sin embargo, la promulgación de la denominada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), mediante el Decreto 137/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ha reabierto un debate central en torno a la compatibilidad de ciertas reformas estructurales con los fundamentos del constitucionalismo social vigente. La norma introduce modificaciones de alcance transversal en el régimen laboral argentino, alterando institutos centrales del derecho individual y colectivo del trabajo que se encontraban consolidados desde la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (en

Trata de personas y esclavitud laboral en el Perú: Análisis a propósito del caso Nicolini

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad

¿Es jurídicamente legítima una intervención extranjera frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela?

El Derecho Internacional contemporáneo ofrece herramientas normativas que permiten relativizar la soberanía cuando el propio Estado incumple de manera manifiesta su responsabilidad básica de proteger a la población. La doctrina de la Responsabilidad de Proteger, junto con las obligaciones erga omnes derivadas de los crímenes internacionales, refuerza la idea de que la inacción frente a violaciones graves no constituye una opción jurídicamente neutra, sino una forma de tolerancia incompatible con los fines del orden internacional.

Editorial | Contra la memoria y la verdad: Comentarios a la ley que concede amnistía a los miembros de las fuerzas del orden

Por Enfoque Derecho “El acceso efectivo a la justicia puede, por tanto, considerarse como el más básico requisito –el ‘derecho humano’ más básico– de un sistema legal moderno e igualitario que pretenda garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos legales de todos” – Mauro Cappelletti y Bryant G. Garth INTRODUCCIÓN El 13 de agosto del 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa presentada por la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, la cual concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado, que se encuentran sin sentencia firme por los casos vinculados a la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000. La presente ley fue impulsada por Jorge

Justos pagan por pecadores: Las restricciones al uso de motocicletas impuestas por el Estado peruano

Por Enfoque Derecho Introducción La inseguridad ciudadana es un problema estructural que adolece el Perú desde hace casi 30 años. Con la caída del terrorismo en los años 90´s, se pensó que este escenario de inseguridad que aquejaba a la sociedad peruana había sido superado. Sin embargo, con el término de este episodio en la historia del país, un nuevo fenómeno estaba gestándose en el periodo pos-terrorismo: la violencia delincuencial.[1] Este fenómeno planteó nuevos retos para la política de seguridad del país, ya que su eje central no sería más la subversión, que posee ciertas características que la hacen identificable, sino la delincuencia común que no obedece a criterios organizacionales ni a bases ideológicas profundas, lo que dificulta la elaboración de