Editoriales

Esta semana, el Poder Judicial ha sido escenario de un nuevo escándalo después de que Sandra Castro Castillo, fiscal contra la criminalidad organizada del Callao, revelara en un informe que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también sería parte de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Según la investigación de Castro, que fue realizada en base a los audios de la corrupción y declaraciones de colaboradores eficaces, también ocho jueces y fiscales supremos, y cinco integrantes del CNM formarían parte de esta red criminal. Esta situación ha motivado que distintas voces de la opinión pública soliciten la remoción de la Junta de Fiscales Supremos, especialmente del titular Pedro Chávarri. Los argumentos que se esgrimen a favor

Venezuela atraviesa una de sus etapas más difíciles en medio de una crisis que ha hecho insostenible la vida en el país y ha obligado a migrar a miles de ciudadanos. Estos se han establecido en diferentes países de Latinoamérica en búsqueda de  vivienda y trabajo, de los que se ven privados en su país debido a la inestabilidad política, social y económica generada por la dictadura. El número de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera con Ecuador incrementa constantemente al ser esta una de las vías más accesibles para llegar a los demás países de la región; es así que esta semana el país del norte ha decidido limitar el pase a quienes cuenten con pasaporte válido y vigente

Como lo prometió en su mensaje presidencial, Martín Vizcarra entregó los once proyectos de reforma política al Congreso de la República. Las iniciativas abordan en su mayoría la reforma del sistema de justicia; sin embargo, los últimos tres proyectos se centran en la búsqueda de una reforma política. De estos últimos, una propuesta relevante es la que aborda directamente un tema que, a lo largo de los años, se ha visto prorrogado: el financiamiento de los partidos políticos. Se espera que esta y las otras propuestas sean presentadas al Congreso para que sean sometidas a referéndum popular antes de fin de año. Se trata del Proyecto de Ley N° 3186-2018: «Ley de Reforma Constitucional que regula el financiamiento de organizaciones

Los recientes audios difundidos por IDL Reporteros han mostrado a la población que no solo jueces y miembros del CNM se encuentran involucrados en presuntas prácticas corruptas, sino también algunos miembros del Congreso de la República. Los audios involucran al congresista Mauricio Mulder, a quien se le escucha dialogando con el juez Hinostroza para acordar una reunión con el presidente del JNE; y a Héctor Becerril, quien se reunió con un miembro del CNM en la casa de Guido Aguila para persuadirlo de votar a favor del consejero Julio Rodríguez para la presidencia de este Organismo Constitucional Autónomo. Al respecto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha decidido admitir a trámite la acusación constitucional contra Héctor Becerril; mientras que algunas bancadas

Los audios expuestos por IDL-Reporteros evidencian la red de corrupción en la que se encuentra el sistema judicial peruano, especialmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Debido a que las conversaciones involucran a los mismos consejeros del CNM, el Presidente Vizcarra solicitó esta semana una sesión extraordinaria al pleno del Congreso de la República para que este pudiera remover a todos los miembros que comprenden la institución en uso de las facultades conferidas por el artículo 157° de la Constitución Política. Luego de ello, se presentó la iniciativa legislativa N°3216/2017-CR mediante la cual se propone la declaración de emergencia del CNM por nueve meses; esta debe considerar una reestructuración del funcionamiento integral del la institución. Otra de las propuestas es

El 15 de junio del presente año, el Congreso de la República aprobó una polémica Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano (Ley N° 30793), mediante la cual se prohíbe al Ejecutivo realizar publicidad a través de medios privados. Esta norma ha generado una serie de cuestionamientos por su aparente inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta ley? ¿Qué derechos están siendo afectados? ¿Es una medida legítima constitucionalmente? En el presente editorial, abordaremos tales interrogantes. Esta ley tiene como objetivo principal evitar el derroche de recursos públicos y también impedir que esta publicidad pueda ser usada para beneficios particulares. Quienes argumentan en favor de ella señalan que el Estado no dejaría de brindar