El archivamiento del caso de violación sexual a una practicante de Derecho ha puesto nuevamente en evidencia las carencias del sistema judicial peruano y ha demostrado su ajenidad a uno de los problemas sociales más severos: la violencia de género.
La primera vez que se observó el caso fue en el 2005 cuando la víctima denunció por violación sexual a uno de los abogados del estudio en el que practicaba. Luego de realizar las investigaciones, en el 2006 la Fiscalía determinó que no procedía la denuncia, ya que no había pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra el acusado. En las motivaciones para adoptar la decisión se tomó en cuenta factores como el estado de ebriedad de la víctima, su edad, el tiempo que se tardó en presentar la denuncia, así como el tiempo que permaneció trabajando en el estudio luego de la violación. Finalmente en el 2007 la Segunda Fiscalía Superior de Lima concordó con ello y se archivó la denuncia.
A pesar de todo ello, en el 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre las decisiones tomadas el Ministerio Público y, luego de determinar una falta de motivación, ordenó que se vuelva a aperturar el caso y así poder realizar nuevamente las investigaciones pertinentes. Sin embargo, este ha sido nuevamente archivado por la Fiscalía sin una adecuada valoración de las pruebas y los hechos del caso.
El contenido del derecho al acceso a la justicia exige una motivación y una valoración adecuada de las pruebas dependiendo del caso concreto y de las especificidades del delito en cuestión. En los casos de violación sexual, la valoración de la prueba debe estar guiada por un enfoque de género, lo cual implica una valoración desvinculada de prejuicios de género y entendiendo la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres. Esto último genera, por ejemplo, que se deba prestar especial atención o relevancia al testimonio de la víctima, considerando además que los delitos de violación sexual se cometen en entornos privados, en los que generalmente no hay testigos. Así mismo, el enfoque de género es importante también debido a que el procedimiento para obtener las pruebas implica muchas veces el contacto con la víctima a través conversaciones con los operadores de justicia, evaluaciones psicológicas, etc.
Lamentablemente, los operadores de justicia y agentes policiales no cuentan con una capacitación adecuada para responder ante este tipo de delitos. En nuestro país son recurrentes las quejas sobre los exámenes médicos legales que se les practican a las víctimas, dado que el personal encargado realiza preguntas innecesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos, las cuales se encuentran ligadas a estereotipos femeninos de exclusividad sexual y “virginidad”. Claro ejemplo de ello son las preguntas que hechas a las víctimas tales como ¿eras virgen?, ¿lo sedujiste?, ¿tenías pareja?, entre otras. [1] En el caso de los agentes policiales, es frecuente que al momento de hacer las investigaciones preliminares suelan realizar preguntas o conclusiones basadas en estereotipos de género: ¿qué le habrás hecho?, ¿cómo estabas vestida?, ¿qué hacías sola a esa hora? Toda esta situación genera que haya una revictimización hacia las víctimas al intentar dar cuenta o denunciar estas agresiones en las dependencias policiales y hasta en las judiciales. [2]
La justicia no está respondiendo de forma idónea a los casos de violación sexual. Es importante capacitar a las operadores de justicia para que respondan y atiendan de manera adecuada a este tipo de delitos, ya que la intervención de los operadores, lejos de ayudar al esclarecimiento de los hechos delictivos, solo revictimiza a las mujeres y promueve que desistan en su denuncia. Por otro lado, la valoración de la prueba en casos de violación sexual debe ser una valoración especial, que considere las características del delito en cuestión así como las circunstancias del caso en concreto. Esta valoración debe guiarse de un enfoque de género, desvinculado de prejuicios sexuales y entendiendo la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Todo lo mencionado con el fin de brindar justicia a las víctimas de la violencia de género, que es uno de los principales problemas que azotan a nuestra sociedad.
[1] Defensoría del Pueblo (2000) La violencia sexual: un problema de seguridad ciudadana. Las voces de las víctimas.
[2] Macassi 2005 El miedo a la calle. La seguridad de las mujeres en la ciudad
