Editoriales

La inmunidad parlamentaria en tiempos de crisis

Los recientes audios difundidos por IDL Reporteros han mostrado a la población que no solo jueces y miembros del CNM se encuentran involucrados en presuntas prácticas corruptas, sino también algunos miembros del Congreso de la República. Los audios involucran al congresista Mauricio Mulder, a quien se le escucha dialogando con el juez Hinostroza para acordar una reunión con el presidente del JNE; y a Héctor Becerril, quien se reunió con un miembro del CNM en la casa de Guido Aguila para persuadirlo de votar a favor del consejero Julio Rodríguez para la presidencia de este Organismo Constitucional Autónomo. Al respecto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha decidido admitir a trámite la acusación constitucional contra Héctor Becerril; mientras que algunas bancadas

Cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura

Los audios expuestos por IDL-Reporteros evidencian la red de corrupción en la que se encuentra el sistema judicial peruano, especialmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Debido a que las conversaciones involucran a los mismos consejeros del CNM, el Presidente Vizcarra solicitó esta semana una sesión extraordinaria al pleno del Congreso de la República para que este pudiera remover a todos los miembros que comprenden la institución en uso de las facultades conferidas por el artículo 157° de la Constitución Política. Luego de ello, se presentó la iniciativa legislativa N°3216/2017-CR mediante la cual se propone la declaración de emergencia del CNM por nueve meses; esta debe considerar una reestructuración del funcionamiento integral del la institución. Otra de las propuestas es

¿Una escucha ilegal?

Los audios que revelan negociaciones ilícitas e implican a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han causado revuelo en las esferas políticas y sociales del país. Con dichas grabaciones, se revela una estructura de corrupción que involucra altas autoridades de nuestro país, demostrando que para conseguir el cargo de funcionario público en el Perú muchas veces no se requiere de mérito, sino de contactos y también que los operadores de justicia no necesariamente actúan con imparcialidad en aras de tutelar los derechos de los ciudadanos, sino más bien para satisfacer intereses personales y políticos. Estos audios se obtuvieron como parte de una investigación que comenzó en julio del año pasado, en la que se buscaba conocer

Editorial: Una prueba con enfoque distinto

El archivamiento del caso de violación sexual a una practicante de Derecho ha puesto nuevamente en evidencia las carencias del sistema judicial peruano y ha demostrado su ajenidad a uno de los problemas sociales más severos: la violencia de género. La primera vez que se observó el caso fue en el 2005 cuando la víctima denunció por violación sexual a uno de los abogados del estudio en el que practicaba. Luego de realizar las investigaciones, en el 2006 la Fiscalía determinó que no procedía la denuncia, ya que no había pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra el acusado. En las motivaciones para adoptar la decisión se tomó en cuenta factores como el estado de ebriedad de la víctima,

¿Hasta donde “enseña” el Estado?

En la última semana, se difundió el contenido de los textos escolares elaborados por el Ministerio de Educación, los cuales fueron altamente cuestionados. Sucede que en dichos textos se incluyen expresiones que atentan contra la libertad sexual y de género; asimismo, al desarrollar el tema del terrorismo ocurrido en nuestro país, se omiten las violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. De igual manera, la inclusión de textos como ‘’La virginidad conservada’’ y ‘’¿Podemos resistir la tentación?’’, que reflejarían un pensamiento religioso y machista, han sido otra de las causas de las constantes críticas. [1] Estas modificaciones en el material educativo fueron discutidas con miembros de la bancada fujimorista y del colectivo “Con mis hijos no te metas”.

¿Censurando al Estado? Sobre la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados

El 15 de junio del presente año, el Congreso de la República aprobó una polémica Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano (Ley N° 30793), mediante la cual se prohíbe al Ejecutivo realizar publicidad a través de medios privados. Esta norma ha generado una serie de cuestionamientos por su aparente inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta ley? ¿Qué derechos están siendo afectados? ¿Es una medida legítima constitucionalmente? En el presente editorial, abordaremos tales interrogantes. Esta ley tiene como objetivo principal evitar el derroche de recursos públicos y también impedir que esta publicidad pueda ser usada para beneficios particulares. Quienes argumentan en favor de ella señalan que el Estado no dejaría de brindar

El efecto inverso: ¿Hacia dónde apuntan los recientes aumentos del ISC?

El pasado 10 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, modificaron la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de diversos productos como las bebidas alcohólicas y azucaradas, el tabaco, los combustibles, etc. La razón de este aumento es que, según sostienen estas instituciones, las afectaciones que estos productos generan a la salud y al medio ambiente han ocasionado que el Estado no cuente con recursos suficientes. Ha habido diversas críticas a esta medida por parte de un sector de la opinión pública, principalmente debido a que sostienen que esta medida no logra alcanzar los objetivos que se propone: reducir la afectación que estos productos causan

Marcha por la libertad: sobre la polémica en torno a la penalización del aborto

Este sábado se realizó la sexta marcha por la vida promovida por diversas organizaciones y por el arzobispado de Lima, en la cual participaron alrededor de 800 mil personas manifestando su rechazo al aborto y reclamando el respeto hacia el derecho a la vida y la familia. A partir de ello, se reactivó el debate en torno a si se debería despenalizar el aborto en el Perú. En ese sentido, el presente editorial abarcará las razones por las que se debería despenalizar el aborto en todos los casos y las regulaciones al respecto. En primer lugar, la penalización del aborto en el Perú no ha cumplido su objetivo de disuadir a las mujeres para que no aborten. Según datos presentados

No es el momento: el proyecto de ley que exige 3 años de militancia para participar en elecciones

El pasado martes 17 de abril, en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, el congresista aprista Mauricio Mulder solicitó que su proyecto de ley N° 482/2016, “Ley de Fortalecimiento de los Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios”, presentado el 5 de octubre de 2016, sea aprobado inmediatamente. Esta propuesta plantea, entre otras limitaciones, establecer como requisito para postular a la presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino la militancia previa de tres años en un partido político. En ese mismo sentido, el congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, presentó el 5 de diciembre de 2017, el proyecto de ley N° 2214/2017, mediante el cual propone que “para inscribirse como candidatos, los afiliados deben contar como

El conflicto sanmarquino: la necesidad de la prevención antes de llegar a una situación de crisis

Recientemente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos consiguió el licenciamiento por parte de la SUNEDU, ello en el marco de la nueva ley universitaria. No obstante, aún existen algunos temas que generan conflicto entre diversos actores de la comunidad universitaria. Los estudiantes de dicha casa de estudios señalan que su universidad no cuenta con los estándares básicos de calidad, exigidos justamente para obtener el licenciamiento. Como parte de esta reforma universitaria, la Decana de América ha implementado los “Estudios Generales”. Este nuevo plan de estudio, cuyos beneficios son reconocidos por los propios estudiantes, no ha sido implementado de forma adecuada. Siendo así, los universitarios exigían la suspensión en la implementación de los Estudios Generales hasta que se cuente con