Editoriales

Actualmente en diversos países del mundo podemos apreciar un amplio debate sobre el reconocimiento y protección de los derechos de los homosexuales, en miras de revertir la histórica segregación que afecta gravemente a estas personas en el libre desarrollo de su personalidad. Evidentemente, esta controversia varía según la coyuntura de cada país y por ende existen numerosos sistemas jurídicos que regulan de forma muy distinta este asunto. Un caso reciente es la nueva legislación que planea implementar Uganda, país ubicado en África del Este, donde el 20 de diciembre del año pasado el Parlamento emitió un proyecto de ley que sanciona las relaciones homosexuales con una pena de 14 años de cárcel e incluso impone cadena perpetua en su “modalidad agravada”. Esta iniciativa aún no es aprobada por el presidente Yoweri Museveni, pero como era de esperarse ya ha recibido diversas críticas por parte de la comunidad internacional. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial abordaremos este tema a partir de un análisis político y jurídico de la situación para finalmente reflexionar sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de medidas y la necesidad de erradicarlas.

“Vamos a luchar con toda la fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras. Ladre quien ladre compañeros”. Así se expresó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sobre el dibujo publicado por el conocido caricaturista Xavier Bonilla, mientras emitía su tradicional programa televisivo «Enlace Ciudadano». Días después, «Bonil», como es comúnmente conocido, afrontaba una investigación dirigida por la Superintendencia de Información y Comunicación quienes lo acusaban de apoyar una supuesta «agitación social» que deslegitimaba a la autoridad. Las imágenes muestran el allanamiento sufrido por el asesor político, Fernando Villavicencio, quien supuestamente habría sido acusado de “hackear” correos presidenciales. Sin embargo, el detonante que encendió la cólera del presidente, fue que este personaje, que ‘causalmente’ meses atrás publicó una investigación sobre las redes de corrupción petrolera entre el Ecuador y otros países, aparecía como una víctima del allanamiento por parte de la Policía y Fiscalía quienes confiscaban las denuncias de corrupción que éste teóricamente guardaba en su hogar. Bonil fue obligado a rectificarse, lo que inmediatamente, desató una polémica en torno al tema de una libertad de expresión coartada en el país vecino.

Hace unas semanas, varios medios de comunicación denunciaron un caso de discriminación en la playa de Naplo. Las imágenes mostraban una soga que dividía la playa e impedía que los no residentes ingresen, creando una suerte de “zona privada” resguardada por vigilantes. En su defensa, los residentes intentaron –fallidamente- justificar el hecho aduciendo era un tema de limpieza, pues los visitantes ensuciaban la playa que ellos tanto se esforzaban en mantener limpia. Como éste, salieron a la luz otros casos que dieron cuenta de una realidad que tristemente se da en las mal llamadas playas privadas. En hora buena, su difusión propició el que la Defensoría del Pueblo se pronunciara no sólo sobre la actitud de los ciudadanos, sino frente a la inacción de las autoridades competentes en velar por que ello no suceda. Y es que detrás de este caso, no sólo es preocupante el tema de la discriminación, sino otro del cual existe gran desconocimiento. Nos referimos al de las playas como espacios de dominio público y el derecho de todo ciudadano al libre tránsito (art.2-11).

El pasado lunes se promulgó la Ley No. 30151, cuya modificación del artículo 20, inciso 11, del Código Penal ha generado gran polémica. Quienes defienden la ley consideran se trata de una medida necesaria debido al sinnúmero de juicios considerados “injustos” a policías y militares que al momento de defenderse han hecho uso de armas distintas a las reglamentarias. Por el contrario, quienes la consideran innecesaria sostienen que nuestro ordenamiento jurídico ya prevé este tipo de situaciones. Somos partidarios de esta última postura; pero además, consideramos que se trata de una medida contraria a disposiciones internacionales, insuficiente por sí sola, y un peligro para derechos fundamentales como la vida e integridad humana.

El tema de la “concentración de medios” está nuevamente sobre el tapete. Ello a propósito de las polémicas declaraciones del presidente Ollanta Humala sobre la libertad de expresión en alusión a la asociación entre el grupo El Comercio y Epensa. La problemática se ha discutido desde varias aristas y aunque persista un enfrentamiento rígido entre las partes, es innegable señalar que si en algo coinciden es que un acaparamiento de medios –si existiese alguno- sería dañino para nuestra democracia. La pregunta, sin embargo, es si estamos o no frente a uno. No quisiéramos precipitarnos a responder, pero sí creemos necesario aportar al debate desde una perspectiva jurídica e informativa, en estricto, respecto al tan comentado artículo 61 de la Carta Magna.

Hace unos días se celebró la Navidad, la fiesta más importante para los seguidores de la religión católica, pues, aun cuando no hay consenso sobre la fecha exacta en la que vino al mundo, con ella se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Basta con prender la televisión o leer los periódicos para ver cómo distintas personalidades envían saludos aprovechando estas fiestas. No podía faltar entre éstos el del Presidente de la República, Ollanta Humala, y su familia deseando a la población una feliz Noche Buena. Y es que si bien para muchos la Natividad es motivo para reencontrarnos con los otros y compartir alegrías, aun quedamos quienes cuestionamos de ella la ideología del consumismo, pero más aún, la universalización de una fiesta religiosa amparada por un Estado que dice ser laico.

El pasado miércoles 18 de diciembre la Megacomisión encargada de investigar las incidencias del segundo gobierno de Alan García aprobó recomendar una acusación constitucional contra el ex presidente al encontrar indicios de participación en la concesión irregular de indultos y conmutaciones a sentenciados por narcotráfico durante su mandato. Entre las pruebas que sustentan esta posición se encuentran documentos que contienen la firma de García, en los que cuestiona las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, además de cartas donde se invita a los internos a solicitar indultos o conmutaciones.