Editoriales

El fallo emitido el viernes pasado por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en el que se declaró fundada la acción de amparo presentada por el ex Presidente de la República Alan García Pérez, por no habérsele otorgado las garantías de un debido proceso en las investigaciones seguidas en su contra por la llamada «Megacomisión» del Congreso, hacen notar una de las grandes debilidades de nuestro Parlamento.

A 21 años de la ‘captura del siglo’, la caída de Abimael Guzmán continúa removiendo puntos sensibles y abriendo viejas discusiones en relación a las décadas de violencia en el país.

El 3 de setiembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió un cuestionado fallo sobre el caso El Frontón. Las críticas no se hicieron esperar, en especial porque el máximo intérprete de la Constitución consideró que la multitudinaria ejecución extrajudicial no podía ser calificada como de lesa humanidad, tipificación que determinaría la imposibilidad de que éstos prescriban.

Si partimos de la premisa que cada individuo se encuentra en la mejor posición para decidir lo que le conviene hacer con su patrimonio, no cuesta mayor esfuerzo concluir que la norma no beneficiará a sus destinatarios, pues ignora los deseos individuales de cada persona en su situación particular.

Si bien en junio pasado la propuesta legislativa destinada a eliminar el voto preferencial fue archivada, la Comisión de Constitución y Reglamento ha anunciado, a buena hora, que insistirá en su aprobación en la medida que pueda ser tratada “desde nuevos puntos de vista”, según indicó el presidente de la Comisión, Omar Chehade.

No es ningún secreto que el Estado peruano desde siempre se ha caracterizado por su debilidad institucional y su rango de alcance limitado para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, tampoco nos ha sido ajeno el presenciar la aparición esporádica y hasta recurrente de múltiples manifestaciones, huelgas, tomas de calles y marchas protagonizadas por distintos sectores de la sociedad.

El término “derechos fundamentales del hombre” sugiere que son absolutos e inamovibles. Sin embargo, dentro de todo espectro social y político existen valores opuestos. Es decir, gran parte de los principios que condicionan y permiten el funcionamiento de una sociedad tienen una batalla constante con su antítesis.

El pasado 4 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados uruguaya el Proyecto de Ley que legalizó la venta, producción y distribución de cannabis, destinado al uso medicinal y recreacional. Ahora bien, ¿cómo la legalización de una sustancia psicoactiva podría formar parte de un política que busca, más bien, luchar contra el narcotráfico?

El pasado 17 de Julio se concretó uno de los más grandes pendientes para nuestro Congreso de la República: finalmente se escogieron los seis nuevos magistrados que requería el Tribunal Constitucional (TC), los tres nuevos directores para el Banco Central de Reserva (BCR) y a la nueva titular de la Defensoría del Pueblo (DP).