Penal

Modelos de intervención frente a (las causas de) la inseguridad

Libertad Interrumpida 13 diciembre, 2016 07:40

Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados.  Terminamos el año 2016 con un asunto de interés fundamental: ¿qué hacer frente a la inseguridad ciudadana en nuestro país? Existen dos grandes respuestas que dependen de cómo nos aproximemos a la criminalidad[1]. Si lo hacemos desde los síntomas, apelaremos al discurso de “la ley y el orden”[3]. Si lo hacemos desde las causas del crimen, acudiremos más bien a la respuesta de la “prevención social del delito”. 1. “La ley y el orden” Se trata de un discurso político que tiene como ejes principales la elevación de las sanciones penales, el impulso de investigaciones más invasivas, procesos

Alcances generales de la prueba electrónica

Data Reservada 16 noviembre, 2016 19:00

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. La prueba electrónica exige conocer las diversas formas en que se manifiestan los medios probatorios de carácter electrónico y especialmente comprender cómo funcionan los mecanismos que permiten asegurar que los datos recogidos en tales medios probatorios no han sido modificados indebidamente por las partes. Esto con el fin de alterar la realidad para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Desde una perspectiva de Derecho Procesal, en nuestro país no existe un procedimiento probatorio especial para valorar la prueba electrónica; es decir, para los medios de prueba electrónicos. Esto tiene sentido ya que la prueba electrónica no es diferente, en esencia, a la prueba

¿Lucha contra la corrupción?

EnfoqueDerecho.com 27 octubre, 2016 12:50

Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB. En los planes de gobierno de los tres partidos políticos con candidatos presidenciales que obtuvieron el mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones, la lucha contra la corrupción ocupaba un lugar privilegiado. Se mencionaba incluso como eje de reforma del Estado y se hablaba de una crisis en la administración pública y de justicia. Con dos de estas agrupaciones políticas liderando dos de los poderes del Estado -ejecutivo y legislativo- las medidas contra la corrupción parecían no tardar en llegar, más aún cuando el ejecutivo manifestó su interés en solicitar facultades al Congreso de la República para legislar en diversas materias, incluida la lucha

Los Drones y la privacidad: comentarios sobre el “Proyecto de Ley que Protege el Derecho a la Intimidad y a la Propiedad Privada del Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) con fines de registro de datos”

Data Reservada 19 octubre, 2016 18:56

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. Con fecha 19 de agosto de 2016, se publicó en la página web del Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 73/2016-CR “Ley que Protege el Derecho a la Intimidad y a la Propiedad Privada del Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) con fines de registro de datos” propuesto por el Congresista Miguel Elías Avalos del Grupo Parlamentario “Fuerza Popular”. Como cuestión previa, debemos felicitar y aplaudir la iniciativa del Congreso de la República por fomentar la promulgación de normas que protejan la privacidad de las personas, siendo conscientes que en pleno siglo XXI hemos visto un sinfín de casos en

¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes ambientales?

Francisco Mamani 13 octubre, 2016 19:20

A mediados de septiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó un documento titulado “Policy paper on case selection and prioritisation”, el cual orienta cómo la Oficina del Fiscal de la CPI ejerce sus facultades en la selección y priorización de casos. En la parte de criterios de selección, el texto indica que se prestará especial consideración a la persecución de los crímenes que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de tierras. A partir de ello, algunos medios de comunicación afirmaron que este documento permitiría que la CPI pueda juzgar crímenes ambientales, afirmación que no es del todo cierta. De acuerdo con el Estatuto de Roma, la CPI

Entrevista a Antonio Peña Jumpa: a propósito de la última sentencia relacionada al Baguazo

EnfoqueDerecho.com 6 octubre, 2016 15:39

Por Antonio Peña Jumpa, docente de Sociología y Derecho de la Facultad de Derecho de la PUCP y doctor por la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica.  ED: ¿Cuáles fueron los argumentos principales utilizados para absolver a las 52 personas entre indígenas y no indígenas de los delitos imputados por la Fiscalía que van desde Homicidio Agravado hasta Disturbios? APJ: En esta sentencia se ha absuelto a 52 personas. El proceso inició con 53, sin embargo una falleció. Además, esta sentencia hace referencia a 7 delitos, que van desde disturbios hasta los más graves, que pueden ser los de homicidio y lesiones graves. En realidad, lo que sustenta el tribunal es la falta de prueba para incriminarlos. Lo interesante es que

Acerca de la política, la seguridad ciudadana y la corrupción

Libertad Interrumpida 28 septiembre, 2016 12:17

Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados.  En el primer debate presidencial de este año en Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton señaló, con referencia a los problemas del sistema penal en dicho país, que “no podemos limitarnos a decir ´ley y orden´. Tenemos que presentar un plan”. Lo hizo frente a las destempladas afirmaciones de su contendor, quien nos hizo recordar a muchos políticos locales que también recurren al discurso firme y “encabritado” de la seguridad, pero a la hora de tomar acción no tienen idea de lo que ello significa o, lo que es peor, instauran medidas “eficaces” que constituyen graves violaciones

Apuntes breves sobre una sentencia histórica: el caso Accomarca

IDL en THEMIS 27 septiembre, 2016 11:29

Por Álvaro Másquez Salvador y Paulo Chávez Zúñiga, estudiantes de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, e integrantes del Instituto de Defensa Legal. 69 comuneros del distrito ayacuchano de Accomarca, entre varones, mujeres, niños y ancianos, fueron cruelmente asesinados el 14 de agosto de 1985. Debieron transcurrir 31 años para que, finalmente, se sancione a los efectivos militares responsables de esta masacre. Así, hace apenas pocas semanas, la Sala Penal Nacional condenó a una pena privativa de la libertad de entre 23 y 25 años, a los acusados Wilfredo Mori Orzo, Carlos Delgado Medina, Nelson Gonzales Feria y Telmo Hurtado Hurtado. Adicionalmente, otros seis efectivos recibieron penas de entre 10 y 24 años de prisión. Esta sentencia, que fue

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