Penal

Te odio y te daño: Crímenes de odio

Por Fanny Herrera Cevasco, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP e integrante del consejo editorial de Enfoque Derecho. El pasado 03 de agosto, hubo un tiroteo en El Paso, Texas, que tenía como objetivo matar a ciudadanos mexicanos, según el testimonio del perpetrador del delito, Patrick Crusuis. Como consecuencia de este tiroteo, murieron 22 personas, siendo la mayoría de origen latino. Este tipo de delitos, en los cuales se tiene como objetivo a un determinado grupo de personas, se llaman crímenes de odio. Si bien en esta ocasión fue un grupo de personas latinas, específicamente mexicanas, los crímenes de odio también se han cometido en contra de otros grupos vulnerables como la comunidad LGTBI, mujeres, entre otros.

Alejandro Toledo: ¿y ahora qué?

Fanny Herrera, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP e integrante del consejo editorial de Enfoque Derecho. En la mañana del 16 de julio, el Ministerio Público dio a conocer el arresto del ex presidente, Alejandro Toledo, quien había sido detenido en su residencia de California, Estados Unidos, tras la orden del juez Thomas S. Hixton[1]. La detención responde al pedido de extradición que realizó el Estado peruano por la prisión preventiva que se ordenó en su contra el 09 de febrero de 2017 por el caso Odebrecht. Como sabemos, el ex mandatario también se suma en la extensa lista de ex funcionarios investigados en el caso Odebrecht. En específico, Toledo afronta cargos por los delitos de tráfico

Un as bajo la manga: ¿Qué puede suceder con la casación de Keiko?

Por el Consejo Editorial de Enfoque Derecho. En octubre del 2018, diversos agentes nacionales e internacionales fuimos testigos de un nuevo capítulo en la historia de Keiko Fujimori: el juez Richard Concepción Carhuancho ordenaba 36 meses de prisión preventiva en su contra. La fiscalía ganaba una vez más. En esta primera ocasión, el elemento más polémico sobre la idoneidad de aplicar esta medida cautelar se centró en el riesgo procesal. ¿Existía peligro de fuga u obstaculización de la justicia? Para Concepción Carhuancho, bastaba con que solo uno de ellos esté presente. Así, el elemento más fuerte y claro en el pedido del Ministerio Público fue la obstaculización del proceso; la negación de los supuestos “aportantes” sobre el dinero donado era

Poder Judicial: Nulas concesiones mineras y EIA por falta de consulta previa en la Cordillera del Cóndor

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, Rocío Meza Suarez y Maritza Quispe, miembros del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas de IDL. Buenas noticias para los pueblos Awajún y Wampis: el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima acaba de emitir sentencia de fondo, en el proceso de amparo presentado por el líder awajun Zebelio Kayap Jempekit contra el Ministerio de Energía y Minas e INGEMMET, por no haber consultado el otorgamiento de concesiones mineras y el acto administrativo que aprueba la certificación ambiental de los proyectos mineros Afrodita y Adriana. A pesar de que se trata de una sentencia de primera instancia, tras 6 años de haber sido presentada la demanda, consideramos que se trata

Editorial | Mitos populares: la función pública de la primera dama

Por Enfoque Derecho Recientemente, el diario El Comercio[1] reveló que un ex ejecutivo de la constructora brasileña OAS, en la calidad de colaborador eficaz en el marco del caso Odebrecht, testificó que Nadine Heredia habría solicitado US$230.000 a OAS para contratar encuestadoras de opinión con miras a la campaña presidencial del 2016, cuando todavía era primera dama, a dos años de que concluyera el gobierno de Ollanta Humala. Hasta entonces, solo se conocía de los aportes por US$3,5 millones que OAS y Odebrecht habían entregado para financiar la campaña presidencial de Humala del 2011. De acuerdo a lo testificado, Heredia se habría comunicado con Leonardo Fracassi, gerente de contratos de OAS en el Perú, para solicitarle una reunión en Palacio

Dictan 18 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán

En horas de la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ello, después de presidir la audiencia de prisión preventiva contra Villarán y otros funcionarios municipales como José Castro y Gabriel Prado, entre otros. La solicitud de la fiscalía, presentada el viernes pasado, fue de 36 meses de prisión preventiva basada en la supuesta recepción de aportes de dinero ilegales por parte de Villarán a Odebrecht y OAS para su campaña por la revocatoria (2013) y su posterior reelección (2014). Actualmente, Susana Villarán viene siendo investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación ilícita. La fiscalía señala la recepción de alrededor de

Enfoque Semanal: del 6 al 12 de mayo

1. Piden prisión para Nadie Heredia y Ollanta Humala. En el marco de las investigaciones por actos de corrupción, esta semana, el fiscal Germán Juárez formuló la acusación formal contra Nadine Heredia y Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, solicitando 26 años para Heredia y 20 años para Humala. El Ministerio Público acusa a la ex pareja presidencial de ocultar más de 3 millones de dólares provenientes de Odebrecht y aportes del gobierno venezolano de modo ilícito. La acusación de la fiscalía es de naturaleza indiciaria, la cual afirma que los implicados no podían desconocer que dicho dinero tenía procedencia ilícita. Las entregas monetarias a cargo de Odebrecht durante la campaña presidencial de

Fiscalía solicita 26 años y 6 meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años de prisión para expresidente Ollanta Humala

Luego de 4 años y 4 meses de investigación, el día de hoy, martes 07 de Mayo, el fiscal Germán Juárez Atoche formalizó acusación penal, solicitando 26 años y 6 meses de cárcel para Nadine Heredia y 20 años para el ex mandatario Ollanta Humala​. Según consta en la acusación fiscal, tanto a Heredia como a Humala se les atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos en organización criminal. Estando a ello, debe tenerse en cuenta que a Nadine Heredia se le imputa tres ilícitos: (i) haber recibido dinero inmaculado en la campaña del 2006, (ii) por actos de ocultamiento en la compra de inmuebles y (iii) por recibir aportes ilícitos en la campaña del 2011. A

¿Desproteger o sobreproteger?: camino hacia una regulación idónea para la libertad de expresión y pensamiento

Por el Consejo Editorial Enfoque Derecho El 03 de mayo, el parlamentario de la bancada Cambio 21, Clayton Galván, presentó el Proyecto de Ley Nº 4275/2018-CR[1], mediante el cual se regularía el uso indebido de las redes sociales. Esto propone modificar el artículo 132 del Código Penal incrementando de uno a cuatro años de prisión efectiva como límite inferior y 7 años como límite máximo para el delito de difamación cometido mediante las redes sociales. Actualmente, el artículo 132 del Código Penal señala que la pena otorgada será no menor de uno ni mayor de tres años. Por otro lado, el pasado 10 de abril, el congresista Alberto De Belaunde y otros 4 congresistas de la Bancada Liberal presentaron el