Marco Gamarra Galindo, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Santiago Alfaro Rotondo, sociólogo y catedrático PUCP, sobre la importancia y la situación actual de las políticas culturales en nuestro país.
En el Perú se falsifican instrumentos de todo tipo, se suplantan personas, se simulan procesos, a veces hasta con el concurso de fedatarios oficiales, y finalmente se accede a los Registros Públicos casi sin resistencia. Por más que el Estado se afana en crear trampas para contener a los delincuentes (alerta registral, inmovilización de partidas, bloqueo provisorio, entre otras), el día a día muestra que los asientos registrales son vulnerables y permiten el despojo injusto.
Los Budas de Bamiyan, Afganistán, estatuas que se cree que fueron esculpidas en el Siglo V o VI, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no sobrevivieron al fanatismo intransigente de los talibanes: luego de casi 1500 años los destruyeron a dinamitazos durante el Siglo XX. Querían imponer su visión al pueblo afgano borrando su historia. Ellos se proclaman como dueños de la verdad: su interpretación del Islam es la única y debe prevalecer. Sin embargo, no hacen nada contra el hambre y pobreza de su entorno.
Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.
Entonces, ¿qué es la Justicia Social? Si esta idea está asociada a la filosofía que le da vida a los DDHH, como parece estarlo, entonces no queda más que afirmar que será aquella situación social en la que la igual dignidad o autonomía humana se vea completamente garantizada.
Las reglas de protección al consumidor tienen entre sus aspiraciones el tratar de alcanzar, en la medida de lo posible, la satisfacción de las expectativas razonables de los consumidores. En los últimos años, la interpretación de las reglas sobre protección al consumidor se ha vuelto extremadamente rígida, al punto que la autoridad encargada de aplicar sanciones ante el incumplimiento de tales reglas ha venido estableciendo criterios que, lejos de generar incentivos para que los proveedores traten de ganarse el favor de los consumidores, los impulsa a encontrar mecanismos para evadir los importantes sobre-costos generados por una regulación interventora y rígida.
“Pasamos de ser ciudadanos de segunda categoría a tener familias de segunda categoría”. Esa fue la respuesta de la ONG Colombia Diversa al comunicado de prensa de la Corte Constitucional de Colombia que anunciaba la decisión de su reciente Sentencia C-071 sobre el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo. En esta ocasión, la Corte sostuvo la constitucionalidad de los artículos 64, 66 y 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia promulgada en el año 2006, y precisó que las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga sobre el hijo(a) biológico del compañero(a) permanente.
El artículo 30° de la Ley N° 29571, Ley de Protección y Defensa del Consumidor, establece el derecho que poseemos todos los ciudadanos a consumir alimentos inocuos. Asimismo, determina una regla de responsabilidad para los proveedores, quienes se encuentran obligados a asegurar que los alimentos que ponen a disposición de los consumidores tengan este grado de inocuidad, debiendo para ello respetar los estándares que la legislación sanitaria les impone.
Se acerca el inicio del año escolar y Pedro debe decidir si matriculará a Luis, su hijo de 15 años. Desde afuera – o desde adentro pero con el aire acondicionado a toda potencia para aplacar el calor de febrero – la decisión parece simple. La realidad es más complicada y, para entenderla, Pedro nos invita a ingresar a su cerebro por un momento.
El pasado 9 de febrero, los pobladores de Pichanaki, ante la inexistencia de una mesa de diálogo, retomaron las protestas iniciadas en septiembre del año pasado por las actividades de exploración de Pluspetrol en la zona. El paro se tornó violento y los enfrentamientos entre la Policía y los pobladores dejaron un lamentable saldo de 1 muerto y aproximadamente 80 heridos. El gobierno ha anunciado el retiro de la empresa argentina de la localidad y la instauración de una mesa de diálogo en los próximos días. Frente a esta coyuntura, el presente editorial analizará cuál es la actuación que debe asumir el Estado en conflictos sociales como este.
