María Cordero Jon Tay, ex miembro de la bancada de Fuerza Popular, fue acusada de haber realizado cobros indebidos e irregulares para gastos personales, a trabajadores de su despacho durante el año 2022. Es así que, uno de sus ex asesores afirma que la congresista le demandó el 50% de su salario mensual. Asimismo, se presume que recortó hasta, aproximadamente, el 75% del sueldo de otro de sus trabajadores. Todo ello fue revelado por medio de grabaciones que fueron compartidas en “Punto Final” en abril del año pasado. En ese sentido, en aquellos audios se le escuchó a la congresista mencionar lo siguiente: “Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (…) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”. Los presentes hechos generaron que a Cordero se le imputaran los delitos de concusión e infracción de la Constitución.
En consecuencia de lo mencionado, su partido de origen, Fuerza Popular, solicitó la expulsión de la congresista de su bancada y presentó una denuncia constitucional en su contra, en la cual se planteó su inhabilitación por el plazo de diez años. En un primer momento no hubo mayor sanción que su expulsión; de modo que, no fue hasta diciembre del año pasado que el Pleno del Congreso tomó la decisión de suspender a Cordero por el plazo de 120 días.
La situación de Cordero generó que se programara una sesión por parte de la Comisión Permanente para evaluar su inhabilitación. Ante el panorama, la congresista solicitó la reprogramación de la sesión dos veces. Esto se debe a que, la primera vez, la funcionaria sostuvo que su abogado, Jospe Palomino Manchego, se encontraba ausente por motivos académicos y que el cambio de abogado se le resultaba inviable. Sin embargo, el oficio fue denegado por el grupo de trabajo de Alejandro Soto, lo que generó que Cordero presentara una nueva solicitud argumentando, esta vez, motivos de salud, por lo que exigió licencia médica y la reprogramación de la sesión en salvaguarda de su derecho a la defensa.
A pesar de las dificultades mencionadas, esta semana la Comisión Permanente del Congreso, a través del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó suspender a la parlamentaria durante el tiempo que duren las investigaciones en su contra y la inhabilitación de la misma para el ejercicio de funciones públicas por el plazo de diez años. Cabe resaltar que, la denuncia fue formulada por la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular y contó con el apoyo de 17 legisladores de partidos tales como, Perú Libre, Acción Popular, Podemos, entre otros; y con 5 votos en contra. Asimismo, hasta el momento, la congresista Cordero no ha cuestionado la validez de los audios. Finalmente, esta aprobación será derivada hacia el Pleno del Congreso para que se pueda pronunciar en una decisión final, la cual le deberá dar fin al caso de la congresista.
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