Por Tania Milagros Ccalla Vargas,
estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú con diplomado especializado en Derecho Minero. Es miembro principal del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético de la Universidad Nacional de San Marcos (GEDEM) y del voluntariado Amautas Mineros. Cuenta con experiencia en liderazgo y representación estudiantil, habiendo formado parte de la CODEME.
Capítulo 1: Marco conceptual y teórico
1.1. Concepto de legalidad y cumplimiento normativo en el rubro minero:
La legalidad es el principio básico por el que todo Estado Social de Derecho debe regirse como fundamento de sus actuaciones funcionales. La legalidad exige la vinculación entre la actuación de los poderes del Estado y la ley positiva, solo habrá cumplimiento de la legalidad si existe una norma habilitante para determinada acción. Este principio cumple, principalmente, dos funciones: por un lado, guía el buen desarrollo de las funciones de la Administración Pública y, por otro lado, otorga a la sociedad un ordenamiento jurídico confiable, predecible y claro que brinde seguridad jurídica. De esta manera, se permite conocer los distintos procedimientos existentes en la administración pública que una persona pueda requerir y facilita la información sobre las posibles consecuencias de sus actuaciones (Orbegoso Silva, 2020).
En el ámbito minero, la legalidad es fundamental, puesto que es la primera vía que permite el desarrollo de esta actividad económica tan importante. Este principio acompañará a las empresas mineras en todas las etapas de actividad minera, desde la concesión minera hasta el cierre de las actividades extractivas. Cabe mencionar que no es un requisito momentáneo; su cumplimiento debe mantenerse de forma permanente. Toda acción referente a este rubro debe encontrarse subordinada a un conjunto de requisitos normativos y la razón de ser de esta exigencia se centra básicamente en el impacto que representa la minería, ya sea en el medio ambiente (flora, fauna, aire, cambio climático, etc.), en lo social, en los derechos individuales y colectivos de los afectados por la actividad, y en la economía local. Entonces, estas exigencias normativas buscan no solo permitir el acceso a esta actividad económica, sino también proteger bienes jurídicos esenciales de los seres humanos que podrían resultar vulnerados de no ser reguladas, lo que convierte al cumplimiento normativo en un requisito indispensable para la validez y continuidad de los proyectos mineros (Campos Noriega, 2005).
La eficacia de la legalidad en materia minera depende de varios factores, entre ellos la coherencia entre marcos normativos nacionales, regionales y locales, y la claridad en la distribución de competencias entre autoridades. Cuando existen vacíos o contradicciones en la norma, por ejemplo, entre normas ambientales, ordenanzas municipales y reglamentos sectoriales, se genera inseguridad jurídica y diversas incertidumbres que dificultan la aplicación uniforme de la ley, generando así interpretaciones administrativas diferentes. Bajo esta premisa, podemos afirmar que la importancia de la legalidad en minería se centra en cuatro puntos específicos.
Primero, otorga seguridad jurídica a los inversionistas, convirtiendo al Perú en un país más atractivo frente a inversionistas extranjeros. Segundo, protege no solo derechos empresariales, sino que también garantiza numerosos derechos fundamentales de las personas que pueden resultar afectadas. Tercero, al tener un marco normativo claro y predecible, informa sobre las consecuencias penales si es que se cometen delitos derivados de la actividad minera. Cuarto, puede prevenir una de las razones por las que se originan los conflictos sociales, que es el incumplimiento del marco normativo (Guevara Silva, 2017).
Sobre el tercer punto del párrafo anterior, cabe mencionar que es tarea primordial de la legislación que las conductas reprochables que una empresa minera pueda realizar (contaminación ambiental, uso ilegal de explosivos, incumplimiento de planes de manejo, entre otros) deban estar previamente definidas y sancionadas por normas claras para que la respuesta punitiva o administrativa sea legítima y oponible (Miró Quesada Gayoso, 2024). Es claro que toda actividad humana genera diversos tipos de impacto, pero si hablamos de minería, el efecto es mucho mayor, por ello, para mitigar o evitar daños y efectos negativos, es importante cumplir la normativa vigente.
En minería esta responsabilidad ante la ley tiene que ser aún más rigurosa, pues no solo se trata de evitar daños al suelo, agua, aire y biodiversidad, sino también de procurar que la actividad sea sostenible; es decir, que la empresa no solo se preocupe por su crecimiento económico, sino que contribuya al desarrollo y bienestar de las comunidades cercanas. Por tanto, las sanciones normativas son fundamentales porque garantizan el cumplimiento de la ley, fomentan la responsabilidad ambiental y aseguran que las empresas mineras operen de forma segura y sostenible. La legalidad permite sancionar las malas prácticas, prevenir daños y mantener el equilibrio entre el progreso económico, no solo de la empresa sino de las comunidades aledañas que resultan afectadas, y la protección del entorno (Pautrat Medina, 2010).
1.2. Concepto de legitimidad y la aceptación social en minería:
La legitimidad comprende un concepto más amplio que la legalidad: no basta con que una acción sea legal, sino que también debe ser considerada como válida, justa y apropiada por las comunidades afectadas o por la sociedad aledaña. En minería, la legitimidad se relaciona con la percepción que comunidades, población aledaña o autoridades locales tienen respecto de los proyectos mineros y su desarrollo o potencial ingreso a operaciones. Esta percepción consta de una construcción progresiva, puesto que se va desarrollando con el tiempo en cada decisión que la empresa minera vaya adoptando. La legitimidad se concentra en el modo en que este tipo de empresas desarrollan sus actividades, ya sea en cuanto al respeto de los valores y costumbres locales; en el cumplimiento de promesas y compromisos asumidos frente a las comunidades; en la buena fe de sus actuaciones; en el nivel de iniciativa para la ejecución de convenios a favor de la población directamente afectada, el cual genera desarrollo y beneficios compartidos (Málaga Rodríguez, Horque Monterroso, Goicochea Rojas, 2019). Así pues, un punto que destaca de lo mencionado es la multiculturalidad, pues su respeto y reconocimiento representa un factor que influye directamente en la capacidad de la empresa para obtener legitimidad social y para adaptarse a un lugar nuevo, su omisión evidenciaría desinterés en construir un ambiente de convivencia armoniosa en su lugar de operaciones (Guevara Silva, Pomalaya Mori, Quispe Arquiñego, 2017).
La aceptación social como medio para el progreso de una empresa minera es vital para su funcionamiento; en palabras de Larry Kurlander, ex vicepresidente ejecutivo de Newmont Mining Corporation, la licencia social es de vital importancia incluso mucho más que las licencias legales, porque la primera “es otorgada por la gente de la comunidad, y a diferencia de la licencia del Gobierno, es renovable cada día. Y sin haber construido confianza con la gente que vive y trabaja allí, y ha vivido allí por siglos, se pueden presentar problemas” (Jaurelius, 2011). Así pues, la legitimidad constituye parte del plan estratégico que una empresa emplea para su supervivencia, ya que les permite obtener confianza, estabilidad y respaldo social.
Para Díez Martín, una empresa legitimada no sólo debería cumplir con las normas legales, sino que también debe proyectar una imagen empresarial responsable y respaldada socialmente que atraiga inversionistas, clientes y aprobación de autoridades. En cambio, la falta de legitimidad conlleva a una progresiva pérdida de credibilidad y a un inicio o desarrollo accidentado y conflictivo de las operaciones regulares. En síntesis, la legitimidad actúa como un mecanismo que otorga viabilidad a la empresa al fortalecer su posición frente a la población aledaña, la cual no solo se beneficia de los resultados de la actividad, sino que también participa activamente como parte esencial en el desarrollo de sus labores (2010).
Dentro del debate sobre la legitimidad en minería, se desarrolló ampliamente una noción controvertida: “licencia social para operar”. Aunque no es un concepto legalmente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico peruano, funciona como un mecanismo informal de aceptación social. Este es un tema problemático, ya que las licencias son otorgadas por la administración pública, por lo que no se le concibe como un permiso formal o un procedimiento administrativo, sino más bien como una simple “filosofía de operaciones” (Pulgar Vidal, 2010).
La legitimidad de una empresa minera es posible entenderla desde tres dimensiones: la pragmática, cuando la empresa está actuando en beneficio de la población afectada, ya sea mediante el aporte de beneficios reales como empleo, carreteras, agua potable; la moral, cuando actúa con justicia y responsabilidad, consulta a la comunidad cuando se trata de decisiones que pueden afectarles y cumple con sus compromisos de forma transparente; y la cognitiva, cuando, con el tiempo, su presencia se vuelve parte natural del entorno y del desarrollo local, por lo que tiene que estar presente o, tal como Suchman indica, “no puede no estar”. Si falta alguno de estos aspectos, la legitimidad se quiebra y surge el conflicto, pero cuando la empresa atiende necesidades, actúa correctamente y se vuelve parte del tejido social, logra una aceptación duradera que encamina al progreso de sus operaciones (1995).
1.3. Diferencias y tensiones entre legalidad y legitimidad:
En el contexto minero peruano, la legalidad y la legitimidad se presentan como dos dimensiones que comprenden exigencias distintas, pero que juntas se complementan. Desde un punto de vista jurídico, la legalidad exige que toda operación minera cumpla con los requisitos establecidos en el marco normativo para su funcionamiento adecuado (Campos Noriega, 2005). Sin embargo, desde una mirada social, la legitimidad implica que todas las actividades que realice la empresa minera sean consideradas justas y aceptadas por las comunidades que conviven con ella.
Así, una empresa puede ser completamente legal, por su cumplimiento responsable ante la ley y aun así carecer de legitimidad. La perspectiva de desaprobación social de las comunidades y población aledaña en general surge porque ellos consideran que muchas veces se cumplen los trámites ante el Estado, pero no se cumple con el pueblo. La empresa suele preocuparse por obtener todos los permisos suficientes para iniciar y mantener sus operaciones, y para evitar sanciones por parte del Estado; pero se olvida o no se otorga la debida importancia a las comunidades que son afectadas, pues pretenden operar sin haber escuchado las diferentes preocupaciones que tienen, por ejemplo, respecto al agua, las tierras, el medio ambiente, la fauna, las carencias de la comunidad, entre otras.
Ese aislamiento entre el cumplimiento formal (legalidad) y la aceptación social (legitimidad) por parte de la población es la raíz de muchos conflictos sociales en diversas zonas mineras del Perú, ocasionando así paralizaciones de proyectos millonarios, desincentivación de inversión minera extranjera, reducción en la recaudación de tributos del Estado, pérdida de empleo e ingresos (Málaga Rodríguez, Horqque Monterroso, Goicochea Rojas, 2019). Esta tensión se hace evidente en casos como el de Las Bambas, donde, pese a que la empresa cuenta con todas las autorizaciones legales necesarias, las protestas de las comunidades del corredor minero sur paralizan periódicamente sus operaciones, las cuales perjudican gravemente la economía de la empresa.
Las poblaciones no cuestionan necesariamente la legalidad de las operaciones, sino la manera en la que se desarrollan las actividades de la empresa, la cual afecta a las comunidades. Algunos ejemplos de ello son la forma en la que se implementan los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que, muchas veces, ocasiona que se reclasifique la ruta del transporte del material extraído; el no cumplimiento de acuerdos o convenios; la falta de consulta o comunicación efectiva; o la percepción de que los beneficios no llegan de manera equitativa y suficiente (León Espinosa, 2022).
Otros ejemplos que nos llevan a afirmar que el derecho positivo sin legitimidad social resulta insuficiente para que una empresa pueda operar sin problemas son el proyecto Conga en Cajamarca o el de Tía María en Arequipa, suspendido por años ante la resistencia local. En ambos casos, las empresas pudieron haber actuado dentro del marco legal, pero, desde el punto de vista de la población aledaña afectada, ignoraron su bienestar y crecimiento de las comunidades y ello rompe la confianza, generando deslegitimación a la presencia empresarial (Sector Minero Energético, 2024). Por eso, el gran desafío de la minería en el Perú no es solo cumplir la normativa que es compleja y tediosa, sino construir consensos legítimos: informar de forma transparente, trabajar en forma conjunta, respetar las costumbres locales, distribuir los beneficios con justicia y garantizar que el desarrollo minero sea compartido. En síntesis, la legalidad es el punto de partida que permite operar, pero la legitimidad es el camino que asegura la permanencia de la minería; sin esta última, la empresa puede tener todas las licencias del Estado, pero ninguna del pueblo.
Capítulo 2: Antecedentes del proyecto minero Las Bambas
2.1. Historia y características principales:
El proyecto minero Las Bambas se ubica entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac, a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, y constituye una de las minas de cobre más grandes del Perú y de Latinoamérica. Su historia se remonta al año 2004, cuando el Estado peruano adjudicó la concesión del proyecto a la empresa Xstrata Copper, empresa suiza que posteriormente fue adquirida por Glencore en 2013. En ese mismo año, Glencore vendió el proyecto a un consorcio liderado por MMG Limited, subsidiaria de la corporación China Minmetals, marcando así una de las transacciones mineras más significativas en la historia económica del país (Las Bambas, s/f).
Uno de los momentos más críticos por el que atravesó la empresa fue, sin duda, su fase inicial, puesto que, para comenzar con la construcción del proyecto, en 2014, fue necesario el traslado total de la comunidad de Fuerabamba hacia una nueva zona, dado que su territorio era indispensable para las operaciones mineras. Este proceso de reasentamiento comprendió la creación y edificación de una nueva localidad denominada Nueva Fuerabamba, que afectó a más de 150 familias (1800 habitantes aproximadamente). La compañía inició operaciones comerciales en 2016, año en el que se realizó el primer embarque de concentrado desde el puerto de Matarani, consolidando al Perú como el segundo productor de cobre a nivel internacional, con una producción anual que supera las 450,000 toneladas de cobre concentrado (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2023).
Desde una perspectiva económica, Las Bambas constituye un eje estructural de la economía nacional, aportando entre el 1 y 2 % del PBI peruano y el 72% del PBI regional de Apurímac. Genera, además, alrededor del 16 % de la producción cuprífera total del país. Asimismo, ha dinamizado la economía local mediante servicios, transporte y abastecimiento de insumos. En la actualidad, mantiene un notable impacto laboral; así, durante el año 2016, en su primera fase comercial, generó aproximadamente 22, 000 puestos de trabajo directos (Energiminas, 2025). Se estima que, entre el 2016 y 2024, el proyecto ha aportado S/ 2,644 millones en regalías y canon minero, destinados a los gobiernos locales y al gobierno regional de Apurímac. Sin embargo, el impacto positivo en términos de ingresos fiscales contrasta con las limitaciones observadas en la redistribución equitativa de esos recursos, pues gran parte de los municipios receptores carecen de capacidad técnica para ejecutar el presupuesto y transformar esos fondos en infraestructura o servicios básicos sostenibles, lo que también genera rechazo social (Cámara de Comercio de Apurímac, 2024).
2.2. Principales hechos del conflicto social:
El conflicto social en torno a la minera Las Bambas se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos del país, debido a su recurrencia, complejidad y prolongación en el tiempo, llegando a considerarla una de las operaciones mineras con mayor número de conflictos sociales en el Perú. Desde sus inicios, el proyecto enfrentó dificultades derivadas del reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba; con el tiempo se adicionaron nuevos acontecimientos problemáticos que originaron múltiples protestas por parte de las comunidades campesinas. En el siguiente cuadro se presentarán algunos de los principales casos:
Cuadro 1: Principales demandas de los conflictos mineros en Cotabambas y Chumbivilcas
| Tipo de demanda | N° de casos | % | Detalle / Descripción |
| Incumplimiento de compromisos | 12 | 37.5 | Reclamos por irregularidades en compromisos, renovación de convenios y suscripción de acuerdo marco. |
| Cambios no consultados por las empresas | 5 | 15.6 | Cambios en el EIA, transferencia de propiedad y aparentes explotaciones ilegales durante exploración. |
| Impactos ambientales negativos | 5 | 15.6 | Reclamos por agua, afectaciones ambientales e impactos socioambientales negativos. |
| Reclamos por concesiones mineras | 3 | 9.4 | Protestas contra acumulación de concesiones y oposición al incremento de estas. |
| Reclamos asociados a minería ilegal / informal | 3 | 9.4 | Demandas vinculadas a actividades extractivas informales o ilegales en zonas de influencia. |
| Otros | 4 | 12.5 | Oposición a proyectos del GORE y municipios, conflicto intercomunal por linderos, reestructuración de fondo social y asfaltado de carretera. |
| Total de principales demandas | 32 | 100.0 | — |
Fuente: Defensoría del Pueblo (2019)
Según informes de la propia empresa Las Bambas, entre 2016 y 2023 se registraron más de 600 días de paralización, lo que provocó pérdidas significativas para la compañía, para el Estado y para la población local, debido a la reducción de regalías y el canon minero. Uno de los primeros hitos ocurrió en 2015, cuando la empresa modificó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin consultar previamente a la población; este cambio afectó a diversas comunidades porque se reclasificó el trazado de la vía comunal que atraviesa las provincias de Cotabambas y Grau como carretera nacional. Este caso constituye el segundo motivo más frecuente por el que se originan conflictos sociales contra Las Bambas, según el cuadro presentado anteriormente. La población rechazó rotundamente esta medida, puesto que consideraron que estos cambios afectan directamente a los distritos y comunidades aledañas, por lo que era necesaria una consulta previa y adecuada. El presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba mencionó que “inicialmente estaba aprobado trasladar el mineral en mineroductos y después lo cambiaron para trasladarlos en vehículos encapsulados, los cuales han generado y siguen generando un impacto ambiental bastante fuerte. Eso no ha cambiado” Este cambio fue percibido por las comunidades como una vulneración de su autonomía territorial, lo que marcó el inicio de una desconfianza que persiste hasta la actualidad (León Espinosa, 2022).
Durante los años siguientes, los conflictos se intensificaron con bloqueos en el corredor minero del sur, especialmente en 2021 y 2022. En octubre de 2021 se contabilizaron un total de 58 bloqueos al corredor minero sur y en otras vías importantes para el traslado de concentrado de la minera. Ante ello, comuneros de Cotabambas y Grau iniciaron un paro indefinido que mantuvo bloqueados siete distritos durante varias semanas, exigiendo la renegociación de los acuerdos sociales y una mayor inversión pública en las zonas afectadas. La empresa advirtió que los bloqueos generaban pérdidas diarias superiores al millón de dólares y afectaban el pago de regalías a Apurímac (La República, 2021). En 2022, el conflicto escaló nuevamente: en abril de ese año, Las Bambas suspendió operaciones por más de 55 días, tras no lograrse un acuerdo en las mesas de diálogo con las comunidades. Este hecho ocasionó pérdidas estimadas en más de 500 millones de dólares en exportaciones y una reducción del 0.1 % del PBI nacional. Las comunidades sostenían que la empresa había incumplido compromisos de reasentamiento y desarrollo social asumidos desde 2014, mientras que la minera insistía en que las demandas eran desproporcionadas y respondían a motivaciones políticas (Perú21, 2022). Posteriormente, se registraron numerosos conflictos sociales; sin embargo, los mencionados constituyen los casos iniciales que marcaron el origen de la desconfianza e ilegitimidad de Las Bambas.
Capítulo 3: Análisis crítico
3.1. De la legalidad a la búsqueda de legitimidad social:
La experiencia de Las Bambas ha demostrado que el cumplimiento normativo, por sí solo, no garantiza la estabilidad social, si es que la misma no se acompaña de procesos de diálogo permanentes y de toma de decisiones responsables. Según la Defensoría del Pueblo, el principal error en la gestión del conflicto minero radica en la falta de reacción inmediata del Estado, el cual suele intervenir solo cuando la protesta desencadena consecuencias, en la mayoría de veces graves, sin establecer mecanismos de prevención ni comunicación. Otro error frecuente se presenta cuando la empresa limita la creación de espacios de diálogo, como las mesas de desarrollo, o comisiones multisectoriales, lo que genera frustración en las comunidades, quienes perciben que su participación no tiene efectos concretos ni relevantes, reforzando así la desconfianza y rechazo hacia el Estado y las empresas (2017). En consecuencia, el diálogo, más que una herramienta de contención, debe concebirse como una política pública estructural para gestionar relaciones entre actores con intereses distintos.
Los procesos de reparación y reconstrucción de confianza en el caso de Las Bambas resultan lentos y frágiles. El informe de Propuesta Ciudadana advierte que existen diversas herramientas para poder combatir la ilegitimidad y reconstruir la confianza de las comunidades, para evitar más conflictos sociales. Estas deben ser empleadas por las dos partes fundamentales del conflicto: las comunidades y la empresa. En el caso de las comunidades, se plantea fortalecer la enseñanza que les ayude a afrontar las afectaciones o injusticias generadas por la actividad minera, mediante capacitaciones que instruyan sobre la normatividad vigente y los límites y derechos de su participación en dichas actividades. Por otro lado, se propone enseñar a negociar de manera exitosa y respetuosa con las empresas mineras y demás autoridades locales. Por último, se les puede instruir respecto a las “potencialidades de la participación e incidencia en la formulación de presupuestos participativos” en su gobierno local para que se informen sobre el uso del canon y regalías mineras (2021).
Ahora bien, en el caso de las empresas, pueden optimizar los fondos sociales y convenios marco, de modo que la población perciba que los beneficios del proyecto son compartidos. También pueden mejorar el monitoreo sobre la transparencia de los compromisos asumidos, involucrando a representantes de las comunidades en el seguimiento de obras y proyectos sociales. Además, resulta clave publicar informes accesibles y actualizados sobre el avance, los costos y los impactos reales del proyecto, reduciendo así la desinformación, una de las principales fuentes de desconfianza. En relación a este último punto, la transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas mineras frente a las comunidades es vital porque con auditorías públicas se podría disminuir una potencial discrecionalidad arbitraria (Propuesta Ciudadana, 2021).
Por ello, la relación empresa-comunidad no debe limitarse a compensaciones económicas, sino que debe orientarse a la creación de vínculos duraderos de confianza, participación y transparencia. La gestión de conflictos mineros debe apuntar a un sistema de gobernanza colaborativa, no unilateral, en el que puedan participar todos los actores involucrados en la actividad minera. Por ello, para alcanzar a la legitimidad, se requiere de un enfoque integral de los derechos humanos, donde la comunidad sea reconocida como actor político y no solo como beneficiario, involucrando a la comunidad de modo tal que no sientan que solo les imponen decisiones, sino que las toman y diseñan en conjunto (CooperAcción, 2022).
4. Conclusiones:
La minería ha sido y seguirá siendo una de las principales fuentes de crecimiento económico del Perú. Sin embargo, la sostenibilidad de una empresa no depende únicamente de su capacidad para generar ingresos, sino también de su habilidad para integrarse armónicamente con las comunidades y territorios donde opera. El caso Las Bambas demuestra que los proyectos mineros no pueden limitarse a cumplir solo con la ley; deben, además, construir relaciones basadas en la confianza, respeto y colaboración con las poblaciones que los rodean. Cuando el cumplimiento del marco legal es insuficiente frente a las expectativas sociales, surgen tensiones que afectan no solo económicamente a las empresas, sino también al país entero, por la reducción de tributos, canon y regalías mineras producto de la paralización de las operaciones.
En este contexto, es necesario repensar la relación entre minería, Estado y comunidad. El diálogo debe dejar de ser una respuesta temporal ante la crisis, pues debe convertirse en un proceso permanente de participación, escucha y corresponsabilidad. Debe comprenderse que, cuando las comunidades realizan protestas, no buscan detener las operaciones mineras de manera injustificada, pues ello también afectaría su propio desarrollo y beneficios. En realidad, su objetivo no es obstaculizar el progreso, sino ser parte de este de la mano de la empresa y del Estado. Si se promueve una minería que respete las diferencias culturales, que cumpla sus compromisos y que impulse obras visibles que transformen la vida de las personas, la confianza volverá a ser posible. En ese sentido, la responsabilidad social empresarial debe evolucionar hacia un modelo de gestión sostenible, donde cada decisión económica contemple también un impacto social positivo.
El verdadero reto de la minería peruana no consiste solo en extraer más recursos o en cumplir rígidamente con las normas que el Estado les exige, sino en generar un desarrollo social que dure más allá que la vida útil de la mina. Emprender en minería es una tarea compleja y desafiante, pero puede ser exitosa si se actúa con responsabilidad desde el inicio. No basta centrarse en la rentabilidad; es fundamental apuntar a un trabajo conjunto con quienes comparten el territorio, como aliados en un desarrollo sostenible. Apostar por una minería con legitimidad social es apostar por un futuro donde el progreso económico se traduzca en bienestar humano, respeto ambiental y cohesión social. Si el país logra aprender de los conflictos, fortalecer el diálogo y construir políticas que pongan a las personas como prioridad, entonces la minería podrá ser no solo una fuente de riqueza, sino también un instrumento de unión y orgullo nacional.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- Banco Central de Reserva del Perú. (2022). Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Lima: BCRP.
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/abril/reporte-de-inflacion-abril-2022.pdf
2. CooperAcción. (2022). La carretera de Las Bambas: Así es como una mala gestión ambiental propicia los conflictos.Lima: CooperAcción.
https://cooperaccion.org.pe/opinion/la-carretera-de-las-bambas-asi-es-como-una-mala-gestion-ambiental-propicia-los-conflictos/
3. Campos Noriega, M. A., Risco Sotil, L. F. del, Dyer Cruzado, E., Espinoza Ratto, K., & Gamboa Lozada, L. F. (2005). Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros. IUS ET VERITAS. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12428/12990
4. Cámara de Comercio de Apurímac. (2024, 31 de marzo). Regalías y canon minero de Minera Las Bambas 2024.Cámara de Comercio de Apurímac. https://camara-apurimac.org.pe/wp-content/uploads/2024/10/2024.03.31-MLB-Regalias-y-Canon-2.pdf
5. Defensoría del Pueblo. (2023). Informe defensorial N.º 185: Gestión del canon y regalías mineras en gobiernos locales del Perú. Lima: Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gob.pe/informe-defensorial-n-185-gestion-del-canon-y-regalias-mineras-en-gobiernos-locales/
6. Defensoría del Pueblo. (2019). El valor del diálogo: Lecciones aprendidas en la gestión de conflictos sociales en el Perú.Lima: Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/El-valor-del-dialogo.pdf
7. Espinosa, M. L. (2022, 22 de abril). ¿Por qué la mina de cobre Las Bambas en Perú está en constante conflicto?Dialogue Earth. https://dialogue.earth/es/negocios/53067-por-que-la-mina-de-cobre-las-bambas-en-peru-esta-en-constante-conflicto/
8. Energiminas. (2025, 12 de marzo). Las Bambas aporta el 72% del PBI de la región Apurímac.Energiminas.https://energiminas.com/2025/03/12/las-bambas-aporta-el-72-del-pbi-de-la-region-apurimac/
9. Forno Castro Pozo, X., Abanto Cabanillas, A., Jáuregui Morán, G., González Guerra, C., Pulgar-Vidal Otárola, M., & Rodrigo Prado, L. C. (s.f.). Licencia Social, Desarrollo Sostenible: Nuevo Rol del Estado en la Actividad Minera. Derecho & Sociedad. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13274
10. Guevara Silva, K. L., Pomalaya Mori, R. J., Quispe Arquiñego, C. C., & Santos Suárez, P. G. (2017). Multiculturalidad y licencia social en las industrias extractivas en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/a1589808-2dff-4cf1-badb-868e43fefa6f
11. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS). (2023). Informe sobre conflictos socioambientales en el corredor minero del sur peruano. Lima: IDLADS Perú.
https://idlads.org.pe/informe-conflictos-socioambientales-2023
12. Jaurelius, M. (2011, 23 de noviembre). La maldición del oro inca Pt.2 [Archivo de video]. http://www.youtube.com/watch?v=yjtwrBJwVVg
13. La República. (2021, 21 de octubre). Las Bambas afirma que bloqueo de vías afectará regalías para Apurímac.https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/21/las-bambas-afirma-que-bloqueo-de-vias-afectara-regalias-para-apurimac-lrsd/
14. Minera Las Bambas S.A. (s.f.). Historia. Las Bambas. https://www.lasbambas.com/seccion-acerca-de-las-bambas-historia
15. Miró Quesada Gayoso, J. (2024). El principio de legalidad y la legitimidad del poder punitivo. THEMIS Revista de Derecho, 86, 13–31. https://doi.org/10.18800/themis.202402.001
16. Málaga Rodríguez, M., Horqque Monterroso, M. D., Goicochea Rojas, M. A., & Lovatón Foppiani, M. E. (2019). Percepción de profesionales sobre gestión de licencia social en la industria extractiva minera peruana. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f0e7b88e-0078-4e4f-a00f-1ee03c2d5a45/content
17. Orbegoso Silva, M. (2020). El Principio de Legalidad: Una aproximación desde el Estado Social de Derecho / The principle of legality: An approximation from the social state of law. Ius et Veritas, 60, 198-212.https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202001.010
18. Peña, A., Forno, X., Pulgar-Vidal, M., Gonzáles, C., Rodrigo, L., Jáuregui, G., Romero, L., & Abanto, A. (2010). Mesa redonda: Licencia social y desarrollo sostenible: Nuevo Rol del Estado [Presentación]. Derecho & Sociedad, 21(35), 158-176 https://www.redalyc.org/pdf/2741/274119490006.pdf
19. Propuesta Ciudadana. (2021). Conflictividad en el corredor minero del sur: Diagnóstico y propuestas para la gestión de conflictos sociales. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.
https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/Conflictividad-en-el-Corredor-Minero-del-Sur.pdf
20. Sector Minero Energético. (2024, 8 de enero). Proyectos mineros paralizados en Perú: Conga y Tía María, claves para la reactivación económica. Sector Minero. https://sectorminero.com.pe/proyectos-mineros-paralizados-en-peru-conga-y-tia-maria-claves-para-la-reactivacion-economica/noticias/mineria/
21. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. (2023). Las Bambas: contribución al desarrollo nacional y local.Lima: SNMPE. https://www.snmpe.org.pe/publicaciones/notas-de-prensa/las-bambas-aporte-desarrollo.html
22. Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.https://www.jstor.org/stable/258788
