Hace unos días, un grupo de congresistas liderado por Yonhy Lescano presentaron un proyecto de ley que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que se incluya un número no menor de 30% de mujeres en el Consejo de Ministros. El objetivo de esta ley sería equilibrar la presencia de las mujeres como una medida para combatir la discriminación de género en el Ejecutivo. Al margen de que consideremos que dicho proyecto persigue fines loables como lo es generar un mayor compromiso con la problemática de la desigualdad de género por parte del Gobierno, al momento de ser aplicada posiblemente sea fuente de mayores problemas. Es en este sentido que el presente editorial buscará analizar esta medida para establecer qué tan efectiva o viable puede ser en lograr los fines para los cuales se crea.
Empecemos por definir algunos conceptos. La medida se enmarca dentro del concepto de las acciones afirmativas que constituyen mecanismos para compensar a determinados colectivos que por factores históricos, sociales y culturales han sido objeto de exclusión o marginación, de manera tal que pueda revertir o superarse la situación de desventaja en la que se encuentran. Si nos referimos específicamente al caso femenino, las propuestas de acciones afirmativas implementadas en el pasado han sido pensadas para asegurar el derecho en igualdad de oportunidades de las mujeres a desenvolverse en profesiones y cargos laborales o políticos en donde se entiende están sub representadas. En el caso peruano, medidas similares han sido adoptadas por el Congreso de la República, y en la Ley Orgánica de Elecciones, donde se precisa que las listas de candidatos al Parlamento en cada Distrito Electoral deben incluir un número no menor de 30% de mujeres o de varones. Lo mismo ocurre con la Ley de Elecciones regionales y Municipales. A esto se le denomina un sistema de cuotas.
Teniendo en cuenta ello, vayamos al ámbito en dónde se tiene previsto su aplicación: el Gabinete Ministerial. El artículo 122 de nuestra Constitución estipula que el Presidente de la República es quien nombra y remueve, tanto al Presidente del Consejo como a los ministros, debido a la potestad discrecional que le confiere el cargo que ocupa. Asimismo, otro de los factores que lleva a que una persona sea nombrada como tal depende principalmente de la experiencia que esta haya acumulado, y que le permita entender y solucionar los problemas que presenta cada una de las carteras que conforman el Gabinete. Dicho ello, el primer problema que presenta este proyecto es el siguiente: el cargo de Ministro no es un reconocimiento que tiene como base una cuestión de género. ¿Qué queremos decir con esto? Que los ministros son elegidos por el Presidente principalmente en base a la confianza que les pueda tener, además de los méritos que estos hayan obtenido a lo largo de su carrera profesional. Poner un límite determinado, una cuota, estaría desnaturalizando esta premisa fundamental para la institucionalidad del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, ¿por qué el Poder Legislativo o los partidos políticos sí pueden instaurar un sistema de cuotas y no ser objeto de crítica alguna? Porque el propósito del Congreso de la República y de los partidos es representar a la ciudadanía con el fin de elevar sus necesidades al Estado, de tal manera que este responda con políticas públicas o leyes. No por nada los parlamentarios son elegidos mediante un proceso electoral, y a lo mismo se aspira dentro de un partido. En cambio, el rol del Gabinete Ministerial no implica una representación, sino la ejecución de políticas públicas que buscan resolver problemáticas de interés público.
Este punto nos lleva a revelar el segundo problema de la propuesta del parlamentario Lescano: no contribuye a mejorar la eficiencia del Consejo de Ministros. Lo que necesitan las distintas carteras ministeriales es que quien las ocupe sea la persona más idónea posible, independientemente de que esta sea hombre o mujer. Esto se logrará únicamente al reforzar una cultura de meritocracia en el Estado, no así, creando cuotas de género.
Ciertamente la medida planteada es bien intencionada y va de acuerdo al ordenamiento jurídico. Sin embargo, por la naturaleza misma del Consejo de Ministros, y la experiencia en relación a los sistemas de cuotas, en la práctica resultaría innecesaria e ineficaz. Además, no constituye pues, garantía alguna de que la calidad de nuestros ministros –y de su trabajo- mejore en nuestro país. Es cierto que como nunca, hoy en día tenemos un Gabinete con fuerte presencia femenina presidido además, por una mujer. Pero si ello es así, estamos seguros que no es por su condición de mujer. Si hemos de augurar un destino de este proyecto, lo más probable es que quede en letra muerta. Y si de algo sirve la propuesta, esperemos sea para debatir temas en relación a la discriminación y la igualdad de género, una grave problemática que urge medidas loables aunque efectivas a la vez.
