Por Enfoque Derecho
- Contexto: Proyecto de Ley Nro. 7046-2023
El 15 de febrero se presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley Nro. 7046-2023, que plantea la reapertura del establecimiento penitenciario San Juan Bautista; más conocido como penal “El Frontón” por el nombre de la isla donde se ubica.
La iniciativa legislativa fue principalmente impulsada por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, y contó con la intervención de otros parlamentarios en calidad de coautores. Además, según el documento que actualmente se encuentra en las comisiones de Presupuesto y de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto de ley “propone garantizar la seguridad ciudadana, la paz social y asegurar que los sentenciados por delitos de alta peligrosidad cumplan sus condenas sin que promuevan actos delictivos desde los establecimientos penitenciarios”.
En particular, en el texto se lee que la ley “tiene por objeto establecer la reapertura del establecimiento penitenciario “San Juan Bautista” ubicado en la isla El Frontón y disponer medidas para su funcionamiento”. A la vez, se ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a implementar medidas pertinentes para el correcto funcionamiento ante una eventual reapertura del penal.
A primera vista, parecería que simplemente se trata de la construcción de un nuevo penal. Sin embargo, el trasfondo del proyecto tiene dos justificaciones que el documento expone y que deben ser resaltadas: la creciente inseguridad ciudadana y el problema del hacinamiento en las cárceles del país. Dos problemas cuya solución requiere de planificación y cooperación de los actores estatales.
Esta situación ha sido advertida por las autoridades y, de seguro, también por la población. Por ejemplo, el jefe del INPE, Javier Llaque, indicó que esta medida es inviable debido a que generaría un excesivo gasto para el Estado peruano[1]. En ese mismo sentido se pronunciaron Leonardo Caparrós[2] y Wilfredo Pedraza[3], exjefes del INPE. Asimismo, Eduardo Arana, ministro de Justicia, señaló: “Estamos examinando otras propuestas, pero tenemos en cartera ya seis penales […] Estamos viendo el costo y beneficio, todo está en evaluación, todo es posible, pero hasta que no se establezca un expediente técnico que nos pueda decir cuánto es el beneficio y costo no podemos decir a ciencia cierta cuánto será”.
Por su parte, Alejandro Muñante, congresista coautor del proyecto de ley, respondió a las críticas precisando que su propuesta busca poner en debate el tema de la delincuencia y el hacinamiento y que es útil para su tratamiento[4]. A su vez, Alejandro Soto señaló que “el penal El Frontón no sería de lujo o un hotel 5 estrellas”[5].
Expuestas las posiciones, en Enfoque Derecho nos alineamos a la postura que acusa la inviabilidad de la reconstrucción de El Frontón. Consideramos que el Proyecto de Ley Nro. 7046-2023 responde más a una premisa populista o “simbólica”; que se superpone a una medida realmente “estratégica” o, al menos, meditada desde un enfoque de costo-beneficio. La reapertura de El Frontón no sería más que una opción poco eficiente en la búsqueda de reducir la delincuencia y hacinamiento en los penales del Perú; como ciertamente ya lo han reparado Javier Llaque y demás personas vinculadas al INPE.
2. El penal El Frontón y el problema del hacinamiento en las cárceles
El penal El Frontón abrió sus puertas en el año 1917 y se mantuvo funcionando hasta finales de la década de 1980. Desde un inició, y debido a su remota ubicación, este centro penitenciario recibió a los criminales más peligrosos del país; lo que generó que a partir de 1980 sus instalaciones se llenarán de personas condenadas por terrorismo.
El 18 de junio de 1986, los internos de El Frontón realizaron un motín y tomaron el Pabellón Azul; a la vez que retuvieron a tres miembros de la Guardia Republicana. Al día siguiente, ante la negativa de cooperar por parte de los internos, las Fuerzas Armadas intervinieron y restablecieron el orden en El Frontón. No obstante, se acusó un uso desproporcionado de la fuerza, lo cual se plasmó en la muerte de 118 reclusos[6] y en la demolición de gran parte de las instalaciones del penal. Desde aquel momento, esta cárcel quedó como un vestigio de los años en los que el terrorismo asoló al país.
No obstante, es el problema del hacinamiento en las cárceles peruanas lo que pone sobre la mesa la posibilidad de la reapertura de El Frontón. El INPE, en su informe estadístico de julio del 2023, precisó que “la diferencia entre la capacidad de albergue en los 68 establecimientos penitenciarios y la población penitenciaria intramuros es de 52,128 personas que representan el 127% de la capacidad de albergue, que en pocas palabras esta cantidad de internos no tendría cupo en el sistema penitenciario”[7]. Así, al mes de julio del 2023, el aforo en las cárceles del país se fijó en 41,019 personas; sin embargo, se estimó una población penitenciaria de 93,147 personas, lo que significa una sobrepoblación de 52,128 internos. Es particularmente alarmante la situación del Establecimiento Penitenciario del Callao, que tiene un 519% de sobrepoblación.
Sobre este problema, el Tribunal Constitucional se pronunció en el expediente Nro. 05436-2014-PHC/TC en los siguientes términos:
“[…] el Tribunal Constitucional considera que existen razones suficientes para declarar un estado de cosas inconstitucional con respecto al hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional”.
Asimismo, es importante resaltar que esta sobrepoblación penitenciaria afecta tanto a los internos, al generarse condiciones de insalubridad, como al resto de ciudadanos; toda vez que el hacinamiento puede dificultar el control efectivo sobre estas personas. Por ello, se podrían generar situaciones donde se mantenga la actividad delictiva dentro de los penales; como, por ejemplo, la extorsión.
3. Análisis del caso: ¿la reapertura de El Frontón es realmente eficiente?
Como se expuso, el hacinamiento en las cárceles y la inseguridad ciudadana son un problema latente. Ahora bien, es pertinente realizarnos la siguiente pregunta: ¿es viable la reapertura de El Frontón?.
Ciertamente, existen opiniones divergentes acerca del Proyecto de Ley Nro. 7046-2023. Por un lado, algunos consideran que la reapertura es necesaria para reducir el hacinamiento penitenciario; mientras que, por otro lado, están aquellos que no desconocen lo anterior, pero consideran que la medida no es realmente eficiente. A continuación, expondremos nuestra postura.
Consideramos que la reapertura de El Frontón no es una medida eficiente para contrarrestar la inseguridad ciudadana y el hacinamiento en las cárceles. De hecho, esta sería una opción meramente populista. Y es que la iniciativa de reaperturar El Frontón sería un “simbolismo” en la intención de eliminar el hacinamiento y la inseguridad en el país; al mismo estilo de gobiernos populistas como el que rige en El Salvador. Mantenemos esta posición desde un análisis estrictamente económico de costo-beneficio respecto de la reapertura de El Frontón.
Y es que construir un centro penitenciario como El Frontón genera costos que se podrían evitar. Esto se debe a que su construcción cuesta, aproximadamente, tres veces lo que costaría construir un penal normal. Por un lado, se evalúan los gastos que se van a tener que realizar para reconstruir el penal, el cual, actualmente se encuentra en ruinas; mientras que, por otro lado, se debe tomar en cuenta los gastos que conllevará la funcionalidad del penal en la isla.
En relación a esto, Javier Llaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, sostuvo que la propuesta de reabrir El Frontón es inviable. Bajo esa línea, indicó:
“El INPE, para construir un penal, tendría que construir un muelle, una flota de lanchas para llevar y traer personas. Con ese dinero podemos construir, estoy seguro, unos diez penales”[8].
Asimismo, se requiere que todo penal cuente con accesibilidad inmediata; pues ante una emergencia sería necesario que la isla pueda recibir apoyo estatal oportuno. En ese sentido, para poder reaperturar el Frontón, el INPE debería, de antemano, establecer un expediente técnico, construir un muelle, solventar con lanchas, entre otros. Además, como ya se ha mencionado, el costo también conlleva un despliegue logístico acorde a un establecimiento ubicado en una isla; cuya única forma de acceso es por vía aérea o marítima. Sobre aquello, Germán Small Arana, ex director de la INPE, señaló:
“Me parece una iniciativa muy buena, pero hay que tener en cuenta que un establecimiento penal de isla significa el transporte. Tiene que haber transporte y determinación política del Estado, porque se va a considerar como un establecimiento penal de máxima seguridad como régimen cerrado especial: y eso requiere personal capacitado y especializado”[9].
Por ende, si bien establecer un penal en una isla es más seguro, se debe tener en cuenta que los gastos que exige su conservación son excesivamente altos para un plan que no asegura la solución al hacinamiento ni a la inseguridad generada desde los penales. En todo caso, sería más eficiente que se construya un penal de máxima seguridad en un lugar distinto a una isla; o que se amplié el penal de Challapalca, por ejemplo.
Finalmente, cabe recordar que al momento de recluir al delincuente se busca, necesariamente, que la sanción tenga como finalidad su reinserción en la sociedad. En ese sentido, nuestro país se decanta por la “teoría de la unión”, propuesta Claus Roxin, la cual establece que al momento de sancionar a un delincuente, se busca lo siguiente: otorgar garantía al resto de la población de que la comisión de delitos conlleva su castigo respectivo, la rehabilitación del delincuente y la prevención de futuros delitos. En efecto el título preliminar del Código Penal señala: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”.
Sin embargo, el aislamiento de El Frontón aumenta el riesgo de que se generen condiciones precarias; debido a la falta de “fiscalización” de los medios de comunicación y la población en general. Así, se aumenta el riesgo de abuso de autoridad y de sometimiento a tratos degradantes. Al respecto, ya existe un antecedente en aquella isla en el año 1986.
Por lo tanto, en caso de que se llegue a implementar esta medida, consideramos que sería cuestión de tiempo para que se comiencen a percibir más los costos que los beneficios.
4. Reflexiones finales
La propuesta de reaperturar el penal El Frontón ha generado debate en torno a si se debe o no implementar la medida. Se han mencionado los argumentos a favor de la iniciativa legislativa, los cuales consisten, en su mayoría, en la reducción del problema de la delincuencia en el Perú y el hacinamiento en las prisiones. Sin embargo, se ha demostrado que la implementación del proyecto, si bien posee una buena intención carece de un análisis económico adecuado, llevado esto a los términos de costo-beneficio. En buena cuenta, lo que se necesitan son medidas eficientes para contrarrestar las problemáticas mencionadas, y no ampararnos en “simbolismos” que generarán un gasto público mucho mayor al que alternativamente se podría tener.
Editorial escrito por Marialitz Fasshauer y César Loyola.
Referencias:
[1]https://larepublica.pe/sociedad/2024/02/17/jefe-del-inpe-sobre-reabrir-el-fronton-se-pueden-construir-10-carceles-con-ese-dinero-462417
[2]https://canaln.pe/actualidad/penal-fronton-posible-reconstruir-centro-penitenciario-reclusos-alta-peligrosidad-n470645
[3]https://canaln.pe/actualidad/expresidente-inpe-sobre-fronton-terreno-que-no-tiene-servicios-basicos-n470679
[4] https://www.youtube.com/watch?v=HZI-d1clSyM
[5]https://larepublica.pe/politica/2024/02/16/alejandro-soto-a-ministro-de-justicia-el-penal-el-fronton-no-seria-de-lujo-o-un-hotel-5-estrellas-372560
[6] https://www.cverdad.org.pe/ifinal/
[7]https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2023/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2023.pdf
[8] Jefe del Inpe sobre reabrir el Frontón: se pueden construir 10 cárceles con ese dinero | Sociedad | La República (larepublica.pe)
[9] https://diarioviral.pe/politica/politica/presidente-del-congreso-pide-reabrir-el-fronton-20704
