1. El Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación 4 obras de Mario Vargas Llosa.
A inicios de esta semana, se hizo pública una resolución del Ministerio de Cultura que declaró Patrimonio Cultural de la Nación una serie de obras literarias del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Las obras reconocidas son las 4 primera que publicó el célebre escritor arequipeño: “Los jefes”, escrita en 1957; “La ciudad y los perros”, en 1963; “La Casa Verde”, en 1966; y “Los cachorros: Pichula Cuellar”, en 1967.
Este hecho representa un hito en la historia de la literatura peruana, pues es la primera vez que se otorga este reconocimiento y protección a las obras de un autor en vida. Así lo reconoció la ministra de cultura Leslie Urteaga, quien declaró: “Que el Estado le brinde esta condición, esta declaratoria, significa una protección especial y un reconocimiento a la obra, y en este caso específico, a las primeras ediciones de las obras de Mario Vargas Llosa”.
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2. Poder Judicial archiva demanda contra Alejandro Soto, actual presidente del Congreso, por el delito de estafa.
En abril de 2017, Alejandro Soto, actual presidente del Congreso de la República, se desempeñó como abogado de la empresa Waynapicchu S.A. Como parte de su labor, fue encargado de elaborar los estatutos de la empresa y recibió el pago de 6,945 soles; sin embargo, la empresa alega Soto que nunca realizó el encargo. Además de esto, la empresa lo acusa de venderles un terreno por encima de su valor real y hacerles creer que el propietario era de otra persona, cuando realmente era suyo. Por estas acciones, Waynapicchu S.A. lo demandó por estafa y apropiación ilícita común.
En mayo de este año, el Congreso de la República aprobó la Ley 31751, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para reducir a doce meses el tiempo máximo para la suspensión de la prescripción de una acción penal. Si bien Alejandro Soto no votó en favor de esta ley, rápidamente se acogió a la misma, pues solicitó que se archive su caso por la prescripción de sus presuntos delitos.
Este miércoles 16 de agosto, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró consentida la prescripción de la demanda penal. Con esto, el caso de Alejandro Soto se archivó y quedó libre de los delitos que se le imputaron. De todos modos, este archivamiento no impide a la empresa Waynapicchu iniciar acciones legales por la vía civil, por lo que ya se inició una demanda para exigir una reparación civil por daños y perjuicios.
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3. Detienen a 2 asesores de Guillermo Bermejo por el caso de corrupción “Los operadores de la Reconstrucción”
El jueves 17 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción realizó un megaoperativo en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, relacionada con el caso “Los operadores de la Reconstrucción” y los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC). En este, el equipo liderado por la fiscal Marita Barreto allanó 49 inmuebles y detuvo a 12 personas, entre las cuales se encontraban dos asesores del congresista Guillermo Bermejo y Roberto López López, director de la ARCC durante el gobierno de Pedro Castillo: Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta.
Como se mencionó en el párrafo anterior, se trata de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Específicamente, la hipótesis fiscal es que, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, una serie de funcionarios habrían cobrado dinero para la ejecución de obras públicas correspondientes a Reconstrucción con Cambios.
A partir de esta noticia, se hizo público también un audio que implicaría a Guillermo Bermejo con la entrega de dinero por obras realizadas en el distrito de La Unión, ubicado en el departamento de Piura. Además de la investigación de la fiscalía, han iniciado las peticiones para que Bermejo sea investigado por la Comisión de Ética del Congreso, lideradas por la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos.
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4. Poder Judicial amplía por 36 meses la investigación a Susana Villarán
Como es bien sabido, Susana Villarán viene siendo investigada por la adenda 1 al contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla, el reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administradas por la empresa Lamsac (empresa Línea Amarilla S.A.C) y actas de trato directo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Lamsac de 2014. En el marco de esta investigación, el último jueves se hizo público que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de la Fiscalía para ampliar por 36 meses el plazo de investigación.
La solicitud se realizó con el objetivo de llevar a cabo una serie de diligencias pendientes, como la pericia de ingeniería, las asistencias judiciales internacionales, y el agotamiento de las declaraciones testimoniales. De este modo, continuará el proceso de investigación contra Susana Villarán y otras 34 personas (naturales y jurídicas) acusadas de cometer los delitos de colusión y colusión agravada.
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