Por Dyanella Salas Molero.
Estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho de la Asociación Civil Themis.
Muchas veces nos preguntamos ¿qué debemos esperar para poder realmente ver cambios contra la violencia de género? ¿Algún día se observarán cambios sustanciales con respecto a la violencia de género? ¿Qué medidas podrían implementarse para observar un cambio sustancial en la sociedad?
Es pertinente reconocer que el ámbito de movilidad brinda una expectativa, probablemente inexacta, de poder contar con un transporte público que tenga las condiciones mínimas y necesarias para trasladar a un grupo de personas que residen en un determinado lugar; sin embargo, ¿esto ocurre?. Es claro que países como el nuestro deben buscar implementar políticas públicas para que la prestación de servicios de transporte se realice dentro de un marco eficiente y eficaz.
Pero, no basta con mencionar que una política pública soluciona todo. Sí, es pertinente resaltar la labor dual del Estado: prevenir a las personas que harán uso de los medios de transporte público, así como de lograr que la infraestructura, que hace posible dicha prestación, no exponga a los usuarios en ningún sentido, prevaleciendo su integridad física como emocional. Sin embargo, como ha sido de conocimiento general, muchas veces estos espacios han incurrido en ser espacios donde la violencia de género se evidencia de manera masiva y nada se hace respecto a ello.
Hace unas semanas, leí un artículo[1] donde se otorgó información de ciudades de algunos países vecinos tales como Bogotá, Ciudad de México, Santiago e inclusive del nuestro: Lima. En este artículo, se evidencia textualmente la numerosa cantidad de mujeres que señalan que al menos seis de cada diez han sido víctimas y, adicionalmente, entendiendo a un extremo como “categoría”, nueve de cada diez mujeres, han sufrido actos de abuso y/o acoso sexual en estos espacios públicos, específicamente el transporte público.
Es lamentable ver cómo este tema es poco visible en la agenda pública de varios países latinoamericanos, muchas veces se invisibiliza el problema y se trata “mostrar” que no existe ningún tipo de violencia tan grave que atente tanto con derechos como la dignidad en sí misma.
En este sentido, la noción que Naciones Unidas brinda es que “para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o a grupos sobre la base de su género” (United Nations High Commissioner for Refugees, 2003[2]). Basándonos en esta premisa, se debe entender que cuando se comete un acto que incurre en la figura de violencia de género, se debe evidenciar que se comete diversos actos que tienden a posicionar al grupo vulnerable como un grupo inferior y, con esta figura, el problema incrementa cada vez más.
Las distintas agresiones sexuales que se producen en el espacio del transporte público y/o en la infraestructura de acceso, comprenden actos que claramente se remiten a la violencia ejercida, en estos casos, contra mujeres adultas, jóvenes, adolescentes, menores de edad, etc. La violencia de género no distingue edad, ni contexto. Es penoso tener que nombrar a la cantidad de menores de edad que han sido violentadas físicamente en pleno transporte público, niñas que hacen uso de estos medios y que, muchas veces, son víctimas principales de este problema que resulta nunca acabar.
En este sentido, específicamente el marco normativo internacional debería ser refrendado por la legislación interna de cada país sin ignorar que termina adecuándose a esta última jurisdicción internacional en caso existan discordancias. No se puede dejar de lado que en países como Perú y México, se han tratado de realizar avances al respecto; específicamente, en nuestro país se realizó una propuesta de Ley en el Congreso.
Si bien ha existido una preocupación de algunos Estados por minimizar la violencia de género, es claro que no resulta suficiente. Se requiere una actuación más agresiva en el sentido que se busquen formas para aminorar esta situación. En este contexto, diferentes países, algunos mencionados, ratificaron los instrumentos del sistema internacional de DDHH, importantes mencionar los siguientes: Declaración Universal de DDHH; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer; entre otros.
Asimismo, la naturaleza de estas conductas se posicionan más allá de los límites del derecho penal, de normar y sancionar estas conductas; el problema debe ser abordado por el Estado, considerando las múltiples funciones de garantizar, prevenir, regular, de manera justa, la prestación de servicios del transporte público.
En virtud de ello, surge la obligación estricta del Estado de asegurar el uso de una movilidad urbana de calidad para la comunidad, considerando los problemas como aristas donde se les debe otorgar mayor relevancia. Por tanto, no se debe ignorar la importancia y la necesidad de elaborar los marcos jurídicos y normativos para realizar una fiscalización adecuada, donde los aspectos que se relacionan a la calidad sean los óptimos.
Si bien se ha abordado la problemática de manera genérica, es momento de otorgar recomendaciones pertinentes para poder aplicarlas previa evaluación. Es claro que el objetivo principal de este artículo, ha sido poner en la mesa un tema tan importante como el de la violencia de género en espacios que muchas veces ignoramos. La intención, también, es tratar de mitigar, al menos de modo sustantivo, problemas relacionados a la violencia de género que ocurre en espacios públicos como lo es el transporte público.
Por ello, ciertas recomendaciones pertinentes podrían ser: realizar un diagnóstico previo porque uno no sabe qué falla sin antes analizar la parte de un todo (características como la frecuencia, la gravedad de los actos, los lugares y la hora de mayor frecuencia de estas agresiones, como todos los aspectos relacionados a ello). También, evaluar la implementación de indicadores de acoso y abuso sexual de la mano con programas de manera que se recogen los efectos causados bajo un estudio pertinente.
De esta manera, también debe evaluarse la infraestructura del transporte, otorgándole la importancia debida a estos grupos vulnerables, por lo que se deben implementar campañas de sensibilización y educación de la población como tal; con ello, se podrá realizar un análisis sustancial de identificar específicamente en qué espacios se presenta la violencia de género, específicamente el abuso y acoso sexual en el medio de transporte público. Recalcando que no solo es responsabilidad de la legislación per sé, sino también de la unión de acuerdos entre los Ministerios y Servicios estatales pertinentes.
En síntesis, el problema de la violencia de género en medios como estos se ha originado años atrás; al parecer, no se ha encontrado medidas efectivas para mitigar el problema. Por mucho tiempo, se ha demostrado que el acoso y abuso ha incrementado exponencialmente, el transporte público no es un medio seguro para ciertos grupos que constantemente viven tratando de no dar pie a sucesos incómodos. Por ello, se requiere que los actos, en concreto del Estado, velen o busquen el camino idóneo para otorgar seguridad, confiabilidad y que estos espacios sean los adecuados.
Buscar reducir las brechas no solo alude a crear normas que busquen brindar un espacio seguro, sino que realmente se analice con cifras en concreto, estudios que evidencien las aristas que forman parte del problema y se busquen soluciones significativas frente a ello.
Bibliografía
- Violencia de género en el transporte público, una regulación pendiente, Patricio Rozas Balbontín y Liliana Salazar Arredondo (LC/L.4047), 2015.
- CAF (2009). “Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina. Información para mejores políticas y mejores ciudades”, Caracas, disponible en: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/422
- https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/cdjuarez.pdf#page=122
- https://www.redalyc.org/journal/6721/672174264008/672174264008.pdf
- http://www.un.org/es/documents/udhr/
- http://www2.ohchr.org/spanish/ law/mujer_violencia.htm
- http//conapred.org.mx/estudios/doc/E-08-2005.pdf
Referencias
[1] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/38862
[2] https://www.unhcr.org/media/report-united-nations-high-commissioner-refugees-2003
