Por Enfoque Derecho

1.Castillo promulgó la ley que permite retirar el 100% de la CTS hasta el 2023 

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, promulgó la Ley N° 31480, que permite a los trabajadores retirar  de manera excepcional el 100% de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2023.

Esta norma fue publicada el 25 de mayo en el diario oficial El Peruano y señala como finalidad mitigar los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid 19. Cabe enfatizar que se autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2023, a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, a disponer libremente del 100 % de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. En consecuencia, como señala el portal web del gobierno, los demás empleados informales no cuentan con este beneficio.

De ese modo, entre los beneficiarios directos se encuentran los trabajadores del régimen privado que laboran en promedio una jornada mínima diaria de cuatro horas. También los trabajadores de la pequeña empresa, los/as trabajadores/as del hogar, del régimen agrario, etc.

Cabe señalar que como única disposición complementaria final de la ley, se establece que el Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias necesarias en el plazo máximo de 10 días calendario desde la entrada en vigencia de la presente ley.

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2. Congreso censura a ministra de Trabajo Betssy Chávez

Con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el 26 de mayo la censura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez Chino, argumentando su falta de capacidad y grave negligencia en su gestión al frente de su sector, lo cual constituye una grave responsabilidad política al vulnerar los artículos 39, 44 y 119 de la Constitución Política.

De acuerdo a lo informado por el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, quien condujo la sesión, la decisión se comunicará  al presidente de la República, Pedro Castillo, para dar cumplimiento al artículo 132 de la Constitución y el inciso b) del artículo 86 del Reglamento del Congreso. Según estos dispositivos normativos, la ministra censurada debe renunciar y el presidente de la República deberá aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

En consecuencia, Pedro Castillo deberá tomar juramento de un o una nueva ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, quien se uniría a los 4 nuevos ministros a quienes tomó juramento el presidente de la República el pasado 22 de mayo. Específicamente, los nuevos ministros son titulares del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Interior y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Cabe recordar que la censura fue planteada a través de la Moción de Orden del Día N° 2695, presentada por los legisladores de la bancada Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y no agrupados. Por lo tanto, en las votaciones se pudo observa que votaron en bloque a favor de la censura, la bancada de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Asimismo, en mayoría a favor se pronunciaron Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso. Siendo el caso que solamente votaron en contra la bancada de Perú Democrático, Juntos por el Perú y algunos legisladores no agrupados que se abstuvieron.

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3.Fiscalía allana domicilio de Vladimir Cerrón en Huancayo

El pasado 27 de mayo al promediar las 8:00 am, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú allanaron el domicilio del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se ubica en la provincia de Huancayo, región de Junín; así como su oficina ubicada en Paseo La Breña. Estas diligencias fueron dispuestas por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por requerimiento del fiscal Richard Rojas de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.  

En ese sentido, se autorizó el «allanamiento, registro domiciliario, personal, incautación de bienes y descerraje» del domicilio y oficina de Vladimir Cerrón, con la finalidad de «hallar información financiera contable» vinculada al presunto delito de lavado de activos ejecutadas por los miembros de la presunta “organización criminal» que se habría conformado dentro de Perú Libre «entre los años 2008 al 2021».

Asimismo, otra finalidad es hallar información, en documentos y otros objetos relacionados, sobre el aporte de dinero y sobre el patrimonio adquirido y utilizado dentro de las campañas políticas de Perú Libre y sus miembros en el referido periodo.

Al respecto, Vladimir Cerrón se pronunció rechazando las intervenciones dispuestas por el Poder Judicial, enfatizando en que es la segunda vez que se allana su domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no es dueño (en tanto el propietario es Reynaldo Misayauri). Asimismo, calificó el allanamiento como «abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente». En la misma línea, la bancada de Perú Libre expresó su rechazo al allanamiento a la vivienda del líder de su partido.

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4. Poder Judicial ordena embargar más de un millón de dólares a Vladimiro Montesinos

El 21° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Liz Huisa Félix, ordenó el embargo definitivo en forma de retención de más de un millón de dólares (equivalentes a S/ 4.7 millones) al sentenciado Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori.

La finalidad de esta medida es garantizar el pago de los intereses legales generados por la demora del cobro de las reparaciones civiles establecidas en las sentencias condenatorias del 31 de marzo y 10 de junio de 2008 contra Montesinos. Cabe recordar que Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), fue sentenciado hace 14 años, junto a los procesados Venero Garrido y Valencia Rosas como cómplices primarios, y se le impuso el pago de una reparación civil por S/ 10 millones de soles a favor del Estado.

El fundamento de esta sentencia es el desvío de fondos de las partidas asignadas al SIN, además de los fondos aportados por algunos ministerios durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, con el objetivo de asegurar la reelección del referido ex mandatario. 

Cabe señalar que previamente a la decisión del Poder Judicial, el gobierno peruano sostuvo una reunión de Estado con la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo sobre la transferencia de activos decomisados a la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos. Al respecto, mediante las gestiones del MINJUS y la Cancillería se logró el retorno de este dinero de parte de la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo.

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