Por Miguel Ángel Pérez Caruajulca, miembro de la Comisión de Contenido de la Asociación Civil THĒMIS. Asistente de docencia del curso “Acto Jurídico” a cargo del Dr. Rómulo Morales Hervías en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuentan los historiadores que, en épocas antiguas, los conflictos se solucionaban –o al menos es lo que se pretendía– sobre la base de la justicia retributiva denominada: “por mano propia”. De modo que, ante un crimen o delito cometido por una persona, el castigo que recibía era uno proporcional al daño que se había realizado; este mecanismo bien puede traducirse en la frase popular: “ojo por ojo, diente por diente”.
Es así que, ante algún tipo de conducta que dañase a otro, valga decir una agresión, una muerte, un robo, etc.; los castigos eran proporcionales al daño sufrido (en los criterios de aquellas épocas). Por ejemplo, ante una agresión que causase la pérdida de un brazo en otro, la sanción era una equivalente: el aniquilamiento del brazo del agresor; si una persona le quitaba la vida a otra, esta debía pagar de la misma manera, debía morir; si alguien robaba a otro, se le cortaban las manos al ladrón; etc.
Con el trascurrir del tiempo, la evolución del pensamiento y el advenimiento del Estado Moderno, la justicia por mano propia quedó proscrita. El Estado es quien monopoliza la administración de justicia mediante su potestad jurisdiccional. Una sociedad que se precie de civilizada, esto es, ordenada sobre la base de un ordenamiento jurídico y respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, no puede permitirse este tipo de juzgamientos tan violentos, crueles y deliberados.
Se postula así que un infractor o delincuente, sea cual fuere su delito, no puede ser sentenciado sin previamente haber agotado un debido proceso, en el cual se respeten todas las garantías que, como ser humano, le corresponden, lo contrario significaría ir en contra de la esencia misma del hombre y la sociedad.
Actualmente, no obstante ser la justicia por mano propia uno de los métodos más antiguos de juzgamiento (aunque muchos vacilan en que esta pueda, si quiera, ser denominada “forma de justicia”), se pone en duda su desarraigo total como mecanismo de administrar justicia y, contrariamente, se percibe su vertiginoso resurgimiento.
En el Perú, lamentablemente, somos testigos de este intempestivo renacimiento. Los protagonistas principales son, por un lado, las Rondas Campesinas y las Rondas Urbanas (también llamadas descentralizadas) y, por el otro, los infaltables quebrantadores de la ley, los delincuentes.
Llama poderosamente la atención la frecuencia con que cada día se escuchan noticias tales como: “Rondas castigan a banda de abigeos”, “Rondas obligan a delincuentes a comer rocoto”, “Carteristas son intervenidos por Rondas”, “Rondas azotan a secuestrador”; etc. Los temas morales, asimismo, no escapan a su ámbito de supervisión, se escucha así que “Rondas intervienen Night Club”, “Rondas descentralizadas castigan a teniente gobernador por infiel”; “Rondas urbanas azotaron a joven por chismosa”, etc[1].
Son numerosos pues, los casos delictivos en donde se ha dado la intervención de las rondas, ya sean campesinas o urbanas. En la mayoría de estos, el habitual castigo para el infractor es el sometimiento a una sanción física, en su mayoría ser castigado, azotado específicamente, en la parte trasera con la popular “binza” y, además de ello, realizar actividades físicas, como correr, hacer planchas, saltadillas, etc. Debe quedar siempre como consigna en el infractor que no se debe volver a cometer la infracción que determinó su castigo ni ninguna otra que se le parezca, además de su arrepentimiento por lo cometido.
De acuerdo a la gravedad del ilícito, posteriormente el delincuente puede seguir su camino normalmente o puede ser puesto a disposición de la Policía Nacional, quien se encargará de iniciar el proceso penal sancionatorio respectivo. A pesar de ello, no son pocos los casos en que se ha castigado a personas reincidentes que fueron puestas en libertad luego de haber cometido el ilícito. El castigo, en este caso, puede ser más severo.
Muchas de estas situaciones no pasan de lo anecdótico, algunas de ellas se tornan violentas y otras sobrepasan el límite de lo concebible, y se constituyen en prácticas crueles e inhumanas que van en contra de todo lo permitido. Ejemplo de ello son el caso de pobladores en Coata, Puno, que quemaron vivo a un delincuente, sin finalmente llegar a causarle la muerte[2]; el de La Libertad, en donde ronderos acusaron a anciana de brujería y la mataron a golpes[3] o el más reciente, en Juliaca (lugar reincidente en este tipo de situaciones), en el que lincharon y quemaron vivo a un presunto ladrón y asesino de una pareja, causándole la muerte[4]. Estos eventos no deben volver a repetirse, en ningún contexto, bajo ninguna razón ni circunstancia.
Lo sorprendente de estos sucesos es que, lejos de escandalizar al país entero y principalmente al gobierno, suelen ser desapercibidos y no pasan de ser una noticia trágica más en un país como el nuestro, carente de un Estado capaz de crear confianza en el pueblo y administrar justicia por sí mismo.
Alarmante debe ser, además, el respaldo popular ante este tipo de situaciones. Se puede notar como los juzgadores, que se convierten en victimarios, se sienten legitimados para hacer justicia por su propia mano. Y no solo ello, el público en general (indignados por la delincuencia) al comentar estas noticias en las redes sociales, lejos de escandalizarse y reprocharlas, las respaldan y legitiman; a tal punto hemos llegado.
Podemos preguntarnos entonces: ¿Cuáles son las causas que desencadenan este tipo de situaciones?
Muchas respuestas y explicaciones pueden sugerirse. En lo que a mí respecta, pienso que, más allá del incesante incremento de la delincuencia, existe una evidente debilidad institucional tanto del Gobierno Central, del Poder Judicial, del Ministerio Público y, principalmente, de la Policía Nacional para combatir efectivamente el delito. A ello, se suma el olvido injustificado de ciertas zonas del país. Otro aspecto fundamental es la corrupción reinante dentro de las filas de aquellos entes encargados de perseguir el delito y de administrar justicia. La impunidad es pan de todos los días, en una sociedad hambrienta de justicia.
Así las cosas, tratando de responder a la pregunta: ¿hacia dónde vamos, Perú? Me temo que la respuesta no es nada alentadora, como país vamos –si seguimos este círculo vicioso de justicia por propia mano– encaminados a ser una sociedad donde los delitos quedan impunes, ya que no son juzgados por el Estado. Serán las personas, indignadas por la injusticia, y olvidadas por el gobierno, las que tomaran la consigna de juzgar al delincuente, tomando el papel de juzgadores y victimarios. Terminaremos matándonos entre peruanos. Los resultados serán, por demás, peores de los ya narrados.
Ahora bien, nos podemos arrancar los pelos, discutir y teorizar sin cesar si tal o cual conducta por parte de las rondas (campesinas y urbanas) es injusta o no, si estos (rondas) o los otros (delincuentes) están atentando contra los derechos humanos o hasta qué punto ambos pueden llegar…
Mientras tanto, allá fuera, en la realidad, nada cambia: a una humilde familia se le hurta su rebaño; un joven es asesinado despiadadamente y su victimario camina libre por calle, dado que la policía nunca lo capturó o si llego a hacerlo, no se le proceso como debería; niñas indefensas son violentadas y abusadas sexualmente por violadores empedernidos; padres o madres se ven impedidos de llevar alimentos a sus familias, ya que se les robo el único sustento que tenían; el número de asesinatos a la orden por parte de sicarios aumenta incesantemente; en fin, escenarios inimaginables se pueden dar, más o menos peores que los ya mencionados.
Pienso que la discusión debe centrarse en qué debemos hacer para acabar con este tipo de situaciones y el preguntarnos, igualmente, qué papel le corresponde al gobierno y a cada uno de nosotros mismos como peruanos.
En lo que aquí respecta, mi más noble deseo es que la situación cambie y absolutamente nada de lo avizorado se cumpla. Creo fehacientemente en que un fortalecimiento institucional es posible, en que la corrupción puede acabar, en que una efectiva administración de justicia puede llegar a darse, en que la impunidad no será más causa de indignación entre los peruanos. Creo, es más, en una sociedad más justa y equitativa.
Urge un llamado de atención al gobierno, para que tome papeles en el asunto; e igualmente, la toma de conciencia por parte de nosotros, los ciudadanos peruanos, para que todo lo anhelado se cumpla. ¡Basta ya de cumplir un papel pasivo! , estos problemas son cuestiones de todos, nos corresponde a cada uno de nosotros un rol activo en esta problemática. No dejemos que lo evitable termine siendo desastroso.
Si se me pregunta, entonces, nuevamente: ¿Hacia dónde vamos, Perú? Responderé, firmemente, que vamos hacia el establecimiento de un país más justo, unido y democrático… Perú, hacia ahí vamos.
[1] Estos y muchos otros más casos pueden ser vistos en video en el canal de Youtube “Portafolio Periodístico .Tony Alvarado A.” En: https://www.youtube.com/channel/UCJmaqVJ3MjyzfJPBnitEEpQ
[2] En: http://peru21.pe/actualidad/puno-pobladores-le-prenden-fuego-delincuente-coata-2147742.
[3] http://www.larepublica.pe/22-01-2014/la-libertad-ronderos-acusaron-a-anciana-de-brujeria-y-la-matan- a- golpes.
[4] http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/9261649/edicion+puno/juliaca-linchan-a-asesino-de- comerciantes.
