La protección del Derecho a la identidad como presupuesto para la inclusión social

Por: Carla Cabanillas
Estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex-miembro de Enfoque Derecho.

«El hombre está habitado por silencio y vacío./
¿Cómo saciar esta hambre,
/cómo acallar este silencio y poblar su vacío?/
¿Cómo escapar a mi imagen?/
Sólo en mi semejante me trasciendo,/
 sólo su sangre da fe de otra existencia».
Paz, Octavio. Libertad bajo palabra.

Sin duda tener una identidad permite que nos diferenciemos de los demás, ya sea por nuestras características físicas personales o modo de pensar. Pero la identidad va mas allá del hecho de sabernos diferentes al resto. Estas características propias deben ser reconocidas por los otros, y de esta forma podremos individualizarnos y a la vez, al ser reconocidos, sentirnos parte de aquella comunidad que nos reconoce.

Que los ‘otros’ consideren a un individuo como parte de su comunidad es un proceso de dación de identidad, de reconocimiento.

La identidad se convierte en un derecho el cual debe incluir la identidad cultural, religiosa, política, entre otros, en especial de los grupos sociales mas vulnerables, como parte de una política inclusiva.

Es el derecho a la identidad el que permite al ser humano posicionarse como persona, ubicarse como sujeto de derechos y obligaciones en una determinada comunidad. Así, todo individuo tiene derecho a ser reconocido por los demás como poseedor de una identidad propia e inconfundible, a ser el ser que auténticamente es[1].

Este derecho protege la finalidad que cada quien tiene de ser auténtico, de poder diferenciarse de los demás pero a la vez ser reconocido por ellos; por ello, la identidad no se da por el solo reconocimiento en un instrumento legal o la sola entrega del DNI, sino que es un proceso dialéctico. Surge frente a la diferencia, es un proceso de diálogo. El problema identitario surge únicamente frente a la diferencia, esto es, “cuando una colectividad se encuentra –bajo las circunstancias que fueren– con otra en la cual reconoce elementos que le son extraños.[2]”

Fernandez Sessarego señala que “la identidad es, precisamente, lo que diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no obstante ser igual estructuralmente a todos ellos. Es, pues, el derecho a ser “uno mismo y no otro”[3].

En la medida en que este derecho a ser ‘uno mismo y no otro’ es reconocido, se entra en un proceso de inclusión, porque no reconocer a cada sujeto en toda su expresión, con todas las características que lo identifican, implicaría excluirlo. Aunque pueda parecer un razonamiento contradictorio, reconocer que el otro es diferente y reconocer toda esa dimensión que lo diferencia es incluirlo. Este proceso de inclusión será el primer paso para que funcionen las diversas políticas sociales, tanto educativas, culturales, de salud, entre otras. Esto se deriva de que dichas políticas sociales podrán adherir a los sujetos de un determinado territorio en tanto estos tengan afianzado el sentido de pertenencia, lo cual sólo se logrará cuando se protege a cabalidad el derecho a la identidad, además de la necesaria protección de otros derechos. Es por ello que es responsabilidad primaria del Estado garantizarlo, además de que ello habilita la construcción y el sentido a la ciudadanía[4]. Por ello es un derecho fundamental.

Los proyectos y procesos de organización social pierden coherencia si no existe este sentido de pertenencia. De esta forma, los conceptos de nación, inclusión y sentido de pertenencia son los elementos base de la cohesión social[5].

Entonces, exclusión es la imposibilidad de los sujetos en participar en estos proyectos, con lo cual se acrecienta en sentimiento negativo hacia el sistema así como la sensación de inequidad en relación a la protección de derechos. Se busca evitar dicha exclusión, ya que se trata de sujetos vinculados a quienes se les debe tratar de integrar. En ese sentido, el derecho a la identidad también protege este vínculo, ya que incluye el derecho que se tiene a que se reconozca el lugar de nacimiento, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional al declarar fundada la acción de habeas corpus en relación al derecho a la identidad:

“Lugar de nacimiento: ‘Vínculo político y social («nacional») que une a una persona con el Estado al que pertenece. Establece la nacionalidad, que a su vez significa la pertenencia de una persona a un sistema jurídico concreto dictado por un país. Este vínculo del individuo con un Estado le genera derechos y deberes recíprocos.’”[6]

Estos vínculos deben tratarse de manera especial en nuestra realidad social, partiendo de que somos una Estado pluricultural, es necesario tomar esta característica para aprovechar la riqueza cultural considerándola un beneficio y no un factor de desintegración. Quizá en este punto encontremos la razón de las tantas veces fallidas políticas sociales que buscan ir de la mano del desarrollo económico. ¿Cómo funcionar si los destinatarios terminan siendo sujetos anónimos? ¿al final hacía quienes se dirigen dichos “esfuerzos” del sector estatal si previamente no se ha preparado el terreno tratando de reforzar el vínculo de pertenencia?

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[1] CALVO, Roberto. El Derecho a la identidad en el registro civil.  Los registros y las personas. Dimensiones jurídicas contemporáneas. Lima: RENIEC. 2010 p. 830

[2] PACHANO, Simón. (2001) Ciudadanía e identidad. Antología ciudadanía e identidad. www.flacso.org.ec Página Web. Recuperada el 07/10/10 http://www.flacso.org.ec/docs/antciudadania.pdf p. 36

[3] SESSAREGO FERNÁNDEZ, Carlos. Derecho a la identidad personal. Buenos Aires : Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1992. p. 18

[4] TAMARGO, María del Carmen. Identidad, Ciudadanía y Determinantes Sociales. Notas para la formulación de políticas públicas de gestión de la identidad personal. Los registros y las personas. Dimensiones jurídicas contemporáneas. Lima: RENIEC, 2010. p. 89.

[5] Ídem pp. 2

[6] Fundamento número 17 de la sentencia del Tribunal Constitucional Num EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC