Alejandro Cavero es alumno de la Facultad de Derecho y Director de Publicaciones de la Asociación Civil Themis.

Hace algunos días muchos limeños nos dimos con la sorpresa de que alguna autoridad juiciosa había decidido colocar en la Costa Verde (una vía tradicionalmente considerada como rápida) alrededor de 10 gibas (o conocidos como rompe muelles) en un acto de odio hacia todos los que transitamos por allí a diario. Y es que los dos rompe muelles que ya existían al frente del Club Waikiki causaban ya suficiente congestión en horas punta, que no se tuvo mejor idea que aumentarlos. El argumento que dan es obviamente el mismo que se utiliza para justificar la existencia de estas construcciones: son necesarios para que los conductores reduzcan la velocidad. Muchos ciudadanos aún conservamos la esperanza de que estos sean solo temporales y se encuentren allí debido a la presencia de obras (y por tanto obreros circulando) y a la feria gastronómica Mistura.

Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué los ciudadanos diligentes que usábamos la Costa Verde de forma responsable tenemos que sufrir ahora por cuatro o cinco imbéciles que la utilizaban para correr? Pues bien: todos nosotros somos victimas de las externalidades que generan los imbéciles que rompen las reglas de velocidad. Conclusión: todos jodidos con un tráfico insoportable en la única vía rápida “no tan” congestionada que nos quedaba. Y es que la solución no pasa por perjudicar a los responsables, sino en sancionar a los irresponsables. Lo que en inglés se denomina “enforcement” de la Ley.

Por ejemplo, una solución más inteligente hubiera sido colocar cámaras que detecten a aquellos que infringen los limites de velocidad y colocarles gigantescas papeletas (que sean efectivas, enforcement) y evitarnos a todos los ciudadanos tener que sufrir el tráfico causado por los rompe muelles. Lo que ocurre es que en nuestra visión paternalista no queremos que los imprudentes corredores “sufran con multas tan altas” por lo que entonces colocamos gibas para que de ninguna manera puedan correr. Limitamos toda libertad, pero al mismo tiempo toda responsabilidad por parte de los individuos. Y esto no solo por nuestro paternalismo, sino por supuesto por nuestra propia incapacidad, como decíamos, de hacer cumplir la ley. No tenemos en el país una policía y un Poder Judicial que la respete ni que la haga respetar.

Algo muy similar a lo ocurrido en la Costa Verde y los rompe muelles está ocurriendo en el Ministerio del Interior. Hace algunos días el ministro Urresti anunció que presentará un proyecto de ley para prohibir el uso de lunas polarizadas en los autos debido a que son con este tipo de vehículos con los que se cometen la mayoría de asaltos y secuestros en el país. Es decir, nuevamente la medida perjudica a quienes responsablemente sí utilizan sus lunas polarizadas básicamente, más bien, para protegerse de la delincuencia y resguardar su privacidad (desde usos tan legítimos como el que podría tener una mujer sola que busca ocultarse por la noche de los ladrones en una solitaria calle hasta los más absurdos como por ejemplo querer ir a al AutoMac en pijama un domingo por la noche). ¿Por qué la solución de la ley tiene que ser perjudicarnos a todos los ciudadanos?

La solución en este caso es sancionar a los secuestradores y ladrones cuando estos cometan sus delitos, no prohibir los instrumentos que usan para ello en tanto estos tengan también fines legítimos que utilizan otras personas. Entonces, si los ladrones secuestraran en bicicletas, ¿las prohibiríamos también? No. Obviamente capturaríamos al secuestrador y lo meteríamos preso 30 años como ocurre en todos los países civilizados del mundo que permiten además el uso de las lunes polarizadas. Hoy las lunas polarizadas, además, tienen una regulación especial y se requiere un permiso otorgado por el gobierno para su uso, como sonaría lógico. Y es que sufrir las externalidades de los imbéciles (es decir, mayor regulación estatal y, por ejemplo, tramites especiales para lunas polarizadas) es imposible de evitar, pero posible, sin duda, de atenuar. No se puede evitar que la gente haga un uso irresponsable de su propiedad (llámese sus lunas para secuestrar o sus autos para correr) pero lo que sí podemos evitar es que sean otras personas las responsables de pagar por sus malos usos. En ello recae el enforcement, pues cuando este falla, lamentablemente somos todos los demás los que pagamos por ello.