Samuel B. Abad Yupanqui, constitucionalista
Hace catorce años no era extraño escuchar las palabras «secreto», «estrictamente secreto», «reservado», «estrictamente reservado» y «confidencial». Cinco «clasificaciones» de la información que no era de acceso público. Esta situación favorecía la corrupción y evidenciaba la ausencia de un régimen democrático. Un ejemplo: el avión presidencial se compró utilizando un decreto secreto. Estas clasificaciones estaban desarrolladas en los Manuales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional. Manuales, también, secretos. Manuales que no fijaban claramente la frontera entre una u otra clasificación. En esa época cualquier cosa podía ser secreta.
Así vivíamos el año 2000. Imperaba una cultura del secreto que era imprescindible erradicar. Un gobierno caracterizado por concentrar el poder y no dar información. En ese contexto, el Consejo de la Prensa Peruana liderado por Enrique Zileri asumió el reto de promover un cambio. Y lo hizo. Parecía imposible. Nacieron así los Principios de Lima. Diez reglas clave que fueron presentados públicamente en noviembre del año 2000. Fue un trabajo intenso.
«El acceso a la información es un derecho de las personas y al mismo tiempo una exigencia de una sociedad democrática«. Dice el primer principio. Por ello, las excepciones son limitadas. La transparencia es la regla. Las excepciones deben ser verdaderas excepciones. Sin embargo, la situación que vivíamos no era así. La seguridad nacional se había convertido en un argumento utilizado para negar toda pretensión de información, incluso aplicando reglas no publicadas. Vivir en un país transparente era un sueño.
El Consejo de la Prensa apostó por hacer adelgazar el concepto de seguridad nacional y ajustarlo a un esquema democrático. Ya teníamos los Principios de Lima. Eran el marco de referencia. Pero se requería más. ¿Cómo hacerlo? En agosto del 2001, ya en un régimen democrático, se instaló el grupo de trabajo “Acceso a la Información, seguridad nacional y secretos de Estado”. Un grupo bastante plural. Oficiales de la Marina de Guerra, del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como civiles fueron convocados para redactar un documento: “Acceso a la Información y Seguridad Nacional”. Y se logró. Se precisaron los alcances de la seguridad nacional en el ámbito militar, en el orden interno, en el ámbito de inteligencia y en las relaciones exteriores. Algo que parecía increíble se había podido concretar con la participación de los propios involucrados.
Tanto los Principios de Lima como su Adenda sobre Seguridad Nacional han sido la fuente de inspiración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (agosto 2002). Son algo así como el alma de la Ley de Transparencia. Fue un trabajo intenso y productivo. Representantes de la sociedad civil, expertos internacionales y representantes de entidades del Estado trabajaron juntos para favorecer la transparencia en el país. Siempre con la presencia y el liderazgo de Enrique Zileri. Hoy vivimos una nueva etapa, pero aún quedan temas pendientes. Sólo recordaremos tres aspectos.
Un tema cultural.
Recuerdo una antigua campaña del Consejo de la Prensa. Un afiche mostraba a una funcionaria pública abrazada de un archivador. No quería compartir la información con nadie. Era suya. También recuerdo los Informes que elaboraba la Presidencia del Consejo de Ministros. En uno de ellos, efectuado luego de culminar una gestión municipal, se reconocía que no había recibido información de varios gobiernos locales. ¿Qué había pasado? Los anteriores funcionarios municipales se habían llevado la documentación.
Y es que el tema no sólo es legal. También es cultural. Para vivir los Principios de Lima hay que interiorizarlos. Por ello, ha sido especialmente relevante que el Consejo de la Prensa Peruana haya convocado el pasado 11 de setiembre a los trece candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima para suscribir los Principios de Lima. La asistencia de los candidatos refleja su compromiso por la transparencia. Estoy seguro que el Consejo de la Prensa estará atento, como lo hizo antes, a que el compromiso se cumpla.
Subsisten algunas normas. Hay que eliminarlas.
En diciembre del 2012 se publicó el Decreto Legislativo 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional. Según su artículo 12 tiene carácter secreto “en general, toda información o documentación que se genere en los ámbitos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional”. Su amplitud es un riesgo. Nos retorna al secretismo.
La citada norma no tiene justificación. Existe una regulación detallada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que no ha motivado cuestionamientos por quienes integran el Sistema de Defensa Nacional. Si el sustento para su expedición era fortalecer la constitución y el funcionamiento de dicho Sistema, no abona a ello introducir una norma inspirada en la cultura del secreto. En la actualidad, el caso se encuentra en manos del Tribunal Constitucional. Confiamos que en breve elimine dicha norma. Ha costado mucho avanzar por la ruta de la transparencia para pretender volver al pasado.
Una institución autónoma que garantice y promueva este derecho.
Para avanzar hacia una “cultura de la transparencia” se debe fortalecer la institucionalidad. Por ello, compartimos la propuesta de la Defensoría del Pueblo de abrir el debate sobre la necesidad de contar con una entidad pública autónoma encargada de la defensa y promoción de la transparencia. Ya existe en otros países de América Latina: México y Chile. La propuesta debe formar parte de un “compromiso por la transparencia” que contribuya a garantizar el Buen Gobierno en el país y seguir avanzando en la lucha contra el secretismo que tan malos recuerdos nos ha dejado.
Después de catorce años del nacimiento de los Principios de Lima aún quedan temas pendientes. Hay que dejar atrás temas coyunturales que nos acechan día a día y apostar por la institucionalidad y los temas de fondo. Uno de ellos es contar con un sólido compromiso de las próximas autoridades municipales y contar con una institución autónoma que garantice la transparencia en el país. Sería una excelente manera de recordar a Enrique Zileri y su lucha por la transparencia.
Lima, setiembre 2014
