El Perú, a lo largo de los últimos 10 años, ha ostentado un envidiable desarrollo económico. Hoy, en términos macro, somos el país líder de la región, a pesar de la crisis y, en términos de tamaño, somos la sexta economía más importante de nuestra región. Sin embargo, tanta felicidad no podía ser verdad. Y es que en el Perú de los últimos años se ha evidenciado un importante retraso en cuanto al desarrollo político e institucional; quizá este sea el siguiente paso que debería darse. El desarrollo de una economía de libre mercado en el Perú fue el resultado de un consenso nacional luego de una aguda crisis económica. Hoy la crisis política demanda consenso entorno a una verdadera reforma política.
En las elecciones de 2011, un connotado economista, que además postulaba a la presidencia del país, me dijo que este quinquenio (2011-2016) tenía que ser el momento para que el Perú “diera el gran salto”; de lo contrario, todo se podría derrumbar como una torre de naipes. El Perú es una economía sólida, con superávit fiscal, que ha triplicado sus reservas internacionales en los últimos cinco años; que tiene un crecimiento líder y una de las tasas de inflación más bajas en la región. Sin embargo, en todo proceso de crecimiento hay una palabra clave que siempre aparece tarde o temprano para la sostenibilidad del modelo: confianza.
La confianza, en algunos casos, la puede dar la solidez de nuestra economía; pero, a largo plazo, la confianza es siempre reflejo de las instituciones políticas que operan en un determinado país. La confianza se puede traducir de muchas maneras: se le puede llamar seguridad jurídica, predictibilidad política, paz social, entre otros.
La institucionalidad política debe comenzar por el propio Estado peruano. Hoy en día, el Estado peruano es el principal enemigo del crecimiento de nuestra economía. Todo lo que el sector privado empuja para crecer, el Estado lo frena por su indecisión burocrática, su inestabilidad política (repartija) y su inseguridad jurídica (audios Chavín de Huantar).
Además, resulta vergonzoso que, según el Global Competitivness Report 2012-2013, el Perú se encuentre en el puesto 128 de 144 en cuanto a peso de la regulación estatal. Ello nos lleva a una profunda reflexión: tenemos que agilizar al Estado para que este corredor (que llamamos Perú) pueda llegar a la meta de la carrera. Ello se hace, primero, con una profunda reforma del Estado (que parece ya haber empezado con la nueva ley Servir, pero que aún debe materializarse como muchas de las otras reformas que está queriendo implementar el gobierno). Y aquí la clave se llama ‘institucionalidad política’. Para que un país pueda llevar adelante reformas que cambien radicalmente la forma como funciona su institucionalidad estatal, es fundamental el consenso político. Y si en el Perú seguimos teniendo una democracia sin partidos, ese consenso se dificulta por la presencia constante de caudillos y no de ideas.
Las instituciones -me decía un ex presidente- están hechas de personas. Tú puedes reformar en la ley grandes aspectos del Estado (y aún nos falta mucho, reitero), pero al final las instituciones las manejan personas. Que si las instituciones no tienen líderes con visión de país y doctrina (que por lo general deberían formar los partidos), la volatilidad es altísima. Hoy vemos eso en el Perú. Nuestro presidente carece de liderazgo y nuestra clase política está plagada de personalismos. Nuestra seguridad jurídica es paupérrima con un parlamento que hace proyectos de ley absurdos y un poder judicial sometido al poder político. Nuestro Estado traba a los emprendedores, y el sector privado ya no puede seguir cargando con todo el peso de crecer si es que el Estado no pone de su parte. Para ello, es necesario crear institucionalidad política, y las instituciones, como dijimos, no solo deben existir, sino que deben tener líderes que las lleven adelante. Esa es tarea de los hoy precarios partidos y, sobre todo, de los jóvenes. Pues, como decía el historiador inglés, Arnold Toynbee: “el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por aquellos que sí se interesan”.
Solo la institucionalidad (reglas claras) en la política, que puede generar líderes en los hoy paupérrimos partidos, permitirá desarrollar un consenso político para las reformas estructurales que necesita el Estado peruano (hemos visto lo difícil que ha sido sacar una ley tan importante como la del servicio civil, y aún nos faltan varias parecidas). Por ello, es que este es el momento de hacer la gran reforma política. Solo así seguiremos creciendo. No hay mejor seguro contra la crisis que la confianza.
