Toda política pública tiene como objetivo primario alcanzar un resultado concreto. Este resultado debe colocar a la sociedad en la cual la política pública se aplica en una situación más ventajosa que aquella en la que se encontraba en un momento previo. El plan zanahoria, por ejemplo, más allá de las críticas que puede hacérsele (como esta, esta o esta otra), busca reducir los actos de violencia en los establecimientos nocturnos, el número de accidentes de tránsito a altas horas de la noche ocasionados por conductores ebrios, entre otras cosas. Si se logrará o no todo aquello con esta medida en específico es tema de otro debate, pero es claro que, al menos a grandes rasgos, el objetivo de esta política pública es el mencionado.
Por lo general las políticas públicas se canalizan a través de una ley o alguna norma del mismo rango (decreto legislativo, decreto de urgencia, ordenanza municipal, etc.). Ahora, el dictar una ley no logrará per sé un cambio que pueda ser considerado beneficioso para la sociedad. Si mañana el congreso aprueba una ley cuyo artículo único señale que quedan prohibidas las moscas, por ser consideradas molestas, estas no simplemente desaparecerán de la faz de la tierra.
Del mismo modo, tampoco puede pensarse que una ley puede, per sé, eliminar una necesidad humana. Si mañana el congreso aprueba una ley que decreta que queda prohibida la venta de cerveza, la necesidad de las personas por ingerir esta bebida tampoco desaparecerá de pronto. Lo que probablemente ocurrirá en este caso es que al día siguiente de la entrada en vigencia de la norma se inauguren cientos de locales clandestinos que vendan cerveza (seguramente a un precio mayor al que tenía cuando no estaba prohibida).
¿Y cómo logra una política pública el resultado esperado? Básicamente incentivando o desincentivando conductas. Una política de incentivos es aquella que busca premiar a aquel individuo que libremente decida cumplir con una conducta esperada, pero no la sanciona si es que no la cumple. Por el contrario, una política de desincentivos sí pretende sancionar a quien cumple con realizar una conducta no deseada. Este tipo de políticas generalmente acarrean altos costos de control (la necesidad de contar con más policías, por ejemplo).
No es mi intención criticar ni aplaudir los ejemplos de políticas públicas de incentivos o de desincentivos que mencionaré a continuación, sólo los utilizaré para explicar mejor el tema del que trata este artículo.
Un buen ejemplo actual de una política pública que busca incentivar una conducta es el sistema de la carrera pública magisterial. Este consiste en premiar con mejores salarios a aquellos docentes de escuelas públicas que libremente decidan postular a un concurso público y logren ser elegidos para ingresar a este sistema. Los docentes que no deseen postular no se encuentran obligados a hacerlo, ni se verán perjudicados si lo intentan y no logran pasar la prueba. Nada los obliga a postular, no existe sanción alguna. Lo único que existe es un beneficio económico para aquellos maestros que logren pasar por una prueba que libremente escogieron aplicar.
Por otro lado, un ejemplo actual de política pública que busca desincentivar una conducta son las recientes (y controvertidas) multas peatonales. Estas, como es conocido, y al igual que las multas de tránsito aplicadas a conductores de vehículos, sancionan económicamente a aquellos peatones que actúen violando las normas de tránsito. En este caso sí existe una sanción, como queda claro, sí existe una sanción para quien no cumpla con la regla.
Desde mi punto de vista, es más conveniente utilizar incentivos para lograr un resultado deseado antes que utilizar desincentivos con el mismo propósito. Ello por dos motivos. El primero es que los incentivos no suelen están cargados a altos costos de control, cosa que sí es característica de los desincentivos.
El segundo motivo es que una política de incentivos resulta mucho más atractiva de cumplir, ya que el individuo estará realizando la conducta que quiere realizar (que en esta caso es la misma que se busca incentivar). En el caso de los desincentivos, se busca que, por miedo a una sanción, las personas no realicen las conductas que normalmente sí querrían realizar.
Entonces, ¿por qué no utilizar siempre incentivos?
Si bien los incentivos no están predeterminadamente cargados con costos de control, su mera aplicación, así como podría casi no generar costos (como cuando el beneficio ofrecido por realizar la conducta esperada es otorgar a la persona es un “estatus” que le de prestigio), también podría resultar ser altamente costosa. Por ejemplo, si se reemplazase un sistema de desincentivos como el de las multas de tránsito por un sistema de incentivos que premiase con dinero a todos los conductores responsables, los costos para otorgar el beneficio serían demasiado altos, tanto por el premio mismo como por el costo en el que se tendría que incurrir para elaborar un sistema que lo entregue ordenadamente. Incluso si se intenta reducir los costos de aplicación de incentivos otorgando el beneficio no a todos los individuos que efectivamente cumplan con la conducta deseada, sino tan sólo a un porcentaje de ellos, podría ocurrir que estos costos sigan siendo demasiado altos. En estas circunstancias, lo más eficiente será utilizar desincentivos.
Ambos tipos de políticas públicas pueden funcionar si son bien aplicados. Los incentivos funcionarán en la medida en que sean lo suficientemente valiosos para convencer a los individuos de que les conviene adoptar la conducta deseada. Y los desincentivos funcionarán en tanto exista un buen sistema de control.
En conclusión, ¿cuándo deben usarse políticas de incentivos y cuando políticas de desincentivos?
Según lo dicho hasta aquí, sólo cuando los costos de generar incentivos para que los individuos adopten una conducta deseada sean demasiado altos, deberán aplicarse desicentivos.
