Covid-19

Derecho al internet desde la noción de las necesidades humanas básicas

Por Aaron Rivas Atauchi, estudiante de la Facultad de Derecho en la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional En el actual contexto producido por el COVID-19, el MINEDU anunció el 20 de marzo la estrategia “Aprendo en Casa” (Perú 21 2020); la cual, implica un gran desafío para la educación, ya que pretende utilizar diversos medios y recursos tecnológicos. Una herramienta potente para esta situación y para el ejercicio de los derechos es el internet, puesto que permite participar en la vida en sociedad desde un ámbito más accesible, especialmente cuando se restringen derechos constitucionales por la declaratoria de Estado de Emergencia. Esta es una evidencia del rol que cumple el derecho al internet en el derecho a la educación.

Estado de Emergencia se extenderá por 2 semanas más

En la conferencia de prensa de hoy, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Estado de Emergencia se extenderá por dos semanas más; es decir, culminará el domingo 10 de mayo. Ello, en atención a los resultados que se han ido obteniendo en los últimos días. Anteriormente, el mandatario había anunciado que el Estado de Emergencia, declarado el pasado 15 de marzo mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se prorrogaría hasta el domingo 26 de abril, a fin de controlar la propagación del COVID-19 en el Perú. Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, el estado de excepción decretado por el Presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros -ante un peligro inminente o la ocurrencia de

La celebración de la Junta Obligatoria Anual durante el periodo de Estado de Emergencia

Por Claudia Chong, socia del Área Financiera y Corporativa del Estudio Rubio Leguia Normad, y Sheerley Cárdenas, asociada del Estudio Rubio Leguia Normad De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114° de la Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley N° 26887 (en adelante, la “ley General de Sociedades”), la Junta General de Accionistas de una sociedad debe reunirse obligatoriamente, cuando menos, una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, esto es, hasta el 31 de marzo de cada año. Dicha junta tiene como propósitos, entre otros, pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros y resolver sobre la aplicación de las

El Servicio Educativo escolar privado y la Geschäftsgrundlage

Por Mg. Gilberto Mendoza del Maestro. Profesor a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador del Observatorio Inmobiliario Mercantil – OIM. Introducción 1. Marco General sobre los servicios educativos 2. Situación de emergencia sanitaria 3. Las prestaciones 3.1 La prestación de servicios educativos 3.2 La alteración de las circunstancias y la Geschäftsgrundlage 3.3 Las pensiones como contraprestación 3.3.1 ¿Qué es lo que se debe pagar? 4. El rol de las APAFAs. Conclusiones Introducción La cuarentena dispuesta por el gobierno ha traído diversos efectos en nuestra vida diaria: desde la limitación de ciertos aspectos de nuestra libertad (medidas de confinamiento obligatoria) hasta la afectación económica de nuestras labores. A inicios de año era

La suspensión de los procedimientos administrativos disciplinarios a causa del Covid19

Por Gustavo Richarte[1], abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), adscrito a la Facultad de Derecho de la PUCP. En el marco de la crisis mundial por el nuevo coronavirus (COVID-19), nuestro Poder Ejecutivo emitió el 15 de marzo del 2020, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (D.S. N° 044-2020-PCM), Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo artículo 1º declaró el Estado de Emergencia Nacional por quince (15) días calendario (es decir, del 16 al 30 de marzo) y

La urgencia de revisar la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19

Por André Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Introducción Dada la agresividad y propagación de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud e integridad de las personas privadas de libertad; así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención. Una de las recomendaciones es reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios. El gobierno peruano inició la batalla contra la pandemia el 15 de marzo del 2020, decretando medidas oportunas como el Estado de Emergencia Nacional[1], al amparo del artículo 137°, inciso 1 de la Constitución Política

Claves para entender desde una perspectiva de género el impacto del COVID-19 en el mundo laboral

Por Gabriela Salas Zúñiga, abogada laboralista asociada del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, especialista en Compensaciones por la Universidad del Pacífico y becaria de la Academia de Género del Centro de Formación de la OIT. En pocas semanas, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha impactado de manera profunda el sistema de relaciones laborales peruano, generándose importantes cambios en la manera cómo trabajadoras y trabajadores prestan servicios a favor de sus empleadores. Frente a esto, cabe preguntarse, ¿la pandemia del COVID-19 impacta de igual medida a trabajadoras y trabajadores? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Ello en la medida que el COVID-19 no hace sino desnudar y resaltar las desigualdades estructurales de las

El hacinamiento penitenciario y el COVID-19: La conversión de las penas como un mecanismo alternativo para detener esta bomba de tiempo

Por Juan José Rodríguez Hermoza, asociado del área penal del Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción La población penitenciaria ha incrementado en las últimas décadas al punto que los establecimientos penitenciarios nacionales se han desbordado en más del 137% de su capacidad. Dicha circunstancia ha ocasionado que los reclusos vivan en hacinamiento y, consecuentemente, en paupérrimas condiciones de salubridad. Antes de la crisis sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, las autoridades no le deban la importancia debida al problema del hacinamiento en las cárceles. El desinterés en ello, aunado al déficit de un sistema de salud nacional precario y el surgimiento de una pandemia con un virus altamente contagioso han creado una “bomba de tiempo” que pone en

Alternativas legales en épocas de crisis

Por Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero, socio del Estudio Muñiz. La proliferación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha afectado a más de un país y el Perú no ha sido ajeno a ello, con el estado de emergencia declarado por el Estado varias empresas han entrado en una situación de crisis económica y/o financiera, lo cual genera el rompimiento de la cadena de pagos. Motivo por el cual, las empresas se ven en la necesidad de adoptar una serie de decisiones transcendentales para afrontar dicha crisis, entre ellas, la reestructuración de la compañía misma y/o el refinanciamiento de sus deudas; sin embargo, estas empresas suelen tener diversos acreedores, lo que dificulta la negociación con cada uno de ellos, ya que la