abril 2020

La suspensión de los procedimientos administrativos disciplinarios a causa del Covid19

Por Gustavo Richarte[1], abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), adscrito a la Facultad de Derecho de la PUCP. En el marco de la crisis mundial por el nuevo coronavirus (COVID-19), nuestro Poder Ejecutivo emitió el 15 de marzo del 2020, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (D.S. N° 044-2020-PCM), Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo artículo 1º declaró el Estado de Emergencia Nacional por quince (15) días calendario (es decir, del 16 al 30 de marzo) y

Enfoque semanal del 12 al 19 de abril

Donald Trump suspende financiamiento a la OMS El pasado martes 14 de abril, Donald Trump anunció la suspensión temporal del financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense anunció que esta medida se aplicaría mientras se realizaba una investigación sobre el papel de la OMS en las «graves» fallas en la gestión de la contención del COVID-19, así como en el presunto «ocultamiento» del verdadero alcance de los contagios por la pandemia. Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus- actual presidente de la OMS- lamentó la decisión de los EEUU; no obstante, señaló que si bien la gestión de la OMS en la lucha contra la pandemia de COVID-19 efectivamente sería examinada por los Estados

La urgencia de revisar la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19

Por André Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Introducción Dada la agresividad y propagación de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud e integridad de las personas privadas de libertad; así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención. Una de las recomendaciones es reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios. El gobierno peruano inició la batalla contra la pandemia el 15 de marzo del 2020, decretando medidas oportunas como el Estado de Emergencia Nacional[1], al amparo del artículo 137°, inciso 1 de la Constitución Política

Sacrificio de hoy, éxito de mañana

Por Lucía Varillas, asistente del Área Laboral de Dentons. La posición del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha variado en estas últimas semanas. Hace tan solo 15 días se negaba por completo la posibilidad de optar por la suspensión perfecta de labores. Hoy, el Decreto de Urgencia N° 038-2020 lo permite, aunque con algunas particularidades. Es evidente que el Estado no podía seguir dándole la espalda a aquellas empresas que se estaban viendo severamente afectadas por la crisis. Ahora, si bien se trata de una medida que dará un respiro necesario para muchas empresas, y permitirá la preservación del vínculo laboral de miles de trabajadores, algunas empresas no podrán aplicarla al no encuadrar en los supuestos de hecho

Una nueva herramienta fiscal: El Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas

Por Julio Alfredo Marroquín Minaya, abogado por la Universidad Católica San Pablo y magíster en Derecho Constitucional por la PUCP El pasado 24 de marzo, un grupo de congresistas militantes del partido político Frente Popular Agrícola del Perú, presentó el proyecto de ley N°4887/2020–CR, titulado Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas (en adelante el ISF), iniciativa legislativa que propone gravar los ingresos y el patrimonio inmobiliario de propiedad de personas físicas, jurídicas y grupos económicos, con la finalidad de dotar de mayores recursos al Estado para el financiamiento de los programas de salud, educación y trabajo colectivo. En dicho contexto, el presente artículo pretende analizar la propuesta legislativa desde un enfoque constitucional y tributario, partiendo desde la estructura de la

Claves para entender desde una perspectiva de género el impacto del COVID-19 en el mundo laboral

Por Gabriela Salas Zúñiga, abogada laboralista asociada del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, especialista en Compensaciones por la Universidad del Pacífico y becaria de la Academia de Género del Centro de Formación de la OIT. En pocas semanas, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha impactado de manera profunda el sistema de relaciones laborales peruano, generándose importantes cambios en la manera cómo trabajadoras y trabajadores prestan servicios a favor de sus empleadores. Frente a esto, cabe preguntarse, ¿la pandemia del COVID-19 impacta de igual medida a trabajadoras y trabajadores? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Ello en la medida que el COVID-19 no hace sino desnudar y resaltar las desigualdades estructurales de las

El hacinamiento penitenciario y el COVID-19: La conversión de las penas como un mecanismo alternativo para detener esta bomba de tiempo

Por Juan José Rodríguez Hermoza, asociado del área penal del Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción La población penitenciaria ha incrementado en las últimas décadas al punto que los establecimientos penitenciarios nacionales se han desbordado en más del 137% de su capacidad. Dicha circunstancia ha ocasionado que los reclusos vivan en hacinamiento y, consecuentemente, en paupérrimas condiciones de salubridad. Antes de la crisis sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, las autoridades no le deban la importancia debida al problema del hacinamiento en las cárceles. El desinterés en ello, aunado al déficit de un sistema de salud nacional precario y el surgimiento de una pandemia con un virus altamente contagioso han creado una “bomba de tiempo” que pone en

Alternativas legales en épocas de crisis

Por Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero, socio del Estudio Muñiz. La proliferación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha afectado a más de un país y el Perú no ha sido ajeno a ello, con el estado de emergencia declarado por el Estado varias empresas han entrado en una situación de crisis económica y/o financiera, lo cual genera el rompimiento de la cadena de pagos. Motivo por el cual, las empresas se ven en la necesidad de adoptar una serie de decisiones transcendentales para afrontar dicha crisis, entre ellas, la reestructuración de la compañía misma y/o el refinanciamiento de sus deudas; sin embargo, estas empresas suelen tener diversos acreedores, lo que dificulta la negociación con cada uno de ellos, ya que la

A un mes desde el primer caso reportado, otra regresión logística para el análisis de propagación del Covid-19 en el Perú

Por Gonzalo Moya, magíster en Economía de la San Jose State University y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. El 18/03 se publicó aquí un artículo mío escrito dos días antes, cuando entró en vigor el estado de emergencia nacional, mediante D.S. N°044-2020 del 16/03. Su propósito era justificar estadísticamente dicha medida de choque, proyectando la cantidad de contagiados en el tiempo si es que la cuarentena no se hubiese decretado. El mismo 18/03 entró en vigencia la inmovilización social obligatoria, mediante D.S. N°046-2020, que modifica el artículo 4° del D.S. N°044-2020 (es de hecho en el numeral 4.2 que se precisa el “toque de queda” de 8 p.m. a 5 a.m.). Ese día también se

La indefensión del ciudadano ante el régimen sancionador previsto durante la emergencia sanitaria (D. L. N°1458 y D.S. N°006-2020-IN)

Por Ramón Huapaya Tapia, profesor ordinario de Derecho Administrativo en la PUCP, miembro investigador del GIDA- PUCP y socio de CMS Grau, y Diana Attilano Flores, adjunta de docencia del curso Derecho Administrativo la Universidad de Lima y asociada del mismo estudio. En el contexto actual de emergencia sanitaria, el Gobierno dispuso diversas medidas de aislamiento social que buscan controlar la pandemia del COVID-19, a través de una declaración de estado de emergencia hecha vía Decreto Supremo y sucesivas normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. Tal como advertimos en su oportunidad[1], el enforcement o mecanismo de cumplimiento para asegurar la vigencia de tales normas era exclusivamente penal, puesto que no existía un régimen administrativo sancionador. La cuestión es que desde que