julio 2020

Entrevista a Héctor Rojas | Multas penales y administrativas

Entrevista realizada a Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios En esta oportunidad, Kathia Martínez, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversó con Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, acerca de las multas como forma de sanción tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador. HR: Agradezco muy especialmente la invitación que me hace Enfoque Derecho para contestar a sus interrogantes sobre un tema que me apasiona. Debo advertir que el desarrollo de cada pregunta puede resultar muy complejo y, por ello, me voy a limitar a responder

Calificación registral de Prescripciones Adquisitivas de Dominio Notariales: ¿Qué pasa si el titular registral es COFOPRI?

Por Enrique Quincho, asociado del área inmobiliaria de Rubio, Leguía, Normand & Asociados Es muy común encontrarse con opiniones donde señalan que no procede la inscripción de una prescripción adquisitiva de dominio declarada notarialmente, sobre predios cuyo antecedente registral figura como titular COFOPRI. Esto debido a que, se considera que la sola publicidad de esta entidad en la partida del predio implicaría que esta entidad viene realizando actos de formalización, con lo cual se encontraría en la prohibición del numeral 3.2 del artículo 3º de la Ley Nº 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones: “(…) 3.2 La regularización de edificación que realice, al amparo

Suspensión de intereses moratorios cuando la demora es inimputable al contribuyente ni a la Administración Tributaria

Por Alvaro Sánchez Montes, practicante de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uria y estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP En nuestro ordenamiento los tributos y multas tributarias se actualizan aplicando una tasa de interés moratorio (TIM) sobre el importe del tributo omitido y las multas interpuestas por la Administración Tributaria. No obstante, en caso de demora en la emisión de las resoluciones por parte de la Administración Tributaria[1] o el Tribunal Fiscal[2] imputable a dichas entidades, los tributos y multas se actualizan en función al IPC[3], suspendiéndose los intereses moratorios por el plazo de demora. Por ejemplo, suponiendo que la SUNAT exceda el plazo de 9 meses[4] para resolver una reclamación; tendríamos que los intereses moratorios se

Nuevo gabinete ministerial: Gabinete Cateriano

Pedro Cateriano juramentó el día de hoy como nuevo Presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Vicente Zeballos. Además 10 nuevo/as ministro/as ocuparon los ministerios de Salud, Justicia, Relaciones Exteriores, Interior, Trabajo, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente, y Desarrollo e Inclusión Social. Lo/as ministros/as que se mantienen en su cargo son María Antonieta Alva del Ministerio de Economía y Finanzas, Walter Martos del Ministerio de Defensa, Jorge Luis Montenegro Chavesta del Ministerio de Agricultura y Riego, Gloria Montenegro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Alejandro Neyra del Ministerio de Cultura. Por último, la ex ministra de Producción, Rocío Barrios, se convirtió en la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, y Carlos Lozada,

Agenda legal del 6 al 12 de julio

1. Proyecto de Ley 05744/2020-CR Título: Ley «Pena de Cadena Perpetua para violadores y asesinos» y modifica los artículos 107, 108, 108-B, 108-C, 170, 171, 172 Y 177 del Código Penal. Sumilla: Propone aumentar las penas a cadena perpetua para los delitos de violación y homicidio, contemplados en los artículos 107, 108, 108-B, 108-C, 170, 171, 172 y 177 del Código Penal. Estos artículos son los correspondientes a parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, violación sexual, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento y demás formas agravadas. Grupo parlamentario: Frente Popular Agrícola del Perú Link: www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05744-20200709.pdf 2. Proyecto de Ley 05728/2020-CR Título: Ley que modifica

La resurrección del modelo inquisitivo a través del retorno al secretismo judicial

Por Mercedes Gianela Ramírez Alvarez, alumna de último ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Criminología de la misma casa de estudios y practicante del área penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados. 1. Introducción La pandemia del COVID-19 ha planteado diversos retos para el país. En el caso del sistema de justicia, el coronavirus supuso su inmovilización total por varios días, limitándose las actuaciones judiciales a sucesos de flagrancia derivados del estado de emergencia. Sin embargo, la tecnología ha sido uno de los aliados protagonistas para el ordenamiento jurídico peruano en estos tiempos difíciles. Es así como, sobre la marcha, se realizaron diversos esfuerzos por parte

¿Qué les debe el Estado y las empresas mineras a las comunidades campesinas de Espinar?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. En momentos en que MINEM y la empresa minera Antapaccay se niega a pagar el bono solidario solicitado por las comunidades campesinas, y que la Fundación Antapaccay que debía de administrar el 3% de las ganancias de este proyecto minero en favor de las comunidades no funciona, sea por el veto de la propia empresa, o sea porque se sobre valora los proyectos que financia, conviene recordarle al Gobierno su deuda impaga con las comunidades campesinas, a pesar, que la ley se lo exige[1]. 1. No se ha pagado servidumbre minera  El

¿Procede el incremento de tributos municipales durante un procedimiento de habilitación urbana y/o de edificación?

 Por Raúl Alonso Maguiña Quiroz, asociado del área Inmobiliaria, Adquisición y Saneamiento de Tierras de CMS GRAU El artículo 31 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, señala que el incremento del monto de impuestos prediales y arbitrios, producto de los procedimientos de habilitación urbana nueva y/ edificación, será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación. No procede el aumento de impuesto predial y arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación urbana no se hubiere concluido. En nuestra normativa actual,

Trabajar a toda costa

Luz Limachi, miembro ordinario de GEOSE y alumna de la Facultad de Derecho de la PUCP. En esta “nueva normalidad”, todas y todos nosotros hemos llevado a cabo más de una modificación en nuestras relaciones sociales, rutinas; y, en general en nuestro estilo de vida. Del mismo modo, a nivel mundial, las relaciones laborales se han visto en la necesidad de adaptarse. En ese sentido, en una típica relación laboral, se han tenido que modificar algunas condiciones como el horario e incluso la remuneración. Es así que, de un lado (en el mundo de trabajadores de empresas) se llevan a cabo estas modificaciones; del otro, muchos trabajos (generalmente los realizados de manera independiente) han tenido que MUTAR dadas las circunstancias.

Un retroceso en la aplicación del principio de culpabilidad

Por Ramón Huapaya Tapia, profesor de Derecho Administrativo Económico de la PUCP y socio de CMS Grau, y Oscar Alejos, asociado de CMS Grau e integrante del equipo de Derecho Administrativo y Regulación El principio de culpabilidad es un fantasma en nuestro derecho administrativo sancionador. Está ahí, pero no está; lo vemos a veces, pero se desvanece. Antes de su previsión expresa, se le invocaba sin éxito sobre la base de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Con su previsión expresa en la ley de procedimiento administrativo general (LPAG), se le invoca también sin éxito frente a las distintas administraciones públicas. En algunos sectores se niega su aplicación sobre la base de normas especiales que consagran un régimen de responsabilidad objetiva (medio