febrero 2022

Dos nuevos casos que buscan justicia electoral: Hacia la constitucionalización del Derecho Electoral Peruano  

Por Luis Alberto Duran Rojo, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Tributario. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del Departamento de Derecho de la PUCP. Presidente del Partido Morado. EL CONTEXTO Anteriormente abordamos un caso electoral (el mantenimiento de la inscripción del Partido Morado)[1] en el que mostrábamos que el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (ROP) interpretó erróneamente la legislación electoral, dejando de lado el cumplimiento del rol fundamental que la Constitución Política asignó a dicho organismo constitucional (JNE) de optimizar el derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos. Afortunadamente, en aquella oportunidad, fue el Pleno Jurisdiccional del JNE que corrigió esa situación realizando una

Límites penales a la libertad de expresión: ¿es razonable encarcelar a los conductores de “Complétala” por mofarse de un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad?

Por Walter Palomino Ramírez, abogado y Magíster en Derecho Penal (PUCP). Master en Cumplimiento Normativo (UCLM – España). Egresado del Doctorado en Derecho de la UNMSM. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la UCSUR*. El 17 de febrero de 2022, de acuerdo a lo que se indicó en una nota informativa de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, la Décima Fiscalía Provincial de Familia decidió que se inicié una investigación en contra de Ricardo Gabriel Mendoza Castillo y Norka Gaspar Ríos (conductores del espacio virtual “Complétala”, que se emite por You Tube), en vista de que dichas personas habrían realizado algunos comentarios que tendrían relevancia penal, al atentar contra el honor, la dignidad y la seguridad social

Enfoque Sem​​anal del 14 al 20 de febrero del 2021

1. Digemid autoriza comercialización de píldora contra el COVID-19 La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) otorgó el Registro Sanitario Condicional al Monupiravir, a través de la RD Nº 1640-2022, a fin de permitir su comercializ​​ación en el país con receta médica. Este fármaco es una​​ píldora para el tratamiento contra el COVID-19, que se prescribe a los adultos que están en los cinco primeros días de infección y que presenten al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. El medicamento fue desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD), la cual aseguró su eficiencia y seguridad en la reducción de hospitalizaciones y muertes por coronavirus. En ese sentido, el decano del Colegio Médico señaló

Medidas legales para la seguridad jurídica de los acuerdos aprobados en sesiones no presenciales en el contexto del COVID-19

Por Rogelio Gutiérrez, socio de Impuestos y Servicios Legales, y Juan Diego Cruz, gerente de Impuestos y Servicios Legales En el contexto actual del Estado de emergencia declarado por el gobierno de Perú y prorrogado inclusive hasta la fecha por las circunstancias que afectan la vida de las personas por el COVID-19, resulta necesario identificar las medidas legales que se deben considerar para resguardar la eficacia de la convocatoria y la celebración de reuniones societarias, así como para otorgar seguridad jurídica a los acuerdos corporativos que en dichas reuniones sean aprobados, considerando la relevancia e impacto que tienen en el crecimiento y desarrollo de los negocios. Es así como a partir de la publicación del Decreto Supremo No 044-2020-PCM, los

La necesaria eliminación de la cuestión de confianza obligatoria en el sistema de gobierno peruano

Por Mariel Abad, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP, miembro de la asociación civil THEMIS y el Consejo Editorial de Enfoque Derecho. 1. Introducción: Esta última semana, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el predictamen de reforma constitucional que elimina el pedido de voto de confianza obligatorio que deben hacer todos los nuevos gabinetes ministeriales en un plazo de 30 días después de haber jurado en el cargo. Este predictamen acumula los proyectos de ley 206/2021-CR, 306/2021-CR y 612/2021-CR, el último de estos presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, de los cuales, todos modificarían el artículo 130 de la Constitución. Precisamente, Patricia Juárez, aseguró durante la sustentación del proyecto que

EDITORIAL | “Con mis hijos no te metas”: El PL 904 y el intento por eliminar la ESI y el enfoque de género de la educación peruana

Por Enfoque Derecho Introducción En diciembre de 2021, el congresista y presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Esdras Medina, presentó el Proyecto de Ley 904/2021-CR titulado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”[1]. A pesar de que su título trata de presentar al proyecto como una iniciativa que busca la mejora de la calidad educativa en nuestro país, lo cierto es que su contenido dista mucho de representar un avance en la educación. Al contrario, representa un retroceso en la evolución del sistema educativo peruano y una afectación a los derechos humanos. A modo de resumen, y sin perjuicio de ser abordado detalladamente en el segundo apartado del

Régimen Tributario y Gravámenes a la Minería

Por Luisa Peralta,  Asociada de Santiváñez Abogados, con estudios de postgrado por la Universidad Santiago de Compostela (España) y Universidad Austral (Argentina). Un agradecimiento especial por la colaboración en la realización de este artículo al equipo tributario del Estudio Santiváñez integrado por Milagros Fernández, Patricia Casachagua y Miguel Rosas. El Perú es un país minero. A nivel mundial, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales. Es el sexto productor de oro, tercer productor de plata, segundo productor de cobre, cuarto productor de plomo y tercer productor de zinc[1]. Es así que la minería contribuye de manera importante a la economía peruana. La actividad minera en nuestro país se encuentra regulada por la Ley General de Minería