19 de agosto de 2026

«Muy distinto es el caso de un proceso civil, con pretensiones meramente patrimoniales derivadas de una controversia entre particulares. En estos casos, donde lo que se tutelan son intereses de carácter netamente privado, la diligencia de un demandante que, por ejemplo, reclama una indemnización, debe seguir siendo premiada o castigada por el ordenamiento. Estamos pues ante un proceso entre partes que litigan en posición de igualdad formal, y sin ninguna asimetría probatoria estructural. No existe por tanto ningún principio social que deba prevalecerse sobre la diligencia de probar aquello que se reclama».