¿Incumplir para ganar más?: Incumplimiento deliberado, riesgo informativo y alcance de la indemnización

Editorial escrito por Enfoque Derecho

1. Introducción

El principio de la fuerza obligatoria del contrato, recogido en el artículo 1361 del Código Civil peruano, constituye uno de los pilares del Derecho de obligaciones: lo pactado debe cumplirse en los términos en que fue acordado. Sin embargo, el Análisis Económico del Derecho ha puesto a prueba esa premisa mediante una hipótesis conocida como incumplimiento eficiente, según la cual, en ciertas circunstancias, resulta socialmente deseable que el deudor no ejecute la prestación prometida y, en su lugar, repare los daños que ocasiona al acreedor. En ese sentido, la hipótesis, formulada en la doctrina angloamericana y difundida entre nosotros por la literatura de análisis económico de las instituciones legales (Bullard González, s. f.), obliga a preguntarse si el ordenamiento jurídico peruano admite, y en qué medida, la reasignación de un recurso hacia quien lo valora más.

En este marco, un supuesto sencillo permite ilustrar el problema. A se obliga a arrendar a B un local comercial por una renta de S/ 10 000 mensuales. Antes de la entrega de la posesión, C, un tercero, ofrece S/ 15 000 mensuales por el mismo inmueble, y A decide incumplir su obligación frente a B. Este último, para instalar su negocio, consigue otro local de características similares por S/ 12 000 mensuales y sostiene, además, que perdió contratos con proveedores como consecuencia de la inejecución. Prima facie, la oferta de C parecería justificar económicamente la conducta de A. No obstante, tal conclusión no se sigue de la mera comparación entre S/ 15 000 y S/ 10 000: exige determinar cuánto cuesta efectivamente colocar a B en la posición que el contrato le prometía, si existe un sustituto adecuado, qué gastos adicionales debió asumir y si las pérdidas comerciales invocadas constituyen un daño jurídicamente resarcible.

No obstante, la dificultad se agrava cuando la inejecución es deliberada. De conformidad con el artículo 1318 del Código Civil, procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación; y, a tenor del artículo 1321, quien incumple por dolo, culpa inexcusable o culpa leve queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución, circunscribiéndose el resarcimiento al daño previsible únicamente en los supuestos de culpa leve. De este modo, el deudor que decide incumplir para aprovechar una oportunidad más rentable no solo infringe el deber de prestación, sino que se coloca en el régimen más severo de responsabilidad que contempla la norma. De ello surge una tensión entre dos finalidades; de un lado, no desalentar reasignaciones que generen valor; de otro, impedir que el deudor externalice sobre el acreedor los costos de su decisión.

Por ello, en el presente editorial, Enfoque Derecho sostiene que dicha tensión solo puede resolverse si se distingue, con precisión conceptual, entre el incumplimiento eficiente y el incumplimiento oportunista, y si se comprende cuál es el interés contractual que la indemnización está llamada a proteger. Para ello se adopta como lectura de base el planteamiento de Escobar Rozas (2023), quien contrasta la justicia correctiva con la justicia funcional en el sistema de remedios legales, y se lo confronta con los aportes de la teoría económica clásica (Holmes, 1897; Birmingham, 1970; Posner, 2014) y con la doctrina nacional sobre inejecución de obligaciones (Osterling Parodi y Castillo Freyre, s. f.).

Asimismo, de lo expuesto se deriva la pregunta de investigación que guía este trabajo: ¿en qué medida el régimen indemnizatorio del Código Civil peruano, en particular el artículo 1321 aplicado a la inejecución deliberada, permite distinguir el incumplimiento eficiente del incumplimiento oportunista y distribuir razonablemente entre deudor y acreedor el riesgo informativo, sin imponer una indemnización supercompensatoria que encarezca la contratación?

2. El incumplimiento eficiente como hipótesis económica

2.1 Concepto y condiciones del incumplimiento eficiente

La idea de que el contrato admite una lectura en términos de opción de cumplir o de indemnizar tiene como antecedente la célebre tesis de Holmes (1897), para quien el deber de cumplir un contrato, en el common law, equivale a la predicción de que deberá pagarse una indemnización si no se cumple[1]. La expresión efficient breach y su desarrollo formal se atribuyen, en cambio, al trabajo de Birmingham (1970), quien argumentó que, bajo determinadas reglas de medición de daños, el incumplimiento puede ser el resultado económicamente más eficiente[2]. En esa línea, Posner (2014) consolidó esta perspectiva mediante el análisis económico del contrato y la difundió como categoría general[3].

Por consiguiente, en su formulación estándar, el incumplimiento es eficiente cuando, celebrado el contrato, aparece un uso alternativo del bien o de la prestación cuyo valor excede el que representa para el acreedor, de modo que el deudor, tras reasignar el recurso y pagar la indemnización correspondiente, aún obtiene un beneficio neto. Dicho de otro modo, el valor adicional generado por la reasignación debe ser mayor que el costo íntegro de colocar al acreedor en la situación que le habría correspondido de cumplirse el contrato.

En el caso propuesto, A obtendría de C una renta superior en S/ 5 000 mensuales a la pactada con B. Para que su incumplimiento sea eficiente, ese diferencial debe cubrir, como mínimo, el costo que supone para B contratar un sustituto (S/ 2 000 mensuales de diferencia), los gastos accesorios en que incurra para ello y los demás daños que fueran jurídicamente resarcibles. Solo si tras esa compensación subsiste un excedente puede afirmarse, en términos económicos, que el incumplimiento generó valor. Se trata de una operación aritmética ilustrativa, cuyo resultado dependerá de la duración del arrendamiento y de la prueba de los daños alegados.

2.2 Incumplimiento eficiente e incumplimiento oportunista

La distinción entre el incumplimiento eficiente y el oportunista es el eje de este trabajo y, conforme a la lectura de Escobar Rozas (2023), el punto de partida para evaluar qué sistema de remedios resulta coherente con una concepción correctiva de la justicia contractual[4]. El incumplimiento eficiente presupone que el acreedor queda efectivamente indemne y que el beneficio del deudor proviene de una mayor valoración social del recurso, no de la transferencia de pérdidas. El incumplimiento oportunista, en cambio, es aquel en el que el deudor se beneficia porque logra trasladar al acreedor, total o parcialmente, el costo de su decisión: sea porque la indemnización resulta insuficiente, sea porque el acreedor no puede probar o cobrar el daño, sea porque el incumplimiento se explota para renegociar el precio en condiciones abusivas.

La diferencia no radica en el carácter deliberado de la conducta, pues ambos tipos de incumplimiento son voluntarios, sino en el resultado distributivo. Un mismo acto, la entrega del bien a un tercero que ofrece más, puede ser eficiente si el acreedor es plenamente compensado, y oportunista si la compensación es incompleta. De ahí que la calificación económica del incumplimiento dependa, en última instancia, de la regla de indemnización aplicable y de las condiciones institucionales para hacerla efectiva.

2.3 Criterios de eficiencia: Pareto y Kaldor-Hicks

La literatura emplea dos criterios para evaluar si una reasignación es eficiente. Según el criterio de Pareto, un cambio es eficiente cuando mejora la situación de al menos un sujeto sin empeorar la de ningún otro. Aplicado al caso del incumplimiento, solo sería paretiano si el acreedor resultara plenamente compensado, de manera que su situación fuera, a su juicio, indiferente respecto de la que habría tenido con el cumplimiento. De manera que, se trata de un estándar exigente, pues presupone que la indemnización elimina todo perjuicio, incluidos los de difícil valoración.

Por su parte, el criterio de Kaldor-Hicks, más flexible, considera eficiente un cambio cuando los beneficiados podrían, hipotéticamente, compensar a los perjudicados y conservar aún una ganancia, aunque tal compensación no llegue a efectuarse. Es este el criterio que suele invocarse para justificar el incumplimiento eficiente (Posner, 2014; Bullard González, s. f.)[5][6]. Su debilidad, sin embargo, es que admite una mejora agregada de bienestar aun cuando el acreedor sufra una pérdida no compensada, lo que lo aproxima al problema del incumplimiento oportunista. Por ello, desde la óptica de la justicia correctiva que informa la lectura de Escobar Rozas (2023), la compensación solo hipotética resulta insatisfactoria: lo relevante no es que el deudor pueda indemnizar, sino que efectivamente lo haga en una medida que deje indemne al acreedor[7].

2.4 La indemnización compensatoria como mecanismo para dejar indemne al acreedor

En el modelo de incumplimiento eficiente, la indemnización cumple la función de internalizar en el deudor el costo que su decisión impone al acreedor. Esta función puede cumplirse de tres maneras, según la relación entre la suma pagada y el perjuicio efectivamente sufrido:

  • Subcompensación: La indemnización es inferior al daño, ya que el deudor se apropia de parte del valor del contrato y el acreedor soporta un costo que no ha causado. Se generan incentivos a incumplir en exceso, incluso cuando la reasignación no sea realmente valiosa.
  • Compensación plena: La indemnización iguala el daño, de modo que el acreedor queda en la posición que habría ocupado de cumplirse el contrato. Además, es el punto de equilibrio que el modelo toma como referencia.
  • Supercompensación: La indemnización excede el daño, debido a que el deudor internaliza más que el costo que impone, lo que puede desalentar reasignaciones que generarían valor y encarecer la contratación, en la medida en que el deudor anticipe una responsabilidad superior al riesgo real.

En el ordenamiento peruano, la indemnización de daños y perjuicios no es el único remedio frente a la inejecución. El artículo 1219 del Código Civil faculta al acreedor a exigir la ejecución de la obligación, a procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro a costa del deudor, y a obtener del deudor la indemnización correspondiente; el artículo 1428 admite, además, la resolución del contrato por incumplimiento sin perjuicio del resarcimiento. Estos remedios deben analizarse de manera conjunta (Osterling y Castillo, 2003), pues la opción del acreedor por uno u otro modifica la medida de lo que corresponde indemnizar[8]. En particular, la posibilidad de procurarse la prestación a costa del deudor guarda estrecha relación con el costo de conseguir un sustituto, que en el caso propuesto está representado por el arrendamiento del segundo local.

2.5 Límites del modelo

El modelo de incumplimiento eficiente descansa en supuestos que raramente se verifican en su forma pura. Cuatro límites resultan especialmente relevantes para el análisis jurídico:

  • Costos de transacción. El modelo presume que la reasignación puede efectuarse sin costos relevantes. En la práctica, buscar un sustituto, renegociar, litigar y probar el daño consumen recursos que la indemnización no siempre cubre. Si el acreedor no es resarcido por esos costos, el resultado se desplaza hacia la subcompensación.
  • Existencia de un sustituto adecuado. La indemnización limitada al costo de reposición solo deja indemne al acreedor si existe en el mercado un sustituto equivalente. Cuando el bien es singular o su valor para el acreedor es subjetivo, el costo de reposición subestima el interés afectado.
  • Detección. El modelo supone que el incumplimiento será conocido y que el acreedor podrá reclamar. Cuando el incumplimiento puede ocultarse o su causa resulta difícil de acreditar, el deudor tiene incentivos para incumplir sin indemnizar.
  • Posibilidad efectiva de cobrar la indemnización. Aun obtenida una sentencia favorable, la insolvencia del deudor, la duración del proceso y los costos de ejecución pueden erosionar la compensación. Una indemnización teóricamente plena puede devenir, en los hechos, parcial.

Estos límites explican por qué el ordenamiento peruano no reconoce un derecho general del deudor a incumplir a cambio de una suma de dinero. El análisis del incumplimiento eficiente es útil para evaluar los incentivos que generan las reglas indemnizatorias, pero no desplaza, por sí solo, la fuerza obligatoria del contrato (art. 1361 del Código Civil), cuya tutela primaria sigue siendo la ejecución de lo pactado.

III. El artículo 1321 frente al incumplimiento deliberado

3.1 Los intereses de restitución, confianza y expectativa

Para determinar qué debe indemnizarse es indispensable precisar qué interés del acreedor protege el contrato. El aporte clásico en esta materia corresponde a Fuller y Perdue (1936-1937), quienes distinguieron tres intereses susceptibles de tutela cuando una promesa contractual es incumplida:

  • El interés de restitución, orientado a que el promitente devuelva el beneficio que recibió del acreedor, de modo que no se enriquezca a su costa[9].
  • El interés de confianza (reliance), dirigido a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor al haber confiado en la promesa, es decir, a colocarlo en la situación en la que se encontraría si el contrato no se hubiera celebrado[10].
  • El interés de expectativa, que persigue colocar al acreedor en la posición que habría alcanzado si la promesa se hubiera cumplido[11].

La distinción es de gran utilidad para el caso propuesto. Los gastos en que B incurrió para preparar la instalación de su negocio en el local prometido pertenecen, en principio, al interés de confianza; la renta adicional que debe pagar por el sustituto (S/ 2 000 mensuales) y las ganancias que habría obtenido de haberse ejecutado el contrato pertenecen al interés de expectativa. Solo el segundo conjunto de intereses corresponde a la posición que el contrato prometía a B.

3.2 La expectativa como medida del interés contractual y la justicia correctiva

La doctrina contemporánea identifica la expectativa como la medida natural del interés contractual, pues es la que reconoce al acreedor el valor de lo que fue prometido y no meramente la reparación de una pérdida. Desde la perspectiva de la justicia correctiva, tal como la desarrolla Escobar Rozas (2023) a partir de la tradición aristotélica, el remedio se justifica por la necesidad de restablecer la igualdad alterada entre las partes: el incumplimiento supone que el deudor retiene un valor que pertenecía al acreedor, y la indemnización debe corregir esa transferencia injustificada[12]. En este marco, la expectativa no es una mera conveniencia económica, sino la expresión jurídica del derecho del acreedor a la prestación prometida.

Esta concepción tiene una consecuencia relevante para el incumplimiento eficiente. Si el derecho del acreedor es a la prestación, y no a un valor sustituible por dinero, el deudor no es titular de una opción de incumplir mediante el pago de una suma; su deber de cumplir persiste y la indemnización opera como remedio frente a una infracción, no como precio de una facultad. Esta es la razón por la que, a diferencia de lo que sugiere la formulación holmesiana, el sistema peruano mantiene la ejecución de la prestación como remedio principal (art. 1219, inc. 1, del Código Civil) y concibe la indemnización como consecuencia de la inejecución.

3.3. La perspectiva funcional: externalidades, apropiación del valor contractual e incentivos 

Frente a la visión correctiva, la perspectiva funcional que contrasta Escobar Rozas (2023), con sustento en la tradición benthamiana, evalúa los remedios en función de los incentivos que generan y de su capacidad para maximizar el bienestar agregado. Desde este enfoque, la indemnización se justifica en la medida en que internaliza los costos que el incumplimiento impone a terceros y desincentiva conductas socialmente ineficientes.

Bajo esta premisa, tres conceptos son centrales en esta perspectiva. En primer lugar, las externalidades, es decir, cuando el deudor incumple y no responde por la totalidad del daño causado, traslada parte de este al acreedor, quien soporta un costo que no generó. En segundo lugar, la apropiación de hecho del valor contractual: si el deudor retiene el excedente que obtiene del incumplimiento sin compensar íntegramente al acreedor, se apropia de un valor que el contrato había asignado, al menos parcialmente, a este último. Y, en tercer lugar, los efectos sobre los incentivos para contratar: si los acreedores anticipan que serán subcompensados, reducirán su inversión en el contrato o encarecerán las condiciones en que contratan; si, por el contrario, los deudores anticipan una responsabilidad superior al daño real, evitarán obligarse en condiciones que podrían haber sido mutuamente beneficiosas. Ambos efectos incrementan el costo de la contratación.

Sin embargo, ambas visiones, la correctiva y la funcional, coinciden en un punto relevante para este trabajo: la medida de la indemnización condiciona la calificación del incumplimiento como eficiente u oportunista. Una indemnización insuficiente favorece el oportunismo; una excesiva, al desalentar las reasignaciones valiosas, perjudica la eficiencia. De allí se evidencia la importancia de analizar, en los apartados siguientes, si el artículo 1321 del Código Civil, aplicado a la inejecución dolosa, conduce a una medida resarcitoria que supere la necesaria para dejar indemne al acreedor.

3.4. Aplicación al caso: ¿Qué significa dejar a B en la posición en que estaría de haberse cumplido el contrato?

Determinar la posición de B supone comparar dos escenarios: el que habría existido si A hubiera entregado el local en las condiciones pactadas y el que efectivamente se produjo. La indemnización debe cubrir la diferencia entre ambos, siempre que se trate de daños resarcibles. En el caso propuesto, los componentes a evaluar son los siguientes:

  • Costo de reposición: Si B consiguió un local equivalente por S/ 12 000 mensuales, la diferencia de S/ 2 000 respecto de la renta pactada constituye, en principio, el costo de colocarlo en la posición prometida, durante el plazo del contrato. Esta partida se vincula con la facultad de procurarse la prestación a costa del deudor.
  • Gastos accesorios: Los costos de búsqueda, de negociación y de eventual mudanza o adecuación del nuevo local son daño emergente en la medida en que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento.
  • Pérdida de contratos con proveedores: Esta partida es la más problemática. Constituye, en abstracto, lucro cesante, pero su resarcimiento depende de que pueda atribuirse causalmente al incumplimiento, de que haya sido razonablemente previsible o conocida por el deudor y de que B haya procurado mitigar su pérdida mediante la obtención de un sustituto oportuno. Si B pudo evitar la pérdida contratando con rapidez otro local, el daño no puede atribuirse íntegramente al deudor.
  • Prueba del daño: Todas las partidas deben ser acreditadas por quien las alega. El lucro cesante, por su naturaleza hipotética, exige una prueba particularmente rigurosa.

El análisis revela que dejar indemne a B no equivale a reconocer todo lo que éste reclame, sino a identificar con rigor qué forma parte del interés contractual protegido y qué responde a circunstancias particulares que el deudor no conoció ni pudo razonablemente conocer. Esta distinción, que cobrará relevancia al estudiar el artículo 1321 y la asimetría informativa en materia de lucro cesante, delimita el problema central del artículo: cómo distinguir los daños que integran el interés contractual del acreedor de aquellos que dependen de planes o usos particulares no comunicados, de modo que el deudor responda por lo que debía internalizar sin soportar riesgos que no pudo evaluar al contratar.

4. El interés contractual protegido y la función de la indemnización

4.1 El dolo según el artículo 1318

Conforme establece el artículo 1318 de nuestro Código Civil, procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. En ese sentido, el artículo hace referencia a una voluntad consciente de incumplir determinada obligación, es decir, no basta el incumplimiento, sino la intención de incumplir. Entonces, en el caso que es materia de análisis del presente artículo, A conoce el contrato de arrendamiento con B y, pese a ello, decide incumplir para celebrar un contrato más lucrativo con C. Ante ello, no es necesario sostener que A actúo con un propósito subjetivo de dañar a B, sino que el análisis del 1318 se centra en la mera decisión deliberada de no ejecutar la prestación, por lo que la motivación económica de A no elimina el carácter deliberado del incumplimiento, sino que constituye un indicio de que el deudor comparó alternativos y optó por incumplir.

4.2 Dolo, culpa y responsabilidad por inejecución: alcance de los artículos 1319 y 1320

 El artículo 1321 somete a indemnización a quien incumple por cualquiera de esos tres factores de atribución y señala que el resarcimiento comprende daño emergente y lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Su tercer párrafo establece una limitación adicional para la culpa leve: la reparación se restringe al daño que podía preverse al tiempo de contraerse la obligación. Por tanto, la previsibilidad no aparece en el texto como un límite indistinto aplicable a todo incumplimiento. La norma mantiene el filtro causal para todos los grados de imputación y añade, en el caso de culpa leve, un límite basado en la previsibilidad ex ante.

La doctrina clásica suele relacionar la distinción entre consecuencias directas e indirectas, mientras que el criterio de previsibilidad se asocia a Hadley v. Baxendale[13]. En este último caso, el tribunal inglés distinguió entre los daños que surgen naturalmente del incumplimiento y aquellos que dependen de circunstancias particulares conocidas o comunicadas al contratar. Cuando esas circunstancias extraordinarias no son conocidas por el deudor, no puede presumirse sin más que asumió el riesgo de todas las pérdidas excepcionales que podrían derivarse de ellas.

En ese sentido, comunicar las circunstancias especiales, como los planes de explotación que se tienen respecto de un determinado recurso que es materia de contrato, resulta relevante, puesto que cumple una función económica al permitir estimar con precisión el riesgo que podría ocasionar un posible retraso o incumplimiento de la obligación, por lo que, de conocer, incorporaría ese riesgo en el precio, contratar un seguro, negociar una cláusula extra o, simplemente, rechazar la operación. En consecuencia, la información reduce el riesgo de que el deudor asuma una exposición que no pudo valorar. Sin embargo, esa explicación económica no es aparentemente contemplada en artículo 1321 en referencia al supuesto doloso.

Ante ello, emana una duda evidente y razonable: ¿Por qué es necesario informar respecto de los planes de explotación que se tiene respecto de determinado recurso?

4.3 Asimetría informativa

La respuesta a la interrogante previamente planteada se encuentra en la relación asimétrica de información que se tiene en una relación contractual con prestaciones recíprocas. En el caso de A, este conoce muy bien las características que posee su local, el cual es debidamente informado hacia B, deber impuesto por el artículo 1362 del Código Civil. Sin embargo, A desconoce sobre los planes de explotación que tiene B con el local, ya que este puede usarlo con un fin comercial, habitacional, contratar con terceros, etc. Esa información se encuentra bajo el control del acreedor (B), mas no del deudor (A). Por ende, B se encuentra en una posición en la que puede incurrir en menores costos que A para obtener dicha información, por lo que la carga se le debe imponer a B.

Esta gran diferencia manifiesta una gran asimetría informativa, por lo que es necesario que B también deba revelar sus planes a futuro con el recurso, de modo que permita anticipar a A al momento de definir su precio. Una regla que obligara al deudor a responder por cualquier utilidad que el acreedor afirme haber perdido luego del incumplimiento podría generar el incentivo perverso de ocultar información y, con ello, encarecer los contratos, puesto que los vendedores intentarán disminuir tal riesgo a toda costa.

4.4 Lectura del artículo 1321 a la luz del incumplimiento doloso

El segundo párrafo de dicho artículo resulta problemático en cuanto al incumplimiento doloso. Según sostiene Escobar Rozas (2023)[14], el segundo párrafo impone una sanción menos onerosa cuando se suscita un incumplimiento por culpa leve: únicamente responde por los daños previsibles. No obstante, eso quiere decir que en el caso de incumplimientos por dolo o culpa grave tendrán que responder por los daños previsibles e imprevisibles (lucro cesante). Empero, en el caso del dolo el incumplimiento puede responder a tres causas: generar un daño (problema patológico), transferir el recurso a quien más lo valor o evitar una pérdida innecesaria.  Para ello, los dos últimos son causales que responden a un objetivo racional de eficiencia (pp. 317).

En efecto, como menciona el autor, el artículo 1321 impone una sanción, a nuestro parecer, poco eficiente, dado que impone una sanción supercompensatoria, la cual carece de un análisis económico ex antes, dado que, en el supuesto simplificado, A obtiene S/ 5 000 adicionales al conceder el arrendamiento a C en lugar de B. Si se reconoce únicamente el diferencial de sustitución de S/ 2 000 y los gastos Pᵢ, A retendría una ventaja aproximada de S/ 5 000 – Pᵢ. Pero si B demuestra que la inejecución le hizo perder una utilidad L que integra el interés contractual lesionado y que constituye una consecuencia inmediata y directa, el costo relevante del incumplimiento aumenta considerablemente. El beneficio de A ya no puede compararse únicamente con el precio del sustituto: debe descontarse también L y los gastos incidentales resarcibles.

5. ¿Qué problemas genera el artículo 1321 en cuanto al incumplimiento eficiente? 

5.1 Daños imprevisibles como sanción ineficiente

Según Bullard (2006)[15], una operación contractual es eficiente cuando, producto de la operación, los bienes o servicios involucrados son asignados a usos más valiosos que los que tenían antes de la celebración del contrato (pp. 317). Sin embargo, el artículo 1321 impone una sobrecompensación al acreedor al imponerle al deudor pagar los daños previsibles e imprevisibles. Esto hace que A no solo tendría que cubrir los S/2000 que equivalen al costo de sustitución, sino que también tendría que cubrir aquellos costos que fueron perjudicados de los fines de explotación que tenía B con el recurso (información que desconocía A). Imaginemos que dichos costos L equivalen a S/5000, entonces el costo de incumplir para A sería S/7000 (Valor sustituto + costos imprevisibles). Ello hace que el excedente positivo que tenía A antes de S/3000 se reduzca drásticamente a una pérdida de -/S 2000, lo cual hace que el incumplimiento devenga en ineficiente.

Cuando L es imprevisible y no ha sido comunicado, el deudor carece de una base suficiente para calcular la exposición que acompaña a la decisión de incumplir. La responsabilidad por ese daño puede convertir una oportunidad con excedente positivo en una decisión económicamente demasiado riesgosa. Ante la posibilidad de una condena cuyo monto depende de una actividad que desconocía, A puede preferir cumplir incluso cuando el recurso tendría un uso alternativo de mayor valor y cuando la pérdida real de B, incluidos los daños que integran el interés contractual, sería inferior al beneficio de la reasignación. El resultado no es necesariamente una mejor compensación, sino la conservación de recursos en usos de menor valor por temor a una responsabilidad de difícil estimación.

Es decir, A ya conoce que su recurso es valorado por C en S/15,000, por lo que cumplir forzosamente un contrato por S/10,000 sería totalmente ineficiente porque se estaría asignando un recurso a personas que no lo valoran lo suficiente. A no considera que su local vale S/10, 000 y B está accediendo a un recurso que es valorado mejor por C. En ese sentido, no se cumple con la eficiencia que manifiesta el autor previamente citado.

Asimismo, basándonos en la eficiencia de Pareto, la imposición de los costos previsibles e imprevisibles prescrita en el artículo 1321 del Código Civil tampoco sería una imposición óptima, dado que B estaría mejorando, pero A se estaría viendo ampliamente perjudicado. En virtud de ello, notamos que dicha norma carece de sustento económico, por lo que su vigencia en nuestro ordenamiento, a nuestra percepción, debería ser reconsiderada.

5.2 Desincentivo a revelar información y encarecimiento de la contratación

Un segundo efecto aparece en los incentivos del propio acreedor. Si este sabe que, ante un incumplimiento doloso, puede reclamar pérdidas imprevisibles sin haberlas comunicado al contratar, disminuye su incentivo económico para revelar usos especiales del bien, planes de reventa o ganancias extraordinarias que dependen de la prestación. La revelación puede elevar el precio, inducir al proveedor a exigir garantías o llevarlo a adoptar precauciones más costosas. Si el acreedor puede conservar esa información y trasladar al deudor el riesgo de la pérdida después del incumplimiento, puede resultarle más conveniente guardar silencio.

Bebchuk y Shavell (1991)[16] muestran, mediante un modelo formal sobre límites de responsabilidad contractual, que bajo una regla de responsabilidad ilimitada los compradores con una valoración elevada pueden no comunicarla: recibirían una compensación alta en caso de incumplimiento aun sin revelar su valoración, mientras que comunicarla podría generar un mayor precio y costos de comunicación (pp. 295–296). Los autores identifican que esa falta de revelación puede impedir que los vendedores ajusten adecuadamente sus precios y niveles de precaución. El modelo no equivale exactamente al artículo 1321, pues estudia reglas generales de responsabilidad y no la excepción peruana aplicable al dolo. Sin embargo, ofrece una explicación económica pertinente: cuando la reparación de pérdidas extraordinarias no depende de su revelación o incorporación al contrato, se debilita el incentivo para producir la información que permitiría asignar eficientemente el riesgo.

La consecuencia puede extenderse al mercado. Para protegerse frente a una exposición incierta, los proveedores pueden incorporar primas de riesgo a sus precios, solicitar garantías adicionales, limitar la contratación de bienes especializados o rechazar operaciones cuyos usos finales no puedan verificar. Los clientes con riesgos ordinarios terminarían soportando parte del costo de los riesgos excepcionales de otros contratantes. También pueden aumentar los costos de negociación y litigio, pues, una vez ocurrido el incumplimiento, las partes discutirán si una ganancia extraordinaria era real, si se frustró por causa directa de la inejecución y si el monto reclamado es verificable. De esta manera, se incrementan significativamente los costos de transacción.

En ese sentido, el artículo 1318 define el dolo por la deliberación, no por la mala fe. Bajo esa definición cae el deudor que quiere dañar, pero también el que reasigna el bien a quien más lo valora o el que evita una pérdida innecesaria (Escobar, 2023, p. 317)[17]. Para el análisis económico esos supuestos son opuestos. Holmes (1897)[18] ya entendía el contrato como una alternativa entre cumplir o pagar daños (p. 462), y Posner[19] (2009) recuerda que Holmes propuso una teoría “sin culpa” del contrato, en la que el incumplimiento no es un acto ilícito, sino un hecho que activa el deber de pagar daños (p. 1349). Escobar (2023) lo funda en su propia teoría: la justicia funcional busca desincentivar la lesión ineficiente de derechos, no la eficiente, y la obligación de indemnizar “se sustenta en la necesidad de trasladar el costo generado por un acto que no es per se condenable” (p. 286-305). Si A compensa íntegramente a B, no hay expropiación de hecho ni externalidad negativa. Agravar entonces la responsabilidad convierte una compensación en una sanción que solamente perjudica los costos de transacción sin que exista el daño social que la justificaría.

Por todo ello, no resulta eficiente imponer los costos imprevisibles al deudor, dado que se trata de información que desconocía totalmente al momento del contrato, de conocerlo podría haber gestionado el riesgo de una manera muy distinta a la que se hizo sin dicha información; por ello, la sanción impuesta por el artículo 1321 resulta ineficiente en tanto imposibilita una situación en la que no solamente nadie sale perjudicado, sino que se benefician las partes y el bienestar social en general. Los costos referidos a la explotación de un recurso, por ende, deberían ser asumidos siempre y cuando se expresen explícitamente en el contrato, de otro modo deviene en ineficiente.

6. Conclusiones

El incumplimiento eficiente no es una invitación a incumplir. Es una herramienta para evaluar si las reglas de responsabilidad dan buenos incentivos. Desde esa perspectiva, el Código Civil peruano acierta en lo central: protege el interés del acreedor y exige que el deudor, aun cuando incumpla, deje al acreedor en la posición que habría tenido con el cumplimiento. Esa regla compensatoria permite que un incumplimiento solo sea rentable cuando genera más valor del que destruye.

El problema aparece en el artículo 1321 cuando el incumplimiento es doloso. Al ampliar la indemnización a daños imprevisibles, la norma trata igual al deudor oportunista y al que reasigna un recurso a un uso más valioso y está dispuesto a compensar. Además, convierte el costo de incumplir en una cifra que el deudor no puede conocer al contratar ni al decidir. Sin información suficiente, el deudor puede abstenerse de un incumplimiento eficiente por miedo a una exposición mayor que la real. También puede incumplir de forma ineficiente si subestima el daño que causa. En ambos casos, la regla distorsiona el incentivo en lugar de corregirlo.

Una lectura del artículo 1321 coherente con la eficiencia debería evitar dos extremos. Por un lado, no hay razón para ignorar el dolo cuando hay engaño, ocultamiento o aprovechamiento de la posición contractual. Por otro, la mera decisión deliberada de no cumplir no debería activar por sí sola una responsabilidad por daños que el acreedor pudo revelar y el deudor no pudo anticipar. La solución pasa por exigir al acreedor que comunique los riesgos especiales, por reservar el agravamiento a los casos de mala fe y por permitir pactos que fijen de antemano el precio del incumplimiento. Así, el derecho de daños reparará al acreedor sin impedir que los recursos terminen en manos de quien más los valora.

Editorial escrito por Braulio Trebejo y Camila Trujillo


Referencias bibliográficas

Bebchuk, L. A., & Shavell, S. (1991). Information and the scope of liability for breach of contract: The rule of Hadley v. Baxendale (NBER Working Paper No. 3696). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w3696

Birmingham, R. L. (1970). Breach of contract, damage measures, and economic efficiency. Rutgers Law Review, 24, 273-292. https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1705

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