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Aplicación de daños punitivos en el ordenamiento jurídico peruano: una herramienta del Common Law aplicada actualmente en materia laboral como alternativa para la prevención de daños al consumidor y trabajadores

Por Piero Castañeda Padilla, estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Derecho PUCP. Miembro del Grupo de Investigación en Sociología y Antropología del Derecho PAQTAY. Practicante preprofesional en Lima Airport Partners.  Los daños punitivos o ‘punitive damages’ son una figura particular del common law “que se suman a los daños ya liquidados bajo el título de resarcimiento del perjuicio real y efectivo que ha padecido el damnificado” (Ponzanelli, 1992, p. 25), y que en el Perú solo es aplicable en los casos de despido incausado y fraudulento, según el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional. Según lo entiende nuestra Corte, “los daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al

La cuestión de confianza y sus límites

Por Heber Joel Campos, abogado y magister en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP. Master en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova (Italia). Profesor ordinario, de pre y postgrado, de la PUCP. Ahora que se discute nuevamente en la Comisión de Constitución la posibilidad de limitar la cuestión de confianza para evitar que el gobierno haga un uso desproporcionado de ella, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: ¿Se puede hacer cuestión de confianza de cualquier cosa? No. El Tribunal Constitucional (TC) tanto en la STC 0006-2018-PI/TC como en la STC 0006-2019-CC/TC dijo, enfáticamente, que la cuestión de confianza sirve para garantizar el equilibrio de poderes entre el gobierno y el Congreso.

¿El Código Penal peruano adscribe el dolo eventual?

Por Paul Iriarte, miembro actual del Instituto de Defensa de los derechos fundamentales «Eugenio Raúl Zaffaroni» Recensión dogmática Cabe precisar que, para el análisis del dolo y la culpa, para juicio del suscrito, se realiza desde los grados del conocimiento, en razón del sujeto cognoscente sobre un objeto cognoscible y una representación necesaria. En consecuencia, para afirmar un delito doloso, requiere cognición certera y voluntad en la realización del tipo penal en cuestión. En cambio, en el delito culposo se requiere cognición, pero probable. Ergo, exige voluntad, qué duda cabe. No obstante, el tema para diferenciar, radica en el propósito criminal, puesto que, en el la realización del delito culposo, concurre voluntad, pero sin propósito criminal. Art. 12.- Delito doloso

La falta de desarrollo del principio de confianza en la sentencia condenatoria del expresidente del gobierno regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas

Por José Ernesto Coca Caycho, abogado con experiencia laboral en el sector publico y privado, egresado de la maestría en ciencia penales por la UNJFSC, ex Docente universitario en la UNJFSC y UNAB. I.- INTRODUCCION. Se ha hablado y escrito mucho sobre la sentencia condenatoria de Vladimir Cerrón Rojas, con motivos que distan de tratar de explicar si esta se encuentra debidamente motivada, a pesar de existir un informe jurídico[1] del respetado y reconocido profesor español Jordi Ferrer Beltrán[2] quien concluye en dicho documento: «En mi modesta opinión, que someto a la consideración de mejores argumentos, que la condena del Sr. Cerrón Rojas en la sentencia analizada se encuentra completamente privada de sustento probatorio. Con ello, se estiman violados derechos

La contratación de trabajadores extranjeros exceptuados por convenio: el nuevo Estatuto Migratorio Andino y el Acuerdo Mercosur

Por Juan Carlos Ruiz Del Pozo, Abogado por la Universidad ESAN, maestrando del Máster Universitario en Derecho Constitucional en la Universitat de València. Consultor en Migración Corporativa en Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy. I. INTRODUCCIÓN El 12 de mayo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, la Decisión Nº 878 que aprueba el Estatuto Migratorio Andino (en adelante, “EMA”), en el cual se regulan nuevos tipos de residencia (calidades migratorias, como se conocen en nuestro sistema legal) que les permite a los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, “CAN”)[1] residir y trabajar en otro país miembro con requisitos simplificados. Esta Decisión entró en vigencia oficialmente 90 días posteriores

Servir y no servirse: El principio de la buena administración pública

Por Renzo Díaz Giunta, practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, estudiante de undécimo ciclo de Derecho en la Universidad de Lima, Director General del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima, Director Distrital de San Borja en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM), PRME LAC Student Ambassador y asociado en la Association of Young International Criminal Lawyers (YICL).   Todo inicio de un nuevo Gobierno se caracteriza por ser una etapa de cambios; tanto a nivel de las autoridades que encabezan las diversas entidades que componen el Poder Ejecutivo, así como el estilo en que se gobierna y las políticas públicas que la nueva gestión decide elaborar e impulsar con carácter de prioritario. Actualmente, el