Servir y no servirse: El principio de la buena administración pública

Por Renzo Díaz Giunta, practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, estudiante de undécimo ciclo de Derecho en la Universidad de Lima, Director General del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima, Director Distrital de San Borja en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM), PRME LAC Student Ambassador y asociado en la Association of Young International Criminal Lawyers (YICL).  

Todo inicio de un nuevo Gobierno se caracteriza por ser una etapa de cambios; tanto a nivel de las autoridades que encabezan las diversas entidades que componen el Poder Ejecutivo, así como el estilo en que se gobierna y las políticas públicas que la nueva gestión decide elaborar e impulsar con carácter de prioritario.

Actualmente, el Gobierno del Presidente Castillo se ha visto inmerso en una serie de cuestionamientos por controversiales nombramientos en puestos de confianza en el Poder Ejecutivo. Desde ministros de Estado hasta asesores, diversas designaciones han sido cuestionadas por sectores de la sociedad civil y la prensa, así como el Congreso, la Contraloría y la Defensoría.

Cabe destacar que, más allá de los nexos partidarios de estas personas, las críticas que se dieron giraron en torno a que las personas nombradas no eran idóneas para el cargo, debido a que carecían de la formación profesional y experiencia laboral para un desempeño adecuado de sus labores. Además, algunas de las personas en estos cargos de confianza están siendo investigadas penalmente.

En mérito a ello, el Defensor del Pueblo peruano, Walter Gutiérrez, se sumó a los críticos de estos nombramientos sosteniendo lo siguiente: “Consideramos imperativo que se reevalúe las designaciones ministeriales efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública”^[1].

Ahora bien, lo suscitado en la actualidad es un claro ejemplo de que los cargos de confianza en el Perú suelen ser instrumentalizados como una forma para devolver favores, designar amistades y conceder cuotas de poder al partido de gobierno, a través de la presencia de sus aliados en puestos de decisión y manejo presupuestario. Por ende, anteponen sus propios intereses y se sirven del poder en vez de, conforme lo establece el artículo 39 de la Constitución, estar al servicio de la nación.

Aunque es potestad presidencial la elección de los ministros y, a su vez, que estos designen a personal de su confianza en otros cargos, lo cierto es que prima el principio constitucional de buena administración pública. El cual traza un límite a esta potestad, en mérito de satisfacer fines constitucionalmente valiosos.

La buena administración pública es un principio constitucional de todo Estado Constitucional de Derecho que establece un ejercicio ético y responsable de la función pública que salvaguarde el interés colectivo de la nación. A través de este, las autoridades deben velar por el bienestar de la sociedad y trabajar en beneficio del país y la ciudadanía con especial énfasis en hacer un uso estratégico y prudente de los recursos del Estado para lograrlo.

Es importante precisar que, el principio constitucional de buena administración, aunque no se encuentra explícitamente consagrado en la Constitución peruana, está implícitamente constitucionalizado en su Capítulo IV, Título II. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene en su jurisprudencia lo siguiente: “Dicho principio quiere poner en evidencia no solo que los órganos, funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general, pues están al servicio de la Nación (artículo 39° de la Constitución), sino, además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de modo transparente”^[2].

Entonces, se puede afirmar que, el principio de buena administración está estrechamente relacionado con la voluntad de servicio al país; cualidad que de la que no gozan todos los ciudadanos, pero que sí es necesario que se encuentre presente en las personas que ejercen una función dentro del Estado, para que sean verdaderos servidores públicos y no solo ocupantes de cargos públicos.

Inclusive, bajo la óptica del derecho comparado, posee otra acepción; la buena administración entendida como un derecho.  En esa línea, el jurista español Rodríguez-Arana indica: “La buena Administración pública es un derecho de los ciudadanos, nada menos que un derecho fundamental, y, también, un principio de actuación administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de la Administración. Y la Administración está obligada, en toda democracia, a distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general”^[3].

Por consiguiente, aplicado al ámbito de la gobernanza de un país, la buena administración se materializa en lo que muchos denominan buen gobierno. Y, los ciudadanos tienen tanto el derecho a una buena administración como a un buen gobierno. Subjetividades de lado, toda persona que lidera una institución debe ser capaz de tomar decisiones prudentes, apropiadas y oportunas a favor de la población.

Claro está que, una decisión importante es seleccionar su equipo de trabajo, donde debe primar el rodearse de personas éticas e idóneas para el cargo. Debido a que son cargos de confianza, estas personas no le son impuestas sino son escogidas; dice mucho el que deposite su confianza en personas cuestionables por implicancias delictivas, promover discursos intolerantes y carecer de valores humanistas y principios democráticos.

Asimismo, según el maestro Rodríguez-Arana, en su emblemática obra sobre la materia: “Buen gobierno y la buena administración tienen mucho que ver con la adecuada preparación de las personas que gobiernan, que dirigen en la Administración pública, aquellas que en cada caso hacen cabeza. Deben tener mentalidad abierta, metodología del entendimiento y sensibilidad social. Deben trabajar sobre la realidad, utilizar la razón y contemplar los problemas colectivos desde perspectivas de equilibrio para ser capaces de entender dichos problemas y contemplar la pluralidad de enfoques y dimensiones que encierran”^[4].

También, un elemento importante en la vida democrática de toda nación es la participación activa y constante de los diversos actores de la sociedad civil para fiscalizar el accionar de sus autoridades. El primer peldaño hacia una buena administración es adoptar, conforme el espíritu de la Constitución, una cultura gubernamental orientada a perfiles técnicos, experiencia y meritocracia.

Por ello, reitero lo precisado en una anterior publicación de Enfoque Derecho: “Reivindicar nuestra democracia es posible, bajo un compromiso ciudadano de desterrar perpetuamente el espíritu indiferente que nos ha caracterizado durante tantos años. Como bien indica la Carta Democrática Interamericana en su artículo 2; la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”^[5].

En suma, como nación, debemos desterrar la concepción de que los puestos de confianza en la Administración Pública son como un botín que se reparte entre el partido de Gobierno y sus aliados, sin distinción de méritos para ocupar el puesto. Para el fortalecimiento de la gestión pública y la lucha anticorrupción en el Perú, se requiere de servidores públicos con voluntad de servicio al país e idoneidad moral. Urge en el Estado peruano más personas que busquen servir al Perú y no servirse; la patria no es un buffet.

Referencias

^[1] Defensoría del Pueblo. (2021). Oficio N° 0202-2021/DP.

^[2]   Tribunal Constitucional. (2005). EXP 02234-2004-PA.

^[3] Rodríguez-Arana, Jaime. (2013). La buena administración como principio y como derecho fundamental en Europa. Bogotá: Misión Jurídica.

^[4] Rodríguez-Arana, Jaime. (2012). El Ciudadano y el Poder Público: El Principio y el Derecho al Buen Gobierno y a la Buena Administración. Madrid: Editorial Reus.

^[5]  Díaz Giunta, Renzo. (2020). Jaque a la democracia. Lima: Enfoque Derecho.

Fuente de imagen: El País.