Gerard V. Bradley. Catedrático de Derecho Constitucional en University of Notre Dame, donde dirige el Natural Law Institute y coedita el American Journal of Jurisprudence. Doctor en Derecho por Cornell University.
Traducción e interpretación por:
Tras recibir más de 2.500 páginas de información y después de más de medio año de reflexión tras los alegatos, la Corte Suprema ha emitido una decisión que deja a la libertad religiosa en un estado confuso y vulnerable. Los que cuentan con este Tribunal para defender la Primera Enmienda tienen todo el derecho a sentirse decepcionados, como yo.
Si usted abriese el tomo de 110 páginas que supone el caso Fulton v. Filadelfia1, según la opinión separada del juez Alito, pensaría usted que el Tribunal falló contra los Servicios Sociales Católicos (SSC) por negarse a «certificar» a las parejas del mismo sexo (o a las parejas de distinto sexo no casadas) como padres de acogida cualificados. Su conclusión se vería reforzada al examinar la opinión mayoritaria, que Alito lamenta tan cáusticamente. Entre sus suscriptores se encuentran los jueces Kagan, Sotomayor y Breyer. Seguramente, pensará usted, que estos jueces no se pondrían del lado de la Iglesia Católica en un gran asunto sobre los «derechos de los homosexuales».
Pero tal parecer sería erróneo. El Tribunal decidió por unanimidad a favor de la Iglesia. Fulton v. Filadelfia es un caso singular.
En pocas palabras, no es que los creyentes hayan ganado la batalla, pero hayan perdido la guerra en Fulton. Es más bien que -según Alito (al que se unen los jueces Thomas y Gorsuch)- la victoria en la guerra estaba al alcance de la mano y, sin embargo, fue abandonada.
La «guerra», por supuesto, tiene que ver con el precedente de la Corte Suprema de 1990 sobre la Cláusula de Libre Ejercicio (Primera Enmienda), Oregon v. Smith. El Tribunal concedió su revisión en el caso Fulton para decidir si lo anulaba. Smith recortó drásticamente la práctica judicial, iniciada en 1963, de considerar más liberalmente las «exenciones» de los requisitos legales que suponen una carga para el ejercicio de la religión. (Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que un soldado judío pueda llevar la cabeza cubierta en disconformidad con el uniforme estándar). Desde entonces, por varios motivos, Smith ha sido criticado amargamente por una coalición de académicos, legisladores y creyentes, mayoritariamente, porque perjudica a la libertad religiosa.
La cuestión se abordó principalmente en Fulton, pero con dos fundamentos diferentes en las dos opiniones concurrentes. La mayor parte del esfuerzo de Alito fue un ensayo histórico de 77 páginas en apoyo de esta conclusión: «Sobre la base de … pruebas sobre la comprensión original del derecho de libre ejercicio, el caso Smith no logra superar la lectura más natural del texto». En otra parte de Fulton, argumentó que esta lectura «natural» era la práctica más liberal abandonada por Smith.
No creo que Alito tenga razón en cuanto a la comprensión original sobre la Cláusula del Libre Ejercicio. Generosamente, citó él dos veces un artículo mío que argumentaba en contra de su posición. Aun así, llevó consigo a los jueces Thomas y Gorsuch, pero a nadie más.
La jueza Barrett escribió una concurrencia, a la que se unió Kavanaugh. Barrett escribió que «[s]i bien la historia ocupa un lugar importante en este debate, considero que el registro histórico guarda más silencio que apoyo sobre la cuestión de si la generación fundadora entendió que la Primera Enmienda requería exenciones religiosas a las leyes de aplicación general». Juzgó que los «argumentos textuales y estructurales contra Smith son más convincentes». Sin embargo, estos dos jueces se negaron a decidir el destino de Smith porque no veían claro qué lo sustituiría.
Por lo tanto, parece que hay cinco jueces dispuestos o fuertemente inclinados a anular Smith en algún momento. Esa es una gran noticia. Y podría llegar pronto. El juez Gorsuch escribió en su concurrencia sobre Fulton: «Smith cometió un error constitucional. Sólo nosotros podemos arreglarlo. Esquivar la cuestión hoy garantiza que se repita mañana. Estos casos seguirán llegando hasta que el Tribunal reúna la fortaleza para dar una respuesta.»
La opinión de la mayoría parecía dispuesta a abordar la cuestión de Smith en un punto inicial. Roberts escribió que las «acciones de Filadelfia gravaron el ejercicio religioso de los SSC al obligarlos a reducir su misión o a certificar a parejas del mismo sexo como padres de acogida, en violación de sus creencias religiosas». No obstante, la mayoría decidió el caso en relación a, en lugar de, contra Smith.
Roberts, en representación de seis jueces: «Este caso queda fuera de Smith porque el Ayuntamiento ha gravado el ejercicio religioso de los SSC mediante políticas que no satisfacen el requisito de umbral [establecido por Smith] de ser neutrales y de aplicación general». Aquí, Filadelfia ya había (según la mayoría) «creado un mecanismo de exenciones individualizadas». Y cuando existe un sistema de este tipo, «el gobierno no puede negarse a extender ese sistema a los casos de privaciones religiosas sin una razón convincente», como hizo Filadelfia.
Fulton será reportado sin aliento y estudiado y diseccionado por lo que presagia sobre Smith. Esto es comprensible, aunque es especulativo. Pero hay dos puntos importantes sobre la libertad religiosa afirmados por todo el Tribunal en Fulton que no implican ninguna especulación. Cada uno de ellos trasciende los hechos de Fulton. Ambos son significativos más allá de lo que el Tribunal haga, eventualmente, respecto de Smith.
El primer punto, establecido por Roberts: En opinión del Ayuntamiento, escribió, «la certificación sólo refleja que los padres de acogida satisfacen los criterios estatutarios, no que la agencia respalde sus relaciones. Pero los SSC creen que la certificación equivale a un aval». El Tribunal adoptó esa conclusión, evidentemente, basándose en las convicciones de los SSC. Este es un gran paso en la dirección correcta para la libertad religiosa. Los nueve jueces (suponiendo con seguridad a Thomas, Gorsuch y Alito) dicen, en un caso de guerra cultural al rojo vivo, que la consideración de un creyente de que un juicio de valor está en juego en la relación legal, frente a un oponente que insiste en que es una cuestión de criterios neutrales, si no tecnocráticos o seculares, será materia a resolver por el Tribunal.
El segundo punto, también expresado por Roberts, se refiere al «interés del Ayuntamiento en la igualdad de trato de los futuros padres de acogida y de los niños adoptados». A continuación, el análisis jurídico pertinente plantea la cuestión: ¿Es éste un propósito estatal «imperioso» -y, por tanto, casi insuperable? El Tribunal respondió: «No dudamos de que este interés sea de peso, ya que «nuestra sociedad ha llegado a reconocer que las personas y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como parias sociales o como inferiores en dignidad y valor»». Sin embargo, «en los hechos de este caso», este «interés no puede justificar que se niegue a los SSC una excepción para su ejercicio religioso». «De peso» pero no «imperioso». No es una generalización muy audaz («los hechos de este caso»). Pero, especialmente, a la luz de la propia insistencia de la Corte Suprema en el caso Obergefell, de que los matrimonios del mismo sexo se libren de cualquier rastro de un juicio moral adverso transmitido por o a través de una acción legal, es sin embargo un presagio bienvenido.
Incluso si los jueces Kagan, Breyer y Sotomayor las hubiesen considerado como concesiones necesarias para evitar que se formara una mayoría que anulara a Smith, estas dos proposiciones son, pese a todo, Derecho.
Publicado originalmente en inglés en First Things.
