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¿Los comunicados en los portales web de entidades de la Administración Pública son jurídicamente vinculantes?

Por José Castillo Hernández, asociado de García Sayán Abogados. En el marco de la Emergencia Sanitaria dictada por el Gobierno, diversos Ministerios y entidades públicas[1] empezaron a emitir una serie de comunicados, a través de sus respectivos portales web, en su intento por suplir las deficiencias normativas de los Decretos Supremos y Decretos de Urgencia, emitidos por el Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, la SUNAFIL, el OSINERGMIN, el OEFA, ciertos Ministerios e incluso municipalidades[2], publicaron en sus portales web, comunicados suspendiendo: (i) la atención al público y mesa de partes, (ii) actividades de asistencia masiva, (iii) todos los plazos administrativos, sin excepción y (iv) el cumplimiento de obligaciones[3] durante el Estado de Emergencia, entre otras disposiciones. A raíz de lo

¿Ad portas de una nueva era?: La digitalización de la constitución de empresas

Por Omar Valle Vera, asociado en CMS Grau, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de postgrado en la Universidad ESAN y en la Universidad Complutense de Madrid. No cabe duda que uno de los principales efectos del COVID – 19 es el distanciamiento social obligatorio, restricción que, probablemente, se mantendrá vigente por un largo tiempo (incluso luego de terminada la cuarentena). Ante esta situación, en el ámbito jurídico, muchos de los trámites legales que se realizaban presencialmente y que demandaban la presentación de documentos en físico, están convirtiéndose en trámites virtuales y electrónicos, dando paso a la tan ansiada innovación digital. En el Derecho Corporativo, uno de los principales trámites (sino el más importante) es la

¿Es tiempo de reinventarse? Principales modificaciones normativas para la obtención de licencias de funcionamiento

Por Raúl Alonso Maguiña Quiroz, asociado del área Inmobiliaria, Adquisición y Saneamiento de Tierras de CMS GRAU, y Marco Herrera Arteaga, asistente Legal de la misma área y estudio 1. Introducción Desde la aparición del COVID-19 en el mundo, ha traído grandes consecuencias en las actividades económicas que se venían desarrollando en diversos sectores como: salud, turismo, comercio, vivienda, entre muchos otros. Originando ello, que diversos comerciantes y empresarios frente a la situación tan dura por la cual está atravesando el Perú, tengan que reinventar sus negocios, a fin de afrontar las repercusiones económicas que ya está generando la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir. Un claro ejemplo de ello es la cadena de «Panaderías y Pastelerías San Antonio’’, el restaurante cevichería “La

Seguridad jurídica y contratación digital inmobiliaria: planteamientos y retos del tráfico inmobiliario post- cuarentena

Por Naoky Ccallo Paredes, practicante del Área Inmobiliaria del Estudio Rubio Leguía Normand No es una novedad afirmar que la pandemia originada por el COVID-19 viene causando serios estragos en la gran mayoría de sectores de la economía.  En el sector inmobiliario, por ejemplo, el impacto ha sido considerablemente alto. Se estima que hasta la actualidad habrían más de 1900 proyectos de construcción de vivienda paralizados, lo que impediría la colocación de aproximadamente 36000 unidades inmobiliarias[1]. Del mismo modo, la paralización de la actividad de construcción habría afectado a casi un millón de trabajadores (que depende directa o indirectamente del sector), agravando aún más la situación. Con todo ello, y conscientes de la importancia que tiene el sector inmobiliario en

Naturaleza jurídica de las remuneraciones devengadas en la ley sobre el derecho de autor: ¿indemnización de daños o enriquecimiento injustificado?

Por Ricardo Geldres Campos, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asociado de DLA Piper Perú. Los artículos 193° y 194° de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo Nº 822, disponen que “la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente”. Asimismo, se establece que “el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación”. Las normas citadas regulan el remedio[1] de las remuneraciones devengadas a favor del titular del derecho de autor contra quien explota el mencionado derecho

Descentralización: una reforma que necesitamos repensar

Por Vicente Vásquez Valqui, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El Perú parece ser el país de las reformas eternas. Cada crisis, indistintamente de su naturaleza, se presenta como la oportunidad idónea para reflexionar acerca del diseño de diversos sectores. Ocurrió, por ejemplo, cuando el descubrimiento de los escándalos de corrupción Lava Jato y Lava Juez, derivó en un debate nacional sobre las reformas política, judicial y electoral, de las que hasta el momento se ha avanzado muy poco. La actual crisis mundial, generada a raíz del coronavirus (COVID-19), ha colocado la atención de nuestros políticos y ciudadanos, sobre todo, en las reformas de salud y laboral, esta última, a su vez, vinculada

“Tenemos derecho a vivir”: una mirada a las penas alternativas en el Perú

Por Flavia Martínez Tarazona y Marjorie Salvador Chávez, estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP y asociadas extraordinadoras de THEMIS 1. Introducción El martes 26 de mayo, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) declaró, acertadamente, la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” respecto a la crítica condición de hacinamiento en nuestros establecimientos penitenciarios de muchos años y que hoy tiene mayor atención por la pandemia del COVID-19. Esta decisión fue el resultado de una demanda de hábeas corpus interpuesta por un interno del Establecimiento Penitenciario de Tacna, como consecuencia de las precarias condiciones del penal y a la indiferencia de sus autoridades para la adopción de las medidas necesarias de mejora. Adicionalmente, el TC exhortó al Ministerio de

Para la UCI no hay edad: criterios para un acceso sin discriminación a la atención médica en tiempos del COVID-19

Por María Fernanda Caparó y Kerli Solari alumnas del último ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex integrantes de THEMIS Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible [1] Corren tiempos difíciles en el país: en menos de tres meses las cifras de contagio de COVID-19 han superado los 120 mil casos, situación que ha generado el colapso de nuestro sistema de salud [2]. En este contexto, el pasado 17 de mayo, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Velarde, anunció que ya no se permitiría el ingreso de adultos mayores a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según Velarde, la adopción de esta medida responde a que el pronóstico de recuperación de este

Precisiones para la reanudación de actividades en el sector construcción

Pedro Pablo Castañeda D’Brot, abogado especialista en Derecho Inmobiliario. En los últimos días, el Gobierno ha emitido diversas normas y lineamientos para la reanudación de actividades económicas. El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM ha establecido que la reanudación de actividades se llevará a cabo en cuatro fases. Dicho Decreto solo especifica las actividades incluidas en la Fase I y faculta a los sectores a ir incluyendo y priorizando actividades económicas en las siguientes fases de la Reanudación de Actividades, previa opinión favorable del Ministerio de Salud.  En ese sentido, el Gobierno ha dado un avance dando pautas para reanudar las actividades económicas. Sin embargo, por el apuro, ha ido modificando y dejando sin efecto algunas medidas y no ha terminado de

El proceso contencioso administrativo y la “nueva normalidad”

Por Laura Castillo Mego, abogada asociada del área de Litigios y Arbitrajes del Estudio Rodrigo, Elías y Medrano En las últimas semanas, el Poder Judicial ha emitido normas para la reactivación progresiva de las labores judiciales en el marco del Estado de Emergencia por la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Estas disposiciones se van definiendo cada vez más, con la aprobación de lineamientos para habilitar el trabajo remoto por parte del personal judicial[1] y de proyectos[2], que irán asegurando la prestación del servicio de justicia más allá de los órganos jurisdiccionales de emergencia. En este artículo, destacaré algunos aspectos de la regulación del proceso contencioso administrativo (de conformidad con el T.U.O. de la Ley No. 27584[3] – LPCA) que