Calle Constitución

El pasado 11 de abril, se publicó en la web una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Panamericana Televisión S.A. que no ha sido suficientemente difundida ni analizada (Exp. 04617-2012-PA). El caso fue resuelto por quienes intervinieron en la reciente controversia con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En virtud de dicha sentencia, Panamericana ya no debe pagar a la SUNAT más de 100 millones de soles. ¿A través del amparo se puede «olvidar» la deuda tributaria de una empresa? Hagamos un recuento de esta increíble historia, cuyo capítulo final debería ser revisado.

El racismo en el fútbol es un tema recurrente. Los cánticos, chillidos, insultos y comentarios de índole racista son cosa de todas las fechas. Los comportamientos racistas de la hinchada muchas veces se pierden en el anonimato de la masa y son justificados por la “pasión del fútbol”. Lo que es peor, las organizaciones de fútbol y la justicia suelen ser indolentes con este tipo de agresiones. Hace poco Kevin Constant fue reprendido por el Milán y por la FIFA por abandonar el campo al recibir insultos racistas. Pero, los comportamientos racistas en el fútbol no son una consecuencia de la euforia, sino que reflejan un pensamiento que trasciende en la sociedad. Entonces, ¿cómo reaccionar?

Desde el inicio de nuestra vida republicana los textos constitucionales han señalado que la religión oficial es la católica con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Así lo dispuso la primera Constitución peruana de 1823. Esta ausencia de tolerancia religiosa recién cambiaría, a nivel normativo, con la reforma constitucional de 1915. Ello puede explicar su activa presencia en la vida política, social y cultural del país, la cual se vio fortalecida con la celebración del Concordato –un tratado que sigue vigente- con el gobierno militar en julio de 1980. Así como a fines del siglo XIX el pensamiento religioso se opuso al matrimonio civil hoy se opone al Proyecto de Ley del congresista Bruce que regula las uniones civiles. A veces es bueno recordar el pasado.

El arzobispo Juan Luis Cipriani ha regresado al ojo público proponiendo realizar un referéndum para decidir sobre la unión civil y el aborto terapéutico (que es legal en nuestro país). Felizmente en los últimos días se han publicado diversos artículos que han ridiculizado esta propuesta; y es que los derechos y libertades no pueden ser decididos por la mayoría. Sin embargo, llama la atención la legitimidad de la iglesia católica para intervenir en políticas públicas del Estado. ¿No se supone que somos un Estado laico?

«¡Jueces pro terrucos!». «Juez le pone el parche a Alan». «La justicia traicionó a Nolasco». La relación entre el periodismo y el sistema de justicia suele ser tensa, con acusaciones del último de incomprensión y presión interesada hacia sus integrantes. Y es que los hombres de prensa evalúan y exhiben ante la comunidad la labor realizada por jueces y fiscales en los casos que por materia o personas involucradas resultan notorios. Ello incluso se plasma en juicios paralelos o «mediáticos» donde se denuncian, investigan y resuelven crímenes, «sentenciando» a los responsables.

Ayer 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que adoptara medidas cautelares en favor de Gustavo Petro Urrego, político que fuera elegido Alcalde de Bogotá a fines del 2011, quien había sido separado del cargo e inhabilitado en sus derechos políticos por 15 años mediante una decisión administrativa adoptada y ratificada por la Procuraduría General de la Nación, órgano que en Colombia tiene facultades de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos.