«Es claro que es necesario, en aras de la seguridad jurídica, que exista una compatibilización de criterios respecto a la constitucionalidad o no de una norma, en especial si se toma en cuenta que esta no es una tarea sencilla, pues implica el análisis del bloque de constitucionalidad y la interpretación de las disposiciones normativas pertinentes»
Por Alberto Cruces Burga, profesor de Derecho PUCP, consejero del estudio Eguiguren & Grández, ex adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo; Jessica Vásquez Grández, bachiller en Derecho por la PUCP y asistente de docencia de la Clínica de Derecho Constitucional Económico de la PUCP; Miguel Rosas Ramírez, bachiller en Derecho por la PUCP y asistente de docencia de la Clínica de Derecho Constitucional Económico de la PUCP; Ximena Palomino Linares, egresada de la Facultad de Derecho PUCP y asistente de docencia de la Clínica de Derecho Constitucional Económico de la PUCP; e Isabel Almeyda Espinoza, estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y asistente de docencia del Curso Sistema de Justicia y Fundamentos del Proceso. El año
Por Gonzalo López de Castilla, Estudiante de octavo ciclo de Derecho en la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional La crisis política e institucional que el país atraviesa actualmente se debe a una multiplicidad de factores, algunos de los cuales tienen relación con las disposiciones de la parte orgánica de la Constitución, especialmente aquellas que regulan las interacciones entre los poderes del Estado. Si bien ciertas figuras han sido ampliamente debatidas en tiempos recientes con miras a posibles reformas —como la vacancia por incapacidad moral, la cuestión de confianza y la disolución del Parlamento—, no ha sucedido lo mismo con la moción de censura, una prerrogativa del Congreso de la República que, pese a formar parte de nuestro modelo político histórico,
Por Fabiana Orihuela Silva, Especialista en legislación racional por la Universidad de Girona. Becaria del Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova, con estudios concluidos. Especialista en derecho procesal constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 5 de octubre de 2022 se publicó la Ley 31583 que modificó diversos artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC). Entre ellos, se modificó el artículo 42 que versa sobre la competencia jurisdiccional en los procesos de tutela de derechos, estableciendo nuevos[1] supuestos en los cuales las salas constitucionales[2] de las cortes superiores del Poder Judicial
Por Estephany Ximena León Rodríguez. Bachiller en Derecho por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional. La decisión histórica recaída en el caso Roe v. Wade, establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, es una de las más debatidas en los espacios jurídicos de todo el mundo. Es por este motivo que fue una sorpresa recibir la noticia de que la actual Corte Suprema de los EUA pretendería revocar esta decisión mediante el establecimiento de un nuevo precedente. La polémica noticia se dio a conocer el pasado dos de mayo en la plataforma de noticias “Politico”, donde se publicó un artículo en el cual se anunciaba que, de acuerdo al proyecto de opinión en mayoría redactado por el
Por Alejandro Silva Cárdenas, bachiller en derecho por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional El pasado 4 de abril, el Gobierno de Pedro Castillo publicó un Decreto Supremo que prorrogaba el Estado de Emergencia Nacional e imponía, entre otras cosas, un toque de queda desde las 2:00 a las 23:59 del día siguiente. Varias instituciones de la sociedad civil rechazaron la medida por considerar que atentaba contra los estándares constitucionales en materia de estados de excepción. Si bien la inconstitucionalidad era manifiesta, diferentes voces empezaron a proclamar la “desobediencia civil”. En el presente artículo se pretende indagar si la inconstitucionalidad de una norma es un argumento suficiente para sostener que la misma no debe ser obedecida. Estado de Emergencia:
Por Jonatan Marcés Everness, abogado por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional. En noviembre de 2020, el Congreso de la República vacó a Martín Vizcarra y asumió el despacho presidencial Manuel Merino. Para el grueso de la población, el gobierno de Merino fue ilegítimo por cuanto detrás había un proyecto que pretendía copar instituciones. Para algunas personas, si bien podían coincidir con dichas razones, estas no eran suficientes para cuestionar el gobierno de Merino por cuanto eran exclusivamente políticas. Para ofrecer una salida jurídica, se argumentó que el gobierno de Merino era ilegítimo porque la vacancia de Vizcarra fue irregular por alguna -o ambas- de dos razones: (i) porque la causal de vacancia por permanente incapacidad moral fue indebidamente
Por Alberto Cruces, abogado y magíster en Derecho Constitucional, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y Raúl Feijóo, abogado por la PUCP y asociado del Área de Solución de Controversias del Estudio Payet, Rey, Cauvi Pérez Abogados El año 2021 en el Tribunal Constitucional estuvo marcado por la segunda ola del Covid-19 y el fallecimiento del magistrado Ramos, sensible pérdida para un Tribunal que estuvo cerca de ser renovado a mitad de año. Entre las tendencias jurisprudenciales encontramos dos que vale la pena reseñar. La primera, es la presencia de una serie de casos que se desprenden de la insólita actividad del Congreso de la República que en un periodo
Por Alejandro Silva Cárdenas, bachiller en Derecho por la PUCP y Coordinador de Comunicaciones de Perspectiva Constitucional. Introducción El pasado 27 de octubre, la Comisión Especial de Selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional publicó la relación de los 78 postulantes que presentaron sus carpetas de inscripción. Se reinicia así, desde cero, un procedimiento que estuvo lleno de controversias y que generó diferentes posiciones sobre los límites del control judicial y la existencia de cuestiones políticas no justiciables. En este artículo se hace un resumen de los principales estándares constitucionales que rigen la elección de magistrados del TC y se repasa las críticas que tuvo la actuación de la Comisión anterior, para concluir
Por Jonatan Marcés Everness, abogado por la PUCP. Es común escuchar a abogados y estudiantes de derecho repetir que ‘no hay zonas exentas de control constitucional’ al punto que esta frase se ha convertido en uno de los dogmas del constitucionalismo liberal. A pesar de la aparente aceptación y simpleza del dogma (el poder debe estar sometido a la constitución), cada tanto aparecen situaciones que evidencian cierta tensión respecto al contenido y los alcances del dogma o que son aprovechadas para cuestionarlo. El procedimiento de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional y el nombramiento del gabinete Bellido fueron unas de esas situaciones. El procedimiento de elección de magistrados y el nombramiento del gabinete Bellido fueron controversiales por razones que
