Editorial ED

Hace aproximadamente una semana, las polémicas declaraciones del ex presidente Alan García Pérez, sobre la implementación de la pena de muerte para criminales protagonizaron las primeras planas de algunos medios. A raíz del deleznable asesinato del hijo del burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, García se mostró fervientemente a favor de esta medida, lo que propició inmediatamente el rechazo por parte de autoridades como el Ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Ciertamente, no pretendemos ahondar mucho en un tema que consideramos ya zanjado. Lo que sí, creemos es importante señalar algunos aspectos que todo ciudadano debe tomar en cuenta a fin de evitar peligrosos apasionamientos que ofusquen nuestra capacidad de razonar. Desde esta tribuna nos encontramos en contra de una condena como tal por los motivos a señalar.

Actualmente en diversos países del mundo podemos apreciar un amplio debate sobre el reconocimiento y protección de los derechos de los homosexuales, en miras de revertir la histórica segregación que afecta gravemente a estas personas en el libre desarrollo de su personalidad. Evidentemente, esta controversia varía según la coyuntura de cada país y por ende existen numerosos sistemas jurídicos que regulan de forma muy distinta este asunto. Un caso reciente es la nueva legislación que planea implementar Uganda, país ubicado en África del Este, donde el 20 de diciembre del año pasado el Parlamento emitió un proyecto de ley que sanciona las relaciones homosexuales con una pena de 14 años de cárcel e incluso impone cadena perpetua en su “modalidad agravada”. Esta iniciativa aún no es aprobada por el presidente Yoweri Museveni, pero como era de esperarse ya ha recibido diversas críticas por parte de la comunidad internacional. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial abordaremos este tema a partir de un análisis político y jurídico de la situación para finalmente reflexionar sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de medidas y la necesidad de erradicarlas.

“Vamos a luchar con toda la fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras. Ladre quien ladre compañeros”. Así se expresó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sobre el dibujo publicado por el conocido caricaturista Xavier Bonilla, mientras emitía su tradicional programa televisivo «Enlace Ciudadano». Días después, «Bonil», como es comúnmente conocido, afrontaba una investigación dirigida por la Superintendencia de Información y Comunicación quienes lo acusaban de apoyar una supuesta «agitación social» que deslegitimaba a la autoridad. Las imágenes muestran el allanamiento sufrido por el asesor político, Fernando Villavicencio, quien supuestamente habría sido acusado de “hackear” correos presidenciales. Sin embargo, el detonante que encendió la cólera del presidente, fue que este personaje, que ‘causalmente’ meses atrás publicó una investigación sobre las redes de corrupción petrolera entre el Ecuador y otros países, aparecía como una víctima del allanamiento por parte de la Policía y Fiscalía quienes confiscaban las denuncias de corrupción que éste teóricamente guardaba en su hogar. Bonil fue obligado a rectificarse, lo que inmediatamente, desató una polémica en torno al tema de una libertad de expresión coartada en el país vecino.

Hace unas semanas, varios medios de comunicación denunciaron un caso de discriminación en la playa de Naplo. Las imágenes mostraban una soga que dividía la playa e impedía que los no residentes ingresen, creando una suerte de “zona privada” resguardada por vigilantes. En su defensa, los residentes intentaron –fallidamente- justificar el hecho aduciendo era un tema de limpieza, pues los visitantes ensuciaban la playa que ellos tanto se esforzaban en mantener limpia. Como éste, salieron a la luz otros casos que dieron cuenta de una realidad que tristemente se da en las mal llamadas playas privadas. En hora buena, su difusión propició el que la Defensoría del Pueblo se pronunciara no sólo sobre la actitud de los ciudadanos, sino frente a la inacción de las autoridades competentes en velar por que ello no suceda. Y es que detrás de este caso, no sólo es preocupante el tema de la discriminación, sino otro del cual existe gran desconocimiento. Nos referimos al de las playas como espacios de dominio público y el derecho de todo ciudadano al libre tránsito (art.2-11).

El pasado lunes se promulgó la Ley No. 30151, cuya modificación del artículo 20, inciso 11, del Código Penal ha generado gran polémica. Quienes defienden la ley consideran se trata de una medida necesaria debido al sinnúmero de juicios considerados “injustos” a policías y militares que al momento de defenderse han hecho uso de armas distintas a las reglamentarias. Por el contrario, quienes la consideran innecesaria sostienen que nuestro ordenamiento jurídico ya prevé este tipo de situaciones. Somos partidarios de esta última postura; pero además, consideramos que se trata de una medida contraria a disposiciones internacionales, insuficiente por sí sola, y un peligro para derechos fundamentales como la vida e integridad humana.