Editorial ED

Desde hace unas semanas, los peruanos venimos disfrutando del evento mediático más grande del mundo y presenciando los diversos partidos que nos trae el mundial Brasil 2014. Y es que, a pesar de no tener a nuestra selección clasificada, el fenómeno del futbol ha llegado a acaparar toda nuestra atención, generando que las noticias más leídas sean las relacionadas a este deporte y provocando que todos los medios de comunicación le otorguen una cobertura especial a cada suceso de la Copa del Mundo. No obstante, si bien todos disfrutamos de estos acontecimientos, el escenario puede tornarse perjudicial si tomamos en consideración los importantes cambios y medidas políticas que se vienen realizando las últimas semanas debido al final del hemiciclo de nuestro Congreso. Así, situaciones como la aprobación del primer informe de la Megacomisión, la Ley Universitaria y la nueva legislación económica presentada por el “paquetazo”, transcurren sin tener un espacio adecuado de deliberación entre los miembros de la sociedad civil. En razón a esto, en el presente editorial analizaremos y buscaremos informar sobre uno de los puntos más polémicos del último de estos acontecimientos: el “paquetazo” de medidas económicas y sus implicancias en la regulación ambiental.

Esta semana, el Pleno del Congreso aprobó la suspensión por 120 días sin goce de haber de dos de sus congresistas. Con 72 votos a favor, el congresista fujimorista Julio Gagó fue sancionado por el caso Copy Depot, empresa a través de la cual habría infringido la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe a los congresistas venderle al sector público. Los indicios sobre el caso son tales que incluso se habla de la comisión del delito de falsedad genérica, supuesto que provocó la remisión del caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, con 60 votos a favor, la congresista oficialista Cenaida Uribe fue sancionada por el caso Punto Visual, empresa publicitaria de propiedad de Alberto Luis de Azambuja, presunta pareja de la parlamentaria, en donde Uribe habría ejercido tráfico de influencias al presionar al director del colegio público Alfonso Ugarte, Lizandro Quispe, para favorecer la contratación de dicha empresa. Pero, ¿qué tienen en común estos dos casos? Al parecer, ambos congresistas habrían utilizado su posición política para satisfacer intereses propios, configurándose así un conflicto de intereses. Dicho ello, el presente editorial estará dedicado al análisis de esta figura.

La próxima semana (miércoles 4 de junio) se inaugura la primera fase del Lugar de la Memoria (LUM), donde se pondrá en funcionamiento el auditorio y abrirán los espacios públicos. Más allá del impecable trabajo arquitectónico, merece especial atención el significado detrás de la obra cimentada en un distrito que experimentó solo algunas de las tantas manifestaciones del conflicto armado interno que, apenas arribado a la capital forzó voltear miradas que por tiempo estuvieron de espaldas a una triste realidad al interior del país. Sobre esta iniciativa no debemos olvidar que además, constituye un deber del Estado para con los ciudadanos, y especialmente con las víctimas, el de crear un espacio dedicado a difundir las causas y consecuencias de este profundo drama nacional para evitar que ello vuelva a suceder. Así, a propósito de este evento, en el presente editorial buscaremos exponer el trasfondo y los efectos de una iniciativa que precisamente, quiere evitar que tropecemos en el círculo vicioso del cuento repetido porque solo “aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”.

El mes de abril ha sido una faena para el sistema de justicia. Primero fue el Ministerio Público con la polémica elección del Fiscal Supremo, y ahora es el turno del Poder Judicial con el recurso excepcional de revisión que ha presentado la defensa del ex-presidente Alberto Fujimori para buscar la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de pena privativa de la libertad por autoría mediata de los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros. Todo esto en razón de que habría una “contradicción” en las decisiones del Poder Judicial, ya que en la sentencia del 20 de marzo de 2013, se impuso esta misma condena de autoría mediata al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a otras personas, por lo cual se habría concluído que los verdaderos autores de las matanzas habrían sido estos últimos y no Fujimori. Si bien el planteamiento resulta polémico, acá no acaba el meollo del asunto, pues la Sala designada para definir esta controversia es la del conocido y polémico magistrado Javier Villa Stein. Como era de esperarse, durante la semana distintas organizaciones han alzado la voz y han solicitado que el cuestionado juez se inhiba del caso por no garantizar la imparcialidad que requiere todo proceso judicial. Dada esta coyuntura y debido a la importancia del tema, en el presente editorial analizaremos la controversia para reflexionar sobre la importancia del principio de imparcialidad y las consecuencias que puede ocasionar su afectación en el presente proceso.